La Guardia Nacional debe hacer frente a la impunidad

Por: Humberto Guerrero

El Senado de la República acaba de aprobar, con modificaciones, el dictamen sobre la Guardia Nacional. Las modificaciones se centraron en convertirla en una corporación policial de carácter civil, contrario a lo propuesto originalmente por la Cámara de Diputados. Sin duda debe celebrarse el viraje que se dio, ya que de haber aprobado la primera propuesta, además de vulnerar nuestro orden constitucional, se hubiera traducido según la evidencia y la historia en una mayor profundización de la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

En el debate legislativo la discusión giró, primordialmente, alrededor del estado actual de la violencia y la amenaza que representan ciertos actores, como el crimen organizado, para la estabilidad de las instituciones mexicanas. Sin embargo, muy poco se habló sobre la crisis de estado de derecho que vive nuestro país y que se manifiesta también en la violencia y la impunidad.

Con quienes impulsaban la propuesta de Guardia Nacional de tipo militar compartimos la conclusión de que vivimos una situación de violencia sumamente compleja, que requiere acciones decididas y medidas extraordinarias, pero no compartimos la solución de la militarización, ya que parte de un premisa dudosa: que las policías naufragaron y se corrompieron ante el poder del crimen y la violencia, pero las fuerzas armadas se han mantenido inmunes.

En realidad, tanto las fuerzas civiles como las militares han sido rebasadas por la violencia, o se han envuelto en la dinámica de la violencia y se han vuelto parte o causa de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, no se trata de situaciones extraordinarias que representan una amenaza para la paz (previstos en la Constitución), sino de ausencia de Estado de derecho. Y en ese sentido, se trata sobre todo de una crisis de impunidad.

Ante esta crisis, a la par de la construcción de la nueva Guardia Nacional de carácter civil es necesario desarrollar un modelo de seguridad que incluya una política criminal de acción contundente de cara a los delitos que han deteriorado la confianza del pueblo en las instituciones: las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y los feminicidios. La investigación y desmantelamiento de la macrocriminalidad que ha permitido la impunidad en estos delitos requiere de investigaciones que identifiquen patrones y las estructuras que le dieron soporte.

Por lo anterior, es necesario que las secretarías del ramo de seguridad se coordinen estrechamente con la nueva Fiscalía General de la República en el proceso de elaboración de una Política Criminal y un Plan de Persecución Penal que fortalezcan las capacidades de las nuevas instituciones, Fiscalía y Guardia, para revertir la impunidad en delitos que tanto han deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones, y para ello la apertura a la asistencia técnica internacional y desde la sociedad civil seguirá siendo fundamental.

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