La emergencia humanitaria de mujeres y niñas en Amealco de Bonfil

Por: Elvia González del Pliego

Antes de entrar al tema de este artículo, me permitiré hacer un breve preámbulo para ubicar a quien lo lea, si es que así sucede, en el contexto.

Amealco de Bonfil es un municipio de los 18 que integran el estado de Querétaro y tiene la mayor parte de población indígena de origen hñähñö en el estado 28.11 por ciento (Inegi 2010). Según el Consejo Nacional de Población del año 2010, Amealco presenta un alto grado de marginación (35 por ciento) (Inegi 2011), ocupando el segundo lugar en el estado, y un rezago social medio según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2013). Según el sociólogo noruego Johan Galtung, la marginación y la pobreza constituyen violencia estructural.

Asimismo, Galtung denomina violencia directa a aquella que podemos identificar a simple vista, y violencia cultural a aquella que incluye ciertas formas culturales de una sociedad como pueden ser la legitimación de la violencia en el patriarcalismo, el racismo o en el sexismo.

En muchos casos, las mujeres y niñas indígenas de Amealco de Bonfil padecen las tres formas de violencia desde hace muchos años y ante la mirada anestesiada e indolente del estado y del municipio, que mucho ha abonado a su imagen nacional e internacional de pseudointerculturalidad promoviendo la famosa muñeca otomí, haciéndola casi un ícono estatal y municipal, sin responsabilizarse honesta y realmente de las violencias que padecen las mujeres y niñas que la elaboran.

Hace unos años, en 2013, en una de las múltiples reuniones infructíferas con diversos actores sociales, gubernamentales y de la academia, que se hacían en ese municipio para hablar de acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, me tocó escuchar a un funcionario municipal de alto rango que decía que el incesto y el abuso sexual en las familias era algo “cultural”, algo que ocurría debido a que estaba sustentado en los usos y costumbres “de esa gente”.

Ese funcionario, bastante desconocedor de la legislación nacional y estatal en materia de discriminación y violencia contra las mujeres, así como de los compromisos contraídos en tratados internacionales por el gobierno mexicano del que él formaba parte, no sabía que “si bien con fundamento en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se establece el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus costumbres e instituciones propias, éstas no pueden ser incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”. Por ello los Estados que reconozcan a la justicia indígena o comunitaria, en materia de violencia contra las mujeres deben asegurar que las costumbres y usos de la comunidad no afecten el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que sean consistentes con el deber estatal de debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará – OEA, 2014, p.61).

En aquella ocasión en que ese funcionario se atrevió a sustentar su indolencia e ignorancia ante semejante problema en “usos y costumbres”, también se retiró de la reunión sin mayor aportación ni compromiso alguno. Como he señalado, aquellas reuniones fueron infructíferas, sobre todo porque el enfoque estaba puesto en la violencia como tal, y no en una construcción de paz que involucraba a la justicia y a los derechos humanos.

En los años posteriores el gobierno de Querétaro hizo algunas acciones como conferencias y talleres sobre derechos humanos a mujeres indígenas; lo irrisorio del asunto es que muchos de esos talleres eran en lugares totalmente insalubres, con vidrios rotos y baños que llevaban quizá meses sin haberse limpiado… la violencia estructural e institucional presente, pero maquillada de buenas intenciones. Obviamente si hubiese sido algún acto para la presentación del gobernador o del presidente municipal, ese mismo espacio se habría remodelado en menos de una semana… pero en el caso de las mujeres indígenas, no había ni intención ni presupuesto para ello.

En Amealco de Bonfil se han hecho investigaciones y diagnósticos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, así como sobre el incesto y el abuso sexual[1] y su relación con los suicidios, por parte de la academia y de organizaciones de la sociedad civil, algunos curiosamente financiados por instituciones gubernamentales nacionales y a propuesta de instituciones del gobierno estatal que los guardan celosamente en sus oficinas.  Sin embargo, la violencia estructural, directa y cultural que padecen niñas y mujeres indígenas no cambia ni se elimina; pareciera que han sido únicamente ejercicios para que parezca que se hace algo, pero sin atender a las recomendaciones o hacer propuestas de intervención efectivas conforme a los hallazgos.

