La gran deuda pendiente

La reciente detención del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Zepeda, por delitos relacionados con el narcotráfico en los Estados Unidos, no sólo debería reavivar los cuestionamientos sobre la pertinencia de que el Ejército participe en tareas de seguridad pública, sino acerca de su responsabilidad como alto mando en los múltiples crímenes graves que se han cometido contra civiles a lo largo del país en el marco de la “guerra contra las drogas”. De ello dan cuenta las diversas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Independientemente de lo que la fiscalía de Nueva York pueda o no probar, lo cierto es que durante el periodo en el que Cienfuegos Zepeda encabezó la SEDENA (2012-2018), la CNDH dirigió 21 recomendaciones a esta Secretaría, que involucraron a 149 víctimas de tortura, desaparición forzada y/o asesinato. Se trata de hechos en los que participaron unidades adscritas a más de la mitad de las regiones militares que componen la estructura de Mandos Regionales de la SEDENA (7 de 12). Dichas recomendaciones incluyen casos tan conocidos como las ejecuciones arbitrarias en Tlatlaya o la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa.

Antes de ser nombrado Secretario de la Defensa, Cienfuegos fue Comandante de la I Región Militar de enero de 2007 a diciembre de 2009, periodo durante el cual la CNDH emitió 3 recomendaciones dirigidas a unidades pertenecientes a dicha región. Posteriormente, de enero de 2010 a mayo de 2011, fue Comandante de la VII Región Militar, instancia que también se hizo acreedora a 4 recomendaciones por violaciones en las que participaron unidades bajo su mando.

Hasta ahora la imputación de cargos a Cienfuegos en Nueva York busca responsabilizarlo por delitos cometidos en detrimento de la población de aquel país: importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana, además de lavado de dinero. Sin embargo, es imposible ignorar que la militarización, los asesinatos, torturas y desapariciones forzadas de miles mexicanas y mexicanos son el resultado de una política prohibicionista y fallida de drogas, y que es precisamente a nombre de esa política que ahora se juzga al exsecretario.

Ahora cabe preguntarse si nuestras autoridades estarán, cuando menos, dispuestas a investigar el asunto, no exclusivamente como un tema de narcotráfico, sino como una deuda de justicia con las miles de víctimas de la violencia en México que encuentran en Cienfuegos a un responsable. No obstante, esa responsabilidad se extiende a todas aquellas autoridades que han orquestado, ordenado, permitido o ejecutado estos crímenes, no sólo dentro del Ejército, sino también desde otras instituciones como la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Policía Federal (PF).

Recientemente, el equipo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) publicó el libro “Entre la brutalidad y la impunidad: Los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada (2006-2018)”, para el cual tuvimos oportunidad de analizar  recomendaciones emitidas por la CNDH entre el 1ero de diciembre del 2006 y el 30 de junio de 2019. En ellas identificamos 301 casos de crímenes graves, que dan cuenta de un total de mil 195 víctimas de tortura, desaparición y/o asesinato a manos de las fuerzas armadas militares y de la policía federal .

A continuación recordamos algunos de los datos presentados en el libro, mismos que dan cuenta de una parte de los saldos que ha dejado el llamado “combate al narcotráfico”:

• Se encontraron 221 casos de tortura documentados en 190 recomendaciones, con un total de 736 víctimas. En estos casos el Ejército fue la autoridad a la que se dirigió el mayor número de recomendaciones que narraban 102 casos de tortura, con 313 víctimas, de las cuales el 53% fueron torturadas en instalaciones militares; seguida de la Policía Federal y la Secretaría de Marina, con 61 y 48 casos respectivamente.
• Se identificaron al menos 613 personas desaparecidas. De estas, 88 fueron desaparecidas en eventos que involucraron a miembros de la SEDENA, 31 a elementos de la SEMAR y 27 a policías federales. En algunos casos se registró la  participación de miembros de más de una institución de seguridad.
• En 89 casos constató el asesinato de 365 personas, siendo los principales perpetradores elementos adscritos a la SEDENA con 42 casos, seguidos por miembros de la Policía Federal con 19 y la SEMAR con 11. Al informar de estos asesinatos, las autoridades adujeron haberlos asesinado por motivos tan diversos como “tener una actitud sospechosa” hasta la supuesta “defensa contra una agresión durante un enfrentamiento”. Algunas de estas víctimas fueron posteriormente señaladas como criminales para justificar su asesinato.
• En 2 de cada 3 de estos casos se demostró la participación del personal de alguna de las Fuerzas Armadas de México, dando cuenta de por lo menos 763 víctimas de algún crimen grave. Sin embargo, son los elementos adscritos a la SEDENA los que son marcados como los principales perpetradores. En 133 casos se encontró el involucramiento de por lo menos 63 unidades operativas (Batallones de infantería, Regimientos, Compañías, etc.) adscritas a 30 Zonas Militares (de las 46 existentes), distribuidas en las 12 Regiones Militares del país. La participación de los miembros castrenses ocurrió por la comisión directa de los crímenes, asi como por hacer uso de sus instalaciones o recursos, o por personal médico falseando reportes u omitiendo evidencias de tortura.

Los sucesos antes señalados reflejan una parte de las violencias que vivieron (y viven cotidianamente) miles de personas. Pero el hecho de que por más de una década y media se pueda acreditar que la tortura, los asesinatos y las desapariciones forzadas son una practica reiterada, debería bastar para demostrar que las responsabilidades van más allá de las tropas y los agentes operativos de campo.

El caso de Cienfuegos pone en perspectiva uno de los principales problemas del país. La injusticia sistémica que resulta de la complicidad, indiferencia, omisión o incapacidad de las instituciones nacionales de procuración de justicia y la falta de voluntad política de muchos funcionarios de alto rango. Una combinación que se traduce en la impunidad transexenal que hemos atestiguado todos estos años y que urge desterremos del país.

@CMDPDH