La galería del horror en México

Aunque posible o probablemente los eventos de mayor impacto estén contemplados de alguna manera en las estadísticas oficiales, no existe en nuestro país, por parte de instituciones gubernamentales o instancias privadas, un seguimiento sistemático de eventos que puedan ser catalogados como “atrocidades”. En este documento se presentan, describen y analizan los principales hallazgos sobre este tipo de eventos, a partir de fuentes periodísticas, durante los meses de enero a abril de 2021. Es importante, por ello, subrayar que las “atrocidades” que forman parte de este documento son “sólo” ejemplos de una galería de horrores.

Se considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.

Hay un número mayor de víctimas que de noticias de atrocidades, puesto que estas últimas pueden referirse a sucesos que afectaron a varias personas (p. ej. una noticia sobre una fosa en la que hallaron restos de diversos cadáveres). También, hay un menor número de eventos que de víctimas, porque algunos hechos engloban a varias personas (p. ej. una masacre).

Dado que hay eventos en los que confluyen diversas características que forman parte de la definición de “atrocidad”, es el traslape entre algunas de ellas. Por ello, independientemente del número de víctimas, en cada evento se contabilizan por separado cualquiera de las características ya enunciadas. Por ejemplo, el 18 de enero de 2020 fue torturado y asesinado un niño de cinco años, fue torturado su hermano de 15 años, y fue asesinada y descuartizada su hermana de 18 años en Huimanguillo, Tabasco. En total, se contabilizan tres víctimas, pero cuatro atrocidades: dos casos de tortura, un caso de asesinato de menor de edad y un caso de descuartizamiento.

De enero a abril de este año, se registraron:

• 1,200 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades.
• 1,941
• 2,087 víctimas

Los estados donde se registraron más noticias de atrocidades fueron Guanajuato (con 135), seguido por Jalisco (con 111), Veracruz (con 93), Guerrero (con 73) y Sonora y Chihuahua (con 57). Los estados con el menor número de noticias sobre atrocidades fueron Coahuila (con 4); Yucatán (con 3) y Baja California Sur (con 2).

En abril, la atrocidad que más se registró fue la de fosas clandestinas (con, al menos, 86 casos), mientras que en los meses de febrero y marzo, la atrocidad que más se registró fue el hallazgo de cuerpos y restos en fosas clandestinas (con, al menos, 111 hallazgos durante febrero y 114 en marzo) y en enero fue la tortura (con al menos, 86 casos). También resalta que el registro de asesinatos de actores de relevancia política pasó de cuatro víctimas en enero, a 11 víctimas en febrero, 14 en marzo y 8 en abril, acumulando 37 en lo que va del año.

Los estados con más víctimas de atrocidades registradas fueron Guanajuato (con 283), Jalisco (con 252), Veracruz (con 154), Chihuahua (con 141), y Sonora (con 110). Los estados con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron Aguascalientes (con 8), Coahuila (con 4), Yucatán (con 3) y Baja California Sur (con 2).

Los registros de eventos catalogados como atrocidades abarcan todo el país, concentrando el mayor número los estados de Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero y Michoacán.

Los estados con el menor número de registros de atrocidades fueron Yucatán, Coahuila, Baja California Sur, Durango y Nayarit. Al igual que con el resto de las entidades, habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa.

Hay estados en los que hay una clara correspondencia entre la estadística delictiva y los registros de atrocidades. Por ejemplo, Guanajuato encabeza el número de asesinatos en el país (incluidos policías), y también el listado de víctimas de atrocidades registradas por la prensa.

Las principales atrocidades registradas por medios periodísticos fueron los hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas, especialmente en Jalisco (donde se registraron, al menos 97 víctimas); tortura, especialmente en Michoacán, Guanajuato y Jalisco (donde se registraron al menos 27, 28 y 30 víctimas respectivamente); descuartizamiento y destrucción de cadáveres, principalmente en Guanajuato  (con 53 casos); calcinamiento, particularmente en Tamaulipas (con al menos 23 víctimas) y masacres, particularmente en Guanajuato (con al menos 33 casos).

En el periodo se reportaron, al menos, 160 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en Guanajuato, con 37 víctimas. Al respecto, cabe recordar que desde el año pasado se alcanzaron cifras históricas de asesinatos de mujeres y niños, desde que hay registros, a partir del 2015

 Propuestas

• Este mosaico de atrocidades muestra lo equivocadas que son las explicaciones generalizantes y reduccionistas sobre las violencias en nuestro país. Más allá de factores comunes obvios, como la producción social de patologías y la impunidad, la mitología prevaleciente, sintetizada en imágenes como las de “el narco” o los “carteles”, nubla y distorsiona realidades complejas en las que interactúan instituciones, grupos criminales, liderazgos de distinto tipo, mercados formales e informales, y comunidades lastimadas por una vida social y política que se expresa mediante acciones y relaciones frecuentemente violentas. Desde luego, se requieren políticas nacionales que permitan elevar y homologar capacidades y procedimientos policiales y ministeriales, pero igualmente son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.
• Es también evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstas fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.
• Los puntos anteriores implican que el dolor que estas atrocidades provocan en familias y comunidades debe tener una traducción social e institucional. Cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos: a) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas; y b) reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes.

El estudio expone historias que, acumuladas, presentan un mosaico de dolor y crueldad, que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva. Muestra también que, lejos de la mitología sobre crimen organizado que prevalece en nuestra conversación pública, buena parte de estas atrocidades son perpetradas por personas que no forman parte de organizaciones criminales. Se trata de violencia criminal, sí, pero es, también, violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social. En este sentido, pretende iluminar los rasgos más oscuros de nuestra sociedad, y que nunca debemos ignorar. Al final del día, ese sería el propósito: rescatar nuestra capacidad para conmovernos ante este cúmulo de horrores.

* Pilar Déziga Velázquez es investigadora de @causaencomun.