blogeditor · 19 de junio de 2020
El Quemado es un pueblo de unos ochocientos habitantes ubicado en la sierra de Guerrero. La población es casi toda gente mayor, infantes y jóvenes en edad escolar; el resto ha migrado a ciudades como Lázaro Cárdenas o Acapulco para trabajar como obreros o empleados. Algunos otros han ingresado a las filas de las fuerzas armadas. Es terrible que los campesinos desposeídos sean quienes se vean obligados a participar de una economía de la muerte –en contextos rurales, la guerra es una de las pocas vías para tener un salario, educación o seguro médico—; sin embargo, es aún peor que la única manera de escapar de la pobreza sea formando parte de las instituciones que torturaron y desaparecieron a tus padres o abuelos.
La gorra sucia, le llaman juguetonamente los estudiantes de secundaria de la localidad que no conocieron el proceso de represión política que tuvo lugar en la población de El Quemado, inició en 1972 y no paró hasta 19761. Una mañana de septiembre, una comitiva de elementos del ejército mexicano ordenó a los varones del pueblo que se reunieran en la escuela local. En pocos días, prácticamente todos los hombres del pueblo –ya fueran adolescentes, jóvenes o ancianos— fueron aprehendidos. Los soldados convirtieron las aulas en un centro de detención y tortura que resguardaba a más de noventa personas. Acusaban a los campesinos de ser aliados de Lucio Cabañas, un líder guerrillero que defendía la redistribución de la riqueza y la abolición de los cacicazgos, quien semanas atrás había orquestado una emboscada que culminó en la muerte de dieciocho soldados.
Victoriano, uno de los sobrevivientes, cuenta: “…nos metieron a esa casa (la escuela), ahí nos amarraban. Nos amarraban de pies y manos, nos vendaban. Y ya ahí nos trataban malo”. Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a un cuartel improvisado en Atoyac de Álvarez. De acuerdo a Victoriano: “…ahí estuvimos peor. Al menos yo estuve dieciocho días amarrado ahí (…) Estaba sucio, había gusanos. No, hombre, muy muy mal (…) Luego, (nos daban) puñetazos”. Los militares recurrían a la tortura para obligar a los campesinos a responsabilizarse por la emboscada mencionada antes. Después, algunos de ellos fueron trasladados a diversos centros penitenciarios de Acapulco. No todos llegaron. Algunos no resistieron la tortura. Así lo relata Sergio: “hubo hombres que se murieron de los golpes, por ejemplo, el señor Ignacio Sánchez, (a él) lo golpearon bien feo”.
Las mujeres y los niños que permanecieron en El Quemado se enfrentaron a la ocupación militar. Las cosechas y el ganado se perdieron. Parte de los alimentos que llegaban a la localidad eran confiscados por el ejército con el argumento de que alimentaban a los guerrilleros. Margarita recuerda: “sufrimos (…) con las crías, no había qué comer (…), quedamos todas las mujeres tristes pues, llorando pues, sin nada, estábamos bien pobres, no teníamos trabajitos, no teníamos nada, yo me quedé con cuatro niños y una en barriga”. La falta de dinero y el asedio militar crearon condiciones trágicas. Claudia señala: “a los seis meses (de la detención de los varones del pueblo) se me murió (…) mi niño. Se murió como de disentería, aquí lo curaban de otra cosa, pero no estaba bien atendido y no lo llevé al doctor porque no había modo ¿quién me daba dinero para llevarlo? Pues nadie y con los soldados aquí”.
Aunque en 1976 la mayor parte de los detenidos regresaron, el pueblo nunca fue el mismo. Algunos murieron pocos años después por lesiones derivadas de la tortura militar; otros se volvieron personas profundamente atormentadas. El daño económico fue, igualmente, incalculable. Epigmenio, hijo de uno de las víctimas directas de tortura y desaparición forzada temporal, reflexiona: “mi familia económicamente, se acabó… digamos teníamos una forma de vida más o menos bien ¿por qué? Porque tenía huertas de café, de mango, tenía mi ganado y, sí, no éramos ricos, pero teníamos una manera, por decir, honesta, bien de vivir. Siempre había de comer, siempre había abundancia, teníamos queso, frijoles, pero sucedió esto y se vino abajo todo, se vinieron abajo nuestros planes, mi padre ya no trabajó, se perdió el ganado, (…) le daba miedo salir, él se traumó, se perdieron cosechas, se perdieron muchas cosas, nosotros, la familia se desintegró”.
