La extracción de litio, el nuevo “oro blanco”

El litio (Li) es un elemento químico del grupo I (compuesto por otros alcalinos como el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio) y el más ligero de todos los metales. Es relativamente abundante en el planeta: se puede encontrar en una amplia gama de minerales (aproximadamente 145 especies) y en las aguas marinas y continentales. Su nombre proviene del griego lithos, que significa “piedra”, porque fue el único elemento alcalino descubierto en un mineral (1817). Es metálico, de color blanco-plateado, químicamente reactivo (arde al contacto con el agua), y de bajo punto de fusión.

El litio no genera energía, sino que la almacena. Se usa principalmente en la manufactura de baterías (39%), cerámica y vidrio (30%), grasas lubricantes (8%), polvos para fundición en continuo y producción de polímeros (5%), y tratamiento del aire (3%). También es utilizado para la fabricación de medicamentos antidepresivos y es un insumo básico de la industria nuclear.

Los países productores de litio han crecido en importancia en el escenario minero mundial, y seguirán haciéndolo en la medida en que incremente la demanda de vehículos eléctricos y/o de baterías recargables como resultado de la búsqueda de tecnologías que no dependan de combustibles fósiles. Se prevé que para el 2030 la demanda global de litio habrá aumentado en 80%.

En América del Sur se encuentra el llamado “triángulo del litio” que abarca partes de Chile, Argentina y Bolivia. México no cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación, aunque existen tres yacimientos en etapa de exploración (en Baja California, San Luis Potosí-Zacatecas y Sonora); por ello en 2016 nuestro país importó 219 toneladas (más del 90% provino de Chile, el país con mayores reservas de litio en el mundo), las cuales representaron un monto de $1.6 millones de dólares.

El litio es fundamental en la producción de baterías para teléfonos celulares, computadoras, placas solares (como sistemas de almacenamiento de energía) y vehículos eléctricos. Esto lo hace un mineral valioso que puede reportar grandes ganancias a los países que tengan reservas y las sepan explotar. “Entre 2014 y 2018, los precios se dispararon un 156%: desde los 6.690 dólares la tonelada subió hasta un máximo histórico de 17.000 dólares en 2018. Si bien la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia ha impactado en el mercado, el precio se encuentra actualmente alrededor de los 7.500 dólares y se prevé que la demanda siga creciendo de la mano de la industria tecnológica”.

México tiene grandes perspectivas y podría beneficiarse de esto, sobre todo si se confirma lo que algunas noticias han señalado: que el yacimiento más grande del mundo, con alrededor de 243.8 millones de toneladas, está ubicado en Sonora. De existir el yacimiento, se prevé que Tesla sea la principal consumidora de las reservas mexicanas, las cuales ayudarían a expandir los mercados de baterías para coches eléctricos y de baterías domésticas para almacenar energía solar. Según la revista Forbes, en 2022 el Servicio Geológico Mexicano, dependiente de la Secretaría de Economía, invertirá 55.2 millones de pesos para la exploración de litio, con el objetivo de tener datos duros sobre la cantidad existente y confirmar que su extracción es económicamente viable.

Entre confusiones y expectativas, la reforma a la Ley Minera para nacionalizar el Litio propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada en el Congreso y publicada el 20 de abril en el Diario Oficial de la Federación, prohíbe concesiones para su explotación, argumentando que este mineral es patrimonio de la Nación y “su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”. Con ello se confirmó la creación de una empresa estatal para tal efecto, aunque esta decisión preocupa a expertos y empresarios. Hasta hoy ya hay ocho concesiones otorgadas a empresas para la posible extracción en México (entre ellas la empresa china Ganfeng Lithium, productora de litio más grande del mundo y proveedora de Tesla), las cuales, según el primer mandatario, serán respetadas.

El litio se ha perfilado como el nuevo “oro blanco” y se cree que podría remplazar al petróleo; sobre todo, se habla de él en el marco de tecnologías sustentables y “limpias”. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la minería en general es una de las actividades productivas más devastadoras del medio ambiente, cuya explotación es finita. Entre sus peores efectos se cuentan deforestación, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, extracción y uso a gran escala de recursos hídricos, y contaminación atmosférica, subterránea y acuífera (ríos, lagos y mantos freáticos).

