La guerra que nos trajo más guerra
blogeditor · 1 de febrero de 2017
En un hecho sin precedentes, un grupo de académicos revisó más de 35 mil eventos de violencia que incluyen ejecuciones presuntamente cometidas por el crimen organizado, agresiones de la delincuencia organizada hacia la fuerza pública o la población civil, y enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y las organizaciones criminales o de éstas entre sí, todos sucedidos entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011 (sexenio de Felipe Calderón). Los eventos reúnen 47 mil muertes y aquí está la base de datos con toda la información analizada por los investigadores del Programa de Política de Drogas del CIDE y del Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”. La tarea duró cuatro años.
Estamos ante un escándalo de dimensiones descomunales. La evidencia confirma que las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad incrementaron la violencia en lugar de reducirla. La interpretación a profundidad de este hallazgo puede leerse aquí.
El estudio presenta dos hipótesis. Primera: “Las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad acrecientan la fragmentación de los grupos criminales, y ésta incrementa la violencia privada”. Segunda: “Las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad generan retaliación [venganza] de los grupos del crimen organizado y éstas causan un incremento de homicidios de los miembros de la fuerza pública (violencia pública)”.
Sigue la misma fuente: “Nuestro análisis empírico confirma las hipótesis de este estudio. Encontramos que las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad –medidas por el número de miembros de las organizaciones criminales muertos en enfrentamientos- aumentan las ejecuciones de miembros de las organizaciones criminales cuando la fuerza pública no interviene (la llamamos `violencia privada´), en el corto plazo (durante tres meses) y este efecto se amplifica conforme se incrementa la fragmentación de los grupos criminales. Asimismo, el número de miembros detenidos de los grupos criminales muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad incrementa la violencia privada en el largo plazo (durante un año), e igualmente este efecto crece conforme la fragmentación de los grupos criminales aumenta.
“Dicho de otra manera, las estimaciones muestran que las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad tienden a fragmentar aún más a las organizaciones criminales, y que estos cambios producen a su vez más violencia. Además, las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad –medidas por el número de miembros de los grupos criminales asesinados en agresiones y enfrentamientos- fomentan la retaliación de los grupos criminales, con ejecuciones de miembros de la fuerza pública (nos referimos a esta modalidad como `violencia pública´) en el corto (durante tres meses) y largo plazo (dentro de un año). Finalmente, las intervenciones de las fuerzas públicas de seguridad –medidas por el número de miembros de los grupos criminales detenidos en agresiones y enfrentamientos- incentivan la retaliación de los grupos criminales, con ejecuciones de los miembros de la fuerza pública, en el corto plazo (durante tres meses)”.
Reitero, estamos ante un hallazgo sin precedentes, como lo informa el estudio mismo: “ésta es la primera vez que se desagregan y se examinan empíricamente los mecanismos causales con los que se puede explicar cómo lo arrestos o los asesinatos de los miembros de la delincuencia organizada por parte de las fuerzas gubernamentales pueden generar estos incrementos sobre la violencia”.
Pero además de que la violencia generó más violencia, según información apenas publicada con base en el análisis de la misma base de datos, los investigadores del CIDE identifican una actuación sistemática de exterminio de presuntos delincuentes, principalmente a manos de las fuerzas armadas. La respuesta de Felipe Calderón no se hizo esperar y justo hoy el mismo medio da a conocer una carta donde niega tal política de exterminio.
La evidencia importa y, según lo encontrado luego de revisar 3,327 enfrentamientos, 4 de cada diez enseñan “letalidad perfecta”, es decir, solo muertos y ningún herido. Vale recordar que desde el 2011 la investigación académica alertó sobre la desproporción en el número de muertos con relación a los heridos en los enfrentamientos entre autoridades federales policiales y militares y la delincuencia organizada. Cuatro años después los mismos autores presentaron un nuevo monitoreo.
La semana pasada, en el contexto de las audiencias en torno al proyecto de creación de la Ley de Seguridad Interior y justo habiéndose presentado en el Senado de la República los hallazgos asociados a la base de datos referida, se recordó que mientras en los enfrentamientos que involucran a la Policía Federal hay 2.6 muertos por cada herido, en el caso del Ejército la proporción sube a 9.1 y llega hasta 17.3 cuando se trata de la Marina.
La información llega justo cuando más se necesita porque la propuesta de ley de seguridad interior ofrece más intervenciones como las que ya han quedado documentadas, justamente con las fuerzas armadas en despliegue creciente. Ahí está el saldo: más grupos criminales, más violencia y más muertos. Es la guerra que nos trajo más guerra. Ahora la pregunta es si los legisladores creen, como nosotros, que la evidencia en efecto importa.