La Guardia Nacional: ¿un costoso fracaso?

La creación de una Guardia Nacional como fuerza de seguridad pública nacional es el triunfo del centralismo en una serie de debates nacionales: el federalismo y sus defensores fueron derrotados. Por años, políticos y académicos discutieron si el federalismo era el problema central de la seguridad pública. Las razones abundaron: que había descoordinación, que había corrupción local, que los gobiernos locales nunca podían reformarlas lo suficiente. A la par, se discutió incesantemente cómo el Estado mexicano no tenía cobertura territorial. En parte, la crónica debilidad de las entidades respaldó esta visión. El Ejército retomó este debate y le ofreció la solución al presidente con un costo: total autonomía. Uno nunca sabe para quién trabaja, dirían los clásicos.

Todos los partidos políticos acordaron en 2019 que ya se había acabado el régimen del federalismo en seguridad. Todos los partidos políticos acordaron desaparecer a la Policía Federal e integrar a las policías militares (con su propio régimen de mando y seguridad social) a una corporación civil. Esta tarea nunca estuvo escondida, como el comandante de la Guardia Nacional (un militar) ha intentado expulsar a los civiles de la corporación. Una tendencia que inició en los noventa implementada por todos los partidos políticos: un militar terminó dirigiendo la corporación (nada más revisen quienes han sido los jefes de policía de todos los partidos en todos los niveles de gobierno desde los noventa para acá). Lo que sucede hoy, es esencialmente hechura de todos los partidos.

¿Qué sucede hoy? Más allá de las cifras optimistas que tratan de presentarnos a los homicidios como inflación con datos preliminares mes por mes, México está en un plateau (meseta) de alto número de homicidios como pueden ver en la gráfica. Más que en el sexenio de Calderón o el de Peña Nieto. La siguiente gráfica muestra la tendencia. Claramente el aumento no deviene de este gobierno, pero la meseta sí. A la par de las noticias sobre violaciones graves de derechos humanos que siguen ocurriendo, lo único que sabemos es que los últimos 20 años han sido de continuos fracasos. Después de la meseta y las tácticas a las que han recurrido las organizaciones criminales en México en estos días en el norte y bajío del país, parece que la Guardia Nacional se unirá a la lista de fracasos.

La continuidad es la marca de la casa en la política de seguridad pública en México. No hay rompimiento alguno. Más centralización, más militares, más detenciones espectaculares de líderes criminales bajo auspicio de la DEA, más uso desmedido de la fuerza, y políticas de prevención del delito mal diseñadas. Aunque sí era necesario tener una corporación con presencia territorial, su actuar operativo militarizado es el problema. Ningún partido, presidente o funcionario de la guerra contra las drogas está exento de la responsabilidad sobre el costo demográfico y moral de todas las vidas perdidas, las personas violentadas, y las personas encerradas impunemente en nuestras cárceles sobrepobladas. Todo porque el régimen de prohibición de drogas sigue en pie.

El paradójico resultado de la militarización es que la clase política siempre atacó la vía civil y la complejidad de la tarea policial al ofrecer las clásicas soluciones de mano dura. Más oficiales, más patrullas, más estaciones y más cuarteles serán la solución. Creyeron que solo aumentar el tamaño del Estado vía su expresión más bruta sería suficiente. A pesar de su ineficacia y violaciones de derechos humanos, al poner al Ejército y sus prácticas operativas como única alternativa al problema de la seguridad en México frente a las organizaciones criminales, creamos el problema al orden civil que enfrentamos hoy. Le dimos a una institución de hombres armados demasiado poder.

Por eso, el decreto que se anuncia para transferir a la Guardia Nacional la Secretaría de la Defensa Nacional es la consecuencia natural de lo que la misma clase política sembró: los militares ya no quieren que los civiles les manden en las tareas de seguridad pública. A la par de su absorción de tareas civiles vía la austeridad, ahora quieren control absoluto de la seguridad del país. Evadir la construcción de tareas civiles y políticas alternativas con fuerza bruta nos trajo a este riesgoso punto. Uno muy peligroso.

Defender el regreso de los militares a los cuarteles en 2024 y detener el decreto es una tarea vital para la supervivencia del orden civil en México. A la par, este esfuerzo requiere acabar con el paradigma de la cobertura territorial y centralización como bala de plata al problema de la seguridad pública, cuando la situación es más bien táctica y de estrategia. Terminar con la austeridad que transfiere tareas civiles a los militares de una buena vez es imperativo. De no revertir todas estas políticas, el riesgo real que el país enfrenta es que un día los militares decidan quitarse a todos los civiles de encima, más allá de los policiales.

El coctel que enfrentamos es terrible: desigualdad creciente, polarización permanente, riesgos climáticos inminentes que requerirán desplazamiento de miles de mexicanos por el territorio nacional, violencia sin control, corrupción sin límites, y un Ejército cada día más popular. Según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica de INEGI de 2020, el Ejército y la Marina son la institución con más confianza. Le siguen el Instituto Nacional Electoral y la Presidencia. El Congreso está entre las que tienen menos confianza, aún por debajo de la policía. Entiendo que el instinto populista ha llevado a fortalecer esta posición de las Fuerzas Armadas, pero sin control alguno, ambiciones desmedidas pueden surgir.

El costo de esta versión de la Guardia Nacional está ya muy por encima de su incapacidad de detener la violencia o el crimen en México, porque eso depende más de abandonar la tradición táctico militar de la seguridad pública orientada a la prohibición de drogas. Esta orientación ya no solo puede costar vidas. Se puede perder la República. Prefiero ser exagerado a ser cauteloso en esta advertencia. La misma clase política que enquistó este riesgo es la responsable de revertirlo antes de que sea demasiado tarde. Incluidos los civiles en el partido gobernante. Hay que pensar más allá de la próxima elección: pensemos en el orden civil del cual depende que haya elecciones y civiles gobernando. Tiempo de poner civiles al frente de la Guardia Nacional y las Secretarías de la Defensa y Marina. Todos los partidos políticos, como en 2019, pueden llegar a este acuerdo. Tiempo de desmantelar las tácticas del régimen militarizado de prohibición de drogas. Tiempo de pacificar, como en Colombia ya comenzará a suceder.

@rgzepeda