Junto con estos impactos medioambientales, que siempre conllevan implicaciones para la salud de los trabajadores y habitantes de las comunidades adyacentes, debemos considerar los impactos de carácter social y político, particularmente en países del sur global donde las actividades mineras son poco reguladas y generalmente están bajo el control de capital extranjero en un modelo extractivista de corte neocolonial. Esto es, la (sobre)explotación de recursos naturales, esencialmente para su uso como materia prima barata, por corporaciones transnacionales provenientes de países industrializados, así como las pocas o nulas regulaciones ambientales, laborales y de derechos humanos.

También debe pensarse en la vulnerabilidad de las comunidades locales frente a la minería y otras actividades extractivistas; una demostración es el creciente número de asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y el medioambiente. De acuerdo con la ONG Británica Global Witness, sólo en 2019 se registraron 212  homicidios de este tipo a nivel mundial, y en 2020 la cifra llegó a 227. En ambos años, más del 70% de los casos ocurrieron en América Latina; los cinco países con el mayor número de asesinatos de activistas ambientales a nivel global son Colombia, Filipinas, México, Brasil y Honduras (129, 72, 48, 44 y 31, respectivamente). La industria minera fue responsable de al menos 67 de los asesinatos, seguida por los agronegocios (51), la tala de bosques (47), y la extracción de agua y construcción de represas (26).

Tomando conjuntamente las implicaciones ambientales y sociopolíticas de la minería, cabría preguntarnos qué tan sustentable puede ser la extracción de litio para nuestro país. Las últimas cuatro décadas en América Latina se ha perpetuado el extractivismo por los gobiernos tanto de izquierda como de derecha, aunque, por supuesto, con diferencias sustanciales. Los gobiernos de izquierda, como el de Evo Morales en Bolivia, se basan en una fuerte participación estatal a través de la nacionalización de los recursos estratégicos, la creación de industrias nacionales para el procesamiento parcial de las materias primas, y la distribución de las ganancias a través de programas de desarrollo social enfocados en los sectores más desfavorecidos; los gobiernos de derecha, como el de Bolsonaro en Brasil, han eliminado restricciones al capital nacional e internacional para la explotación de los recursos naturales y la extracción de las rentas derivadas. Pero el denominador común en ambos modelos es la dependencia de la extracción como “motor de desarrollo”.

El contexto del cambio climático nos obliga a cuestionar nuestra manera de concebir el concepto histórico de “desarrollo” latinoamericano, particularmente cuando lo vinculamos con el modelo extractivista. El Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático nos insta urgentemente a implementar programas gubernamentales para la reducción drástica e inmediata de nuestras emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, lo cual implica poner en marcha la sustitución de las energías fósiles.

Entonces, ¿es posible continuar favoreciendo las actividades extractivistas y, al mismo tiempo, impulsar agendas eficientes de mitigación y adaptación frente al cambio climático? ¿Qué modelo de desarrollo alternativo al extractivismo podemos construir para hacer frente a la crisis climática? ¿Cómo podemos crear un consenso social y político de carácter nacional que respalde las agendas medioambientales sobre cambio climático? ¿Cómo podemos erradicar los asesinatos de activistas del medio ambiente, los cuales incrementan anualmente y quedan en la impunidad? Estas son preguntas que conciernen no sólo al gobierno, sino a toda la sociedad mexicana.

* Blanca Rocío Muciño Ramírez es maestra en Diseño y Producción Editorial por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, donde obtuvo la Medalla al Mérito Universitario, y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. Ha actualizado sus conocimientos en tres diplomados y más de 50 cursos. Actualmente se desempeña como secretaria Técnica y responsable de edición y gestión de publicaciones en el Programa Universitario de Bioética (PUB). Carol Hernández Rodríguez es doctora en Sociología por la Portland State University, Estados Unidos, maestra en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Relaciones Internacionales por la FCPyS. Obtuvo mención honorífica en sus tres grados. Actualmente es profesora en el Centro de Estudios Sociológicos de la misma Facultad, en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el Posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud (Bioética), de la Facultad de Medicina. Desde 2020 participa en The Journal of Peasant Studies WriteShop in Critical Agrarian Studies and Scholar Activism y es miembro de la Federación Mexicana de Universitarias y del Collective of Agrarian Scholar-Activists from the South. Además, es Investigadora Asociada del PUB.

 

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