Por ejemplo, según el “Diagnóstico sobre los Programas y Proyectos Implementados por las Dependencias que atienden circunstancias relacionadas con la Violencia de Género entre población indígena en el estado de Querétaro, 2012[2]”:

El derecho consuetudinario con el cual se rigen las comunidades indígenas no es compatible con el derecho positivo base de las leyes nacionales, esto complejiza el abordaje de temas como la violencia contra las mujeres dado que las sanciones o procedimientos regulares para las leyes “occidentales” no se adaptan a la realidad cultural de estos pueblos y sus formas de entender e impartir la justicia, por lo que en ese caso, las dependencias e instancias competentes tienen un gran reto para revisar con detalle la situación que prevalece en el medio indígena y generar políticas de atención de la violencia, prevención y promoción de derechos pertinentes a esa realidad y congruentes con los derechos humanos individuales y colectivos. Así mismo hace falta un proceso de reflexión con las propias comunidades en relación con los usos y costumbres que atentan contra los derechos de las mujeres, así como las formas en que las mujeres indígenas desean que se les haga justicia en casos de violencia.

En otro diagnóstico[3] se dice que los municipios de Amealco de Bonfil y Tolimán son los que presentaron más casos de adolescentes que iniciaban su vida conyugal aún antes de los 15 años, y en los que es más común la costumbre de, una vez casados o después de “robarse a la novia”, la pareja cohabite con la familia del hombre y la mujer se convierte en fuerza de trabajo doméstico. También se señala el tipo de manifestación violenta que recibieron de su pareja desde el inicio de la relación, de acuerdo con sus testimonios: el más recurrente es el acto de amarrar a la mujer como castigo (13.8 por ciento), así como los empujones, golpes con las manos y las patadas. Según los datos de este diagnóstico, cerca de 70 por ciento de las personas encuestadas ha sufrido violencia y 51 por ciento cree que es normal la violencia en la familia.

Además de todo esto, vivir en situación de pobreza con pésimas condiciones de sus viviendas, las bajas temperaturas en invierno y el cocinar con leña dentro de sus hogares sin ventilación, en muchas ocasiones les provocan enfermedades a muy temprana edad. También padecen continuamente dolores de huesos y espalda debido a que cargan leña desde la infancia.

Si bien se han hecho algunos esfuerzos por incidir en esta realidad tan dolorosa por medio del trabajo con el funcionariado (como el Modelo de Atención para las Mujeres Violentadas, con enfoque intercultural y de género para evitar revictimizar a las mujeres y adolescentes que se atreven a denunciar una violación o violencia intrafamiliar, realizado en 2014 por el Instituto Queretano de las Mujeres) las creencias discriminatorias, los “usos y costumbres” o la idea de que ellas lo provocan todavía nublan la claridad del delito ante quien las atiende.

Una grave omisión del Estado consiste también en que no hay apoyo, ni capacitación, ni sensibilización al personal docente que enfrenta realidades sumamente dolorosas con estudiantes que han sido y son violadas por sus familiares recurrentemente, sin que sus madres o personas conocidas se atrevan a hacer algo por miedo o por desconocimiento, chicas que intentan suicidarse o se cortan, que consumen alcohol o drogas para evadir esa violencia absoluta en la que están inmersas.

En conversaciones sobre este problema con algunos docentes de la zona, me dijeron que se sentían abrumados por no saber qué se debía hacer en esos casos ni dónde pedir ayuda o protección para las jovencitas:

“Teníamos unas alumnas cuyo papá las obligaba a beber alcohol casi todos los días, para después abusar sexualmente de ellas, él era alcohólico y golpeaba antes o después a su esposa”.

