La etiología de nuestra infelicidad

Por José Eduardo Lazo Vela*

La infelicidad ya no se presenta únicamente como un asunto íntimo o privado. En el discurso contemporáneo de la salud mental y el bienestar, el malestar cotidiano tiende a convertirse en un problema público, medible y gestionable: se traduce en diagnósticos, indicadores y dispositivos de intervención. Este desplazamiento plantea una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando sentirse mal deja de ser una experiencia humana ambigua y se redefine como una falla que debe corregirse?

El término etiología designa, en sentido general, el estudio de las causas de los fenómenos y, en el ámbito médico, el estudio de las causas de las enfermedades. Hablar de una “etiología de la infelicidad” no implica afirmar que la infelicidad sea una enfermedad en sí misma, sino señalar una tendencia contemporánea a buscar causas específicas —biológicas, psicológicas o sociales— que permitan explicarla, clasificarla y, sobre todo, intervenirla.

Esta aspiración causal se consolidó en la medicina moderna con figuras como Claude Bernard, quien impulsó la medicina experimental basada en la identificación de regularidades fisiológicas y en la noción del medio interno como condición de equilibrio de los organismos. Aunque Bernard no abordó la infelicidad como objeto de estudio, su enfoque sentó las bases para interpretar diversos malestares humanos en términos de alteraciones susceptibles de explicación científica.

Sin embargo, como advirtió Georges Canguilhem, las categorías de lo normal y lo patológico no son descripciones neutrales, sino construcciones históricas atravesadas por valores, normas y decisiones sociales.

Desde esta perspectiva, el malestar subjetivo puede entenderse de múltiples maneras —existenciales, éticas o políticas—, pero cuando se traduce exclusivamente en términos técnicos, se convierte en objeto de corrección y normalización.

Psicologización del sufrimiento

En las últimas décadas, este proceso se ha profundizado mediante una tendencia que diversas investigaciones han descrito como psicologización del sufrimiento social. Ashley Frawley, por ejemplo, ha mostrado cómo, desde finales del siglo XX, problemas estructurales como la precariedad, la exclusión o la desigualdad tienden a reformularse discursivamente como déficits emocionales individuales, desplazando la atención de las condiciones materiales hacia la autorregulación del yo.

De este modo, aquello que antes se interpretaba como injusticia social se redefine en términos neoliberales como falta de resiliencia, mala gestión emocional o riesgo psicosocial. Conviene, sin embargo, evitar un malentendido posible. Cuestionar la medicalización del malestar cotidiano no equivale a negar la realidad de los trastornos mentales graves.

La depresión mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático y los trastornos psicóticos cuentan con criterios diagnósticos operacionales —como los del DSM-5-TR y la ICD-11— y, en muchos casos, con intervenciones respaldadas empíricamente.

Conviene, sin embargo, evitar una lectura reduccionista: estos trastornos no pueden explicarse solo por bases neurobiológicas, sino por la interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales y contextuales.

Decir que la tristeza provocada por una pérdida, una injusticia o una situación de precariedad puede ser adaptativa no significa que toda tristeza lo sea. El problema no es la existencia del diagnóstico psiquiátrico, sino su expansión indebida hacia territorios existenciales donde no hay evidencia de patología.

Se trata, pues, de trazar un límite: no todo sufrimiento es trastorno, pero algunos sufrimientos sí lo son. La bioética no puede confundir la crítica justa al sobrediagnóstico con un escepticismo radical que abandonaría a quienes genuinamente necesitan atención clínica.

La economía política de la infelicidad

Este desplazamiento coincide con lo que William Davies denomina la economía política de la infelicidad. Según Davies, las democracias neoliberales han convertido la felicidad —el bienestar subjetivo— en un indicador técnico que debe ser medido, optimizado y administrado con fines de productividad, salud y estabilidad económica global.

En este marco, la infelicidad deja de ser un problema colectivo y se convierte en una falla de rendimiento cuya corrección recae principalmente en el individuo. Esta crítica al individualismo terapéutico no es nueva en América Latina.

Desde la década de 1970, el movimiento de salud mental colectiva —particularmente influyente en Brasil, Argentina y México— ha sostenido que el sufrimiento psíquico no puede disociarse de las condiciones materiales de existencia.

Esta tradición, vinculada con la medicina social latinoamericana y con las experiencias de reforma psiquiátrica inspiradas en Franco Basaglia y desarrolladas por autores como Paulo Amarante, ha defendido que la atención en salud mental debe articularse con ciudadanía, derechos humanos, comunidad y transformación institucional.