Durante décadas, las injusticias cometidas contra la gente de El Quemado fueron ignoradas. Sin embargo, en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) tuvo lugar la apertura de archivos del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de la llamada guerra sucia y la creación de una comisión de esclarecimiento de los eventos del pasado2. A partir de entonces, la historia de El Quemado comenzó a ser relativamente conocida como un caso emblemático de represión política. Estos esfuerzos fueron un primer avance en el esclarecimiento de la violencia de Estado3. Posteriormente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), una institución especializada en la asistencia de víctimas de violaciones de derechos humanos, tomó el caso. Una de las funciones de la CEAV es implementar mecanismos de reparación integral del daño, lo cual incluye compensación económica, aunque también contempla atender necesidades de salud, educación o asistencia social a personas que hayan sufrido daño deliberado. En 2018, mientras la institución estaba al mando de Jaime Rochín, la CEAV adquirió el compromiso de llevar a cabo un plan de reparación integral que incluía indemnización económica, proyectos de desarrollo económico y de creación de infraestructura con el objetivo de beneficiar a las víctimas de El Quemado.
A la fecha, el plan de reparación integral no se ha completado. Las víctimas de El Quemado, muchas personas de la tercera edad en pobreza crónica, han viajado a Acapulco y a la Ciudad de México una infinidad de veces para gestionar la entrega de la indemnización que, por derecho, les corresponde. Ellos mismos han financiado la mayor parte de estos viajes. Aunque ciertamente la CEAV enfrenta una serie de problemas institucionales, —453 amparos pendientes de resolución que podrían derivar en pagos millonarios, además de enfrentar la reducción del 75% de su gasto corriente—, es su obligación garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación a víctimas. De otra manera, se está incurriendo en un proceso de revictimización al someter a las personas de El Quemado al abuso militar y, ahora, a la violencia institucional. Tal y como señalaríaVictoriano: “no (es) limosna lo que estamos pidiendo, nosotros ni conocimos a Lucio Cabañas”.
Si la administración actual quiere marcar una distancia respecto a la violencia perpetrada durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), debe implementar una política de reparación a las víctimas directas e indirectas de la estrategia de contrainsurgencia. Este gesto es particularmente importante en un contexto como el actual, donde las fuerzas armadas son quienes realizaran tareas de seguridad pública por lo menos hasta el 20244. Adquirir un compromiso institucional con las víctimas del pasado –compensarlas económicamente, difundir su versión de los hechos, castigar a los responsables de las atrocidades y hacer que el ejército mexicano ofrezca una disculpa pública por los actos cometidos durante la guerra sucia— es una manera de demostrar que el Estado y las fuerzas armadas pueden obrar con respeto a los derechos humanos, algo que por ahora resulta difícil de creer.
Los testimonios recuperados en este artículo son parte de una investigación que realizamos con el apoyo de la asociación civil Data Cívica en el marco del Memorial a las Víctimas de la Desaparición Forzada en El Quemado, Guerrero. Dicho proyecto fue coordinado por Sergio Beltrán-García y financiado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Las narraciones citadas son difundidas con plena autorización de las víctimas.
1 El término guerra sucia designa el periodo que va 1968 a 1978. Durante estos años, las fuerzas armadas recurrieron a la tortura y la desaparición forzada como parte de una política de contrainsurgencia orquestada por la Secretaría de Gobernación y los servicios de inteligencia.
2 La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
3 El informe de la Femospp, titulado ¡Qué no vuelva a suceder!, fue objeto de censura. Esto anuló “la posibilidad de pedir cuentas a los responsables de aquellos delitos y de compensar a los parientes de sus víctimas”. Gledhill, Johh (2017). La cara oculta de la inseguridad en México. Ciudad de México: Paidós.
4 Diario Oficial de la Federación (DOF) (11 de mayo de 2020), disponible en línea.