La frontera olvidada

El 21 de octubre, la frontera México-Estados Unidos cumplirá siete meses de estar parcialmente cerrada. Mientras que en febrero de 2020 se registraron 3.7 millones de cruces peatonales hacia EEUU, sólo hubo 1.5 millones de cruces en julio.

La última vez que Estados Unidos cerró su punto de entrada más transitado, San Ysidro, California, fue en en 2018. El impacto económico en el pequeño distrito en el sur del condado de San Diego fue estimado en 5.3 millones de dólares, de acuerdo a la cámara de comercio local. Ese cierre sólo duró cinco horas y no fue acompañado de una recesión global.

Si bien el gobierno federal estadounidense ha buscado una recuperación rápida, sus ciudades fronterizas experimentaran un futuro más incierto que el resto del país. Esto porque una parte relevante de la población que impulsa su economía no forma parte de la estrategia de recuperación económica.

Una característica clave de la zona de la frontera es la interdependencia entre las ciudades de ambos países Tanto la industria maquiladora como los trayectos diarios de miles de mexicanos a Estados Unidos han sido parte de la naturaleza de la región, especialmente después de la introducción del TLCAN en 1994. Prueba de esto es que la frontera alberga al segundo puerto de entrada más transitado entre dos países: San Ysidro (el primero siendo la entrada que conecta Singapur con Malasia). Tan sólo en dicho punto más de 10.7 millones de cruces peatonales se registraron hacia territorio estadunidense en 2019, alrededor de 29,500 cada día.

A su vez, ciudadanos mexicanos con los recursos necesarios han convertido los condados fronterizos de Estados Unidos en sus hogares. De acuerdo a la encuesta ACS de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 13.5% de los residentes de El Paso, Texas, no son ciudadanos. Lo mismo es cierto para el 11.0% del condado de San Diego en California, mientras que la cifra nacional es de 6.9%. Estas características demográficas son clave para un plan de reactivación económica, sin embargo han sido ignoradas.

El 27 de marzo, el presidente Donald Trump firmó la ley CARES aprobada por el congreso, con la cual se inyectaron 2.2 billones de dólares en la economía americana. La ley incluía una repartición de cheques de $1,200 a ciudadanos y residentes con estatus legal migratorio, así como un aumento en los beneficios de desempleo ($2,400 por mes). Sin embargo, estos beneficios requerían que los acreedores tuvieran un número de seguridad social (SSN, por sus siglas en inglés), excluyendo a millones de migrantes indocumentados, inclusive aquellos que pagan impuestos federales sobre sus ingresos. Ciudadanos estadounidenses casados con migrantes indocumentados, conocidos como familias con estatus mixto, tampoco serían considerados.

Como respuesta a esto, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, financió un programa de 75 millones de dólares, el cual otorgó cheques de 500 dólares a migrantes sin un status legal migratorio. Esta medida estatal buscó apoyar a quienes el gobierno federal dejó de lado, pero fue altamente insuficiente. Solo cubrió a 150,000 migrantes indocumentados de una población estimada de 2 millones en California. Gobiernos municipales como Austin, Minneapolis y Washington D.C. han implementado medidas similares de transferencia directa a aquellos que no fueron beneficiados por recursos federales.

Sin lugar a duda, la ley CARES sirvió como un salvavidas para la economía estadounidense. De acuerdo al Departamento de Comercio, mientras que en abril los salarios disminuyeron en un 8.0% en comparación al mes anterior, el ingreso personal aumentó 10.5%. Esto fue en gran parte gracias al aumento de 93.1% en ayuda gubernamental recibida—aumento no percibido en la comunidad de migrantes indocumentados.

A nivel individual, la falta de las transferencias directas y los pagos extras del seguro de desempleos coloca a los hogares de migrantes sin estatus migratorio legal en una clara desventaja frente al resto de la población, empujándolos a usar sus ahorros y a solicitar créditos. En ciudades fronterizas como Laredo, donde en 2018 aproximadamente el 18.7% de su población no eran ciudadanos estadounidenses, los negocios están reabriendo a un grupo de consumidores con un poder adquisitivo debilitado. Esto también puede perjudicar en las finanzas locales al tener menos impuestos de ventas que recaudar.

Al día de hoy se ha visto una recuperación económica parcial de la región fronteriza, en gran medida empujada por la reactivación de la industria maquiladora y el comercio internacional. Las ciudades de El Paso, Texas y Otay, California, están registrando mayores niveles de comercio a los registrados antes de la pandemia. Sin embargo, la ciudades estadounidenses de la zona todavía carecen de un elemento crucial: visitantes mexicanos. Bajo las restricciones actuales, los no-residentes de Estados Unidos sólo pueden entrar bajo circunstancias de emergencia, por lo que miles de compradores de tiendas estadounidenses se han tenido que quedar en casa.

Esta ausencia se puede ver reflejada en ciudades como El Paso, donde el consumo personal en la primera quincena de septiembre es 16.1% menor a la primera semana de enero, lo cual contrasta con el resto del estado de Texas, donde el consumo personal de hecho aumentó 1.5%.

¿Qué esperar ahora?

La llamada recuperación económica en forma de “V” que se ha señalado en la región de la frontera, depende significativamente de una demanda global que aún se está recuperando y que es amenazada por rebrotes, nuevas medidas de contingencia y, ahora, inestabilidad política.

Una reapertura completa de la frontera permitiría que la economía de las ciudades continúe reactivándose y no dependa mayoritariamente del comercio. Esto ha sido expuesto por un grupo bi-partidista de legisladores federales que han exhortado al gobierno de Donald Trump a reconsiderar el cierre parcial. Por su parte el alcalde de McAllen, Texas, Jim Darling, denunció la falta de ayuda que ciudades como la suya han recibido e incluso dijo “la estúpida ironía de esto es que los mexicanos pueden volar a Austin, pero no pueden manejar a McAllen. ¿Qué sentido tiene esto?”.

Sin embargo, inclusive con una reapertura, las tiendas fronterizas del lado estadounidense abrirán a una clientela mexicana con un poder adquisitivo menor al de inicios del año. Tan sólo entre el 5 de febrero y el 5 de octubre, el peso mexicano se depreció 14.8% frente al dólar, lo que directamente se traduce en un aumento relativo en los precios en Estados Unidos para los compradores de México. Además, debido a que tampoco fueron beneficiarios de algún envío de cheques o de seguros por desempleo por su propio gobierno, el ingreso personal de los mexicanos fue debilitado.

Ante la actual situación, la ayuda económica por parte del gobierno federal estadounidense cobra mayor relevancia para sus ciudades fronterizas. El 1º de octubre, la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata aprobó otra ley de recuperación económica que incluiría a los migrantes indocumentados en una segunda ronda de cheques así como del pago de de $2,400 mensuales por desempleo.

Legisladores republicanos ya han declarado que no aprobarán un paquete económico que otorgue recursos federales a indocumentados, por lo que es poco probable que esta medida sea aprobada por el Senado y la Casa Blanca, ambos controlados por el partido Republicano. Sin duda, el resultado de las próximas elecciones de noviembre podría ser la única oportunidad para que los migrantes indocumentados e, indirectamente, las ciudades fronterizas reciban la ayuda económica justa y necesaria.

* Oscar Alcántara Vidaña (@OAV95) es licenciado en Ciencia Política del ITAM y analista de relaciones gubernamentales en Miranda Partners, una agencia de comunicación financiera.