La reforma psiquiátrica debe ser también una reforma social: lucha contra la precariedad, el desempleo, la violencia estructural, formas de exclusión social y cultural. Desde esta perspectiva, la infelicidad generalizada no se resuelve solo con más psicoterapeutas o antidepresivos, sino con trabajo digno, vivienda adecuada, tiempo para el cuidado y espacios de participación democrática.

La bioética latinoamericana, especialmente desde la bioética de intervención propuesta por Volnei Garrafa, ha insistido en que la autonomía individual no puede ejercerse sin justicia distributiva. Incorporar esta tradición no es un adorno académico: es reconocer que el malestar tiene geografía, historia y conciencia de clase. Conviene, no obstante, distinguir entre malestar, sufrimiento persistente y diagnóstico clínico.

Depresión: infelicidad y descontento

El malestar puede formar parte de la respuesta humana ante pérdidas, frustraciones, injusticias o precariedad; el sufrimiento persistente aparece cuando esa experiencia se prolonga, se intensifica y empieza a erosionar la vida cotidiana; y el diagnóstico clínico exige algo más que tristeza o insatisfacción: requiere valorar duración, intensidad, deterioro funcional, riesgo, contexto biográfico y criterios profesionales reconocidos por sistemas como el DSM-5-TR y la ICD-11.

En esa misma línea, la Asociación Americana de Psicología (APA) recuerda que la depresión puede abarcar desde infelicidad y descontento hasta tristeza intensa, pesimismo y desesperanza, pero adquiere relevancia clínica cuando interfiere con la vida diaria y se acompaña de cambios físicos, cognitivos o sociales significativos.

La APA advierte que, aunque estos estados pueden vincularse con trastornos como la depresión, no son equivalentes por definición. Confundir malestar con patología amplía el riesgo de medicalizar experiencias que tienen raíces sociales o estructurales.

A escala global, organismos internacionales han advertido que los problemas de salud mental representan una carga creciente para las sociedades contemporáneas. El World Mental Health Report de la Organización Mundial de la Salud subraya que las necesidades en salud mental son elevadas y que las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes.

En la misma línea, la Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development reconoce la importancia de los determinantes sociales del sufrimiento, aunque señala que las respuestas predominantes tienden a privilegiar intervenciones individuales por encima de reformas estructurales.

Finalmente, instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han documentado el impacto económico de los problemas de salud mental en términos de ausentismo laboral, pérdida de productividad y exclusión del mercado de trabajo.

Cuando estos argumentos se vuelven centrales, emerge un dilema bioético decisivo: ¿la salud mental se protege como un derecho vinculado con la dignidad humana o se gestiona como un recurso productivo orientado al rendimiento laboral?

Escuchar, validar el sufrimiento, informar al paciente

¿Qué implica lo anterior para el profesional de salud que recibe en consulta a una persona que dice “soy infeliz”? La respuesta bioética no puede ser “no haga nada, espere el cambio estructural”. Tampoco puede ser “recete un antidepresivo sin más”. Una posición deliberada reconoce dos niveles concurrentes.

A nivel clínico: escuchar, validar el sufrimiento, explorar si hay criterios de trastorno (duración, intensidad, disfunción, riesgo), y ofrecer ayuda proporcionada —que puede ser psicoterapia breve, apoyo social, o en casos justificados, tratamiento farmacológico.

A nivel político: informar al paciente que su malestar puede tener causas evitables (precariedad laboral, violencia, aislamiento), y acompañar —sin imponer— posibles acciones colectivas si él o ella así lo desean. El principio de no abandono (derivado del cuidado y la responsabilidad profesional) exige no dejar a la persona sola con su sufrimiento mientras se transforman las estructuras. La crítica a la medicalización no es una licencia para la indiferencia.

Reconocer una etiología política de la infelicidad implica devolver el malestar a su dimensión estructural, articular la salud mental con políticas redistributivas y limitar la tecnocracia de la felicidad. La infelicidad no es solo un indicador emocional ni una falla privada de adaptación: puede ser también el síntoma de un orden social que requiere cambios profundos, orientados por el valor intrínseco de la vida, la justicia social y la prevención de la medicalización indebida.♦ 

*José Eduardo Lazo Vela es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; maestro en Bioética por el Centro de Investigación Social Avanzada; divulgador filosófico en la plataforma digital Filosofía en Red. Está diplomado en Bioética por el Programa Universitario de Bioética y en Teórica Crítica del Derecho. X: @lazo_vel

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