“También tuvimos a otra chica que era violada por varios hombres de su familia y la llevaban a que otros hombres también la violaran… se lo dijimos a una persona que vino de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, nos dijo que volverían para hacer algo pero jamás volvieron, hoy esa chica dejó de estudiar, ya tiene un hijo, quién sabe de quién…”

“Tenemos una alumna que intentó suicidarse, su padrastro la viola pero su mamá no se atreve a denunciarlo o a dejarlo porque no tiene cómo salir adelante”.

Tenemos gobiernos integrados por personas que fueron mal educadas en la irresponsabilidad, pero en la buena imagen; que aprendieron que lo importante era “sacar 10 en la boleta de calificaciones” sin importar cómo; “tener estrellita en la frente para que todo mundo vea lo buenos e inteligentes que son” y están dispuestos(as) a hacer lo que sea para mantener su imagen ante los organismos internacionales e inversionistas extranjeros, llámese maquillar cifras, inventar indicadores amañados, llenar miles de listas con nombres y firmas de personas atendidas y capacitadas en derechos humanos, salir en miles de fotos con mujeres y niños(as) indígenas “felices”, entregar canastas de alimentos, dar préstamos a fondo perdido, etc.

Son excelentes para crear el museo de la muñeca indígena en Amealco de Bonfil, pero incapaces de llevar a cabo acciones reales que detengan el incesto, el abuso sexual y la violencia contra las mujeres y niñas.

En el año 2014 cuando entrevistaba a cierta funcionaria de alto rango del DIF municipal que promovía la conciliación en casos de violencia intrafamiliar (lo cual dicho sea de paso está prohibido por la ley y en los tratados internacionales de los que México forma parte) negaba totalmente la existencia de esas violencias, lo mismo que los ministerios públicos pues había una línea clara que pedía “ya no hablar de esos temas”, “mostrar mujeres otomíes felices” (como la muñequita), “negar cualquier cosa que pudiese relacionar el suicidio, el cortarse la piel, el alcoholismo y drogas en la juventud con las violencias”. En cambio, al hablar con personal de salud, la realidad de los abusos sexuales, violaciones e incestos, violencia intrafamiliar, eran innegables, pero la posibilidad de cruzar cifras con el ministerio público era imposible.

La situación es sumamente grave, para mí es una emergencia humanitaria, pues esas violencias no van a desaparecer por más que el gobierno las ignore o las maquille, y tarde o temprano a fuerza de tanto replicarse de generación en generación, terminarán por convertirse en problemas sociales cada vez más graves para los cuales ni el gobierno ni el resto de la sociedad están preparados a enfrentar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado la obligación de los Estados para adoptar medidas que protejan a grupos de mujeres que tienen particular riesgo de violaciones a sus derechos humanos por la combinación de factores con su sexo, es decir, que se sumen otros factores al de ser mujer y que por ello puedan ser discriminadas o sufrir violencias, incluyendo a las niñas, las indígenas, migrantes, discapacitadas, etc.

Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Pará”, que fue el primer tratado vinculante para México en la materia, señala como algunas de las obligaciones de los Estados parte: “Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer…”

La pregunta es ¿cuándo el Estado mexicano lo hará realmente para ayudar a las niñas y mujeres indígenas de Amealco de Bonfil, y no sólo para cubrir su cuota de indicadores y acciones, salir sonriente en la foto y tener “palomita” en su cuaderno ante sus colegas en el extranjero?

 

* Elvia González del Pliego D. es coordinadora del Programa de Asuntos de Género, Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana.

 

 

[1] Huerta, C. (Coord.) (2012). El abuso sexual y su relación con los suicidios de niñas, niños y adolescentes indígenas de Amealco. México: Instituto Queretano de las Mujeres – Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas – Universidad Autónoma de Querétaro.

[2] (2012). Diagnóstico sobre los Programas y Proyectos Implementados por las Dependencias que atienden circunstancia relacionadas con la Violencia de Género entre población indígena en el estado de Querétaro. México: IQM –CDI – CREASOL A.C.

[3] (2009). Diagnóstico violencia intrafamiliar y de género en las comunidades indígenas del estado de Querétaro. México: Ayudares Amar, A.C.- CDI – CEDH.