La farsa de la noble ilegalidad

En América Latina tenemos una relación tóxica con la legalidad. No es poca la gente que pendula entre el deseo de que nuestras leyes sean oráculos del día a día y el pragmatismo de arreglar las cosas de otra forma cuando las reglas nos estorban. En los últimos años, esa otra forma no siempre ocurre de forma furtiva y en la oscuridad. Algunas autoridades han optado por presentar sus ilegalidades como una especie de “noble incumplimiento” para buscar el respaldo de ciertos sectores.

El pasado 8 de diciembre de 2020, el Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó una iniciativa de reformas al Código Civil de la entidad para permitir el matrimonio igualitario. Sin embargo, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ha intentado imponer un veto de facto negándose a publicar las reformas en el Periódico Oficial de Tlaxcala. Hace días venció el plazo que legalmente lo obligaba a hacerlo.

En abril y julio de 2019, el Congreso de Yucatán rechazó en dos ocasiones una iniciativa para permitir el matrimonio igualitario en la entidad. La votación se realizó por medio de cédula (es decir, de forma secreta) por lo que a la fecha se desconoce el sentido del voto de cada diputada y diputado. A pesar de que distintas voces, incluso al interior del Congreso, denunciaron que ese método de votación era violatorio de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, el entonces Presidente del Pleno y actual aspirante a la alcaldía de Umán, Enrique Castillo Ruiz, impuso su voluntad.

Las autoridades de nuestro país han aprendido que la falta de legalidad de sus actos u omisiones puede ser remplazada por un discurso que apele a necesidades superiores. Algo así como una variante oportunista del ius naturalismo. Por eso los casos de Mena Rodríguez y Castillo Ruiz no son exabruptos sin cálculo. La ilegalidad de ambas decisiones tiene el respaldo de grupos conservadores para los cuales la Constitución no es el parámetro para medir la validez de una norma. Mientras sus preocupaciones estén atendidas, la Ley sobra.

El 31 de julio de 2006, durante un discurso en el Zócalo, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador afirmó ante una multitud que “(h)istóricamente, la Constitución y las leyes sólo se han cumplido en la forma y se han violado en el fondo”. La frase parte de una crítica acertada, pero es ambigua en su propuesta. La forma y el fondo no son antagónicas sino las dos caras de la misma moneda. No se trata de una disyuntiva sino de un binomio imprescindible para lograr nuestros objetivos en una sociedad democrática. Necesitamos decisiones justas, pero también contar con mecanismos idóneos para tomar esas decisiones.

La Segunda Guerra Mundial y los regímenes autoritarios en América Latina durante el Siglo XX nos advirtieron del peligro de tolerar cualquier tipo de norma. De ahí que hoy consideremos injustificable cualquier regla que permita crímenes contra la dignidad humana –tortura, ejecuciones extrajudiciales, genocidios, entre otros–. Pero otra cosa muy distinta es cuando se tergiversa el reconocimiento de esos límites al contenido de las leyes para concederse un salvoconducto de la legalidad. Sobre todo porque las reglas claras para la toma de decisiones son indispensables para aquellos asuntos en los que no hay aún consenso. Cuando una autoridad decide acortar el camino sin más salvaguarda que su voluntad, amenaza las certeza que tendremos en los procesos de deliberaciones futuras. En la opinión pública está si les damos el cheque en blanco para ello.

@kalycho