La elección del ombudsman en los tiempos de Ayotzinapa

¿Por qué estamos ante la peor crisis de derechos humanos que ha padecido el país? ¿Las ejecuciones extrajudiciales no ocurrían en México antes de Tlatlaya? ¿A la clase política le faltaba 43 estudiantes para decirse indignada después de decenas de miles de personas desparecidas? ¿La respuesta internacional acentuó la crisis?

Las pésimas y ofensivas reacciones de las instituciones del Estado mexicano y sus políticos, tras lo acontecido en Iguala, son elementos que se suman a una indignación colectiva que en México no se ve con frecuencia.

Una adormecida e indiferente sociedad civil le ha dejado pasar mucho al Estado, que ha decidido olvidar el tipo de democracia que debiera construir.

Las violaciones a los derechos humanos llegan a conocerse solo cuando son muy graves, cuando las balas (de plomo o de goma) lesionan de muerte, o cuando quien incomoda por informarlas es asesinado.

La cultura de derechos humanos en el país de la indiferencia es deficiente en muchos sentidos; así que, lamentablemente, es lógico vivir trágicos capítulos como los que hoy vivimos. Por eso, cobra relevancia inmensa lo que está por suceder en el proceso de elección o reelección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El próximo 15 de noviembre concluirá el periodo de cinco años para el cual fue electo Raúl Plascencia Villanueva al frente de la CNDH. Durante su gestión, demasiados episodios relevantes en materia de derechos humanos han sucedido en la vida del país, siendo el más trascendente la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, que integró a México en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otorgó nuevas facultades a la CNDH para adoptar estándares más democráticos y eficientes.

Lejos de lograr los objetivos planteados en la reforma, la independencia de la CNDH ha sido fuertemente cuestionada, tras cinco años en los que su presupuesto aumentó 55%[1] mientras que el número de recomendaciones emitidas va a la baja y el ombudsman aplaude al titular del Ejecutivo Federal y lo llena de halagos, presentándolo como ejemplo de exportación para otros países.

“Le tramito su queja, pero fírmeme esta carta”

El apartado B del artículo 102 de la Constitución establece que el Presidente de la CNDH es elegido por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores mediante una consulta pública transparente, mientras que el artículo 10 de la Ley General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta “procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos…”

El pasado 16 de octubre, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado emitieron el acuerdo por el que se convocó a los aspirantes a presidir la CNDH a registrar su candidatura los pasados 20, 21 y 22 de octubre, solicitándoles acompañar a su carta de aspirante, su currículo, una exposición breve de su proyecto de trabajo y su propuesta de programa de trabajo en diez cuartillas. De 39 aspirantes que presentaron su solicitud, 21 cumplieron con los requisitos, según las comisiones legislativas.

La candidatura de Raúl Plascencia Villanueva se inscribió el 22 de octubre, un día después de que emitiera la recomendación por el caso Tlatlaya (atendido 3 meses después por la presión generada por la investigación periodística de la revista esquire), a través de 27 representantes (ombudsman estatales) de la Federación Nacional de Derechos Humanos que entregaron sus documentos junto con 16 cajas con “3 mil firmas de apoyo”, sin entregar relación o lista alguna de las organizaciones que en días pasados aseguró, respaldan su reelección. Lo anterior quizás tiene la siguiente explicación:

El pasado viernes 24 de octubre, acudí a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En la oficina del Secretario Técnico se encuentran las 16 cajas: 3 de ellas están repletas de carpetas con su currículo y 13 no están completamente llenas, pero tienen centenares de folders con cartas firmadas por representantes de organizaciones (algunas con copias de sus actas constitutivas). Lo sorprendente son las decenas de cartas idénticas del Estado de México, Veracruz y Quintana Roo (estados gobernados por el PRI y con índices elevados en violaciones a derechos humanos), en dónde se leen firmas autógrafas como “Alisia” o “Anastacia Martha”.

¿”Le tramito su queja, pero fírmeme esta carta”?

La mitad de la caja marcada como “1/13” está vacía. En ella se encuentran las cartas de apoyo de Rectores de Universidades y de organizaciones como el Comité Central de la Comunidad Judía de México A.C., el Museo Memoria y Tolerancia y la COPARMEX, Estado de México.

Al ver las cartas de Recomendación firmadas por David Noel Hernández y Fauzi Hamdan Amad, rectores del Tecnológico de Monterrey y de la Escuela Libre de Derecho, respectivamente; y del Dr. José Antonio Lozano Diez, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, es pregunta obligada si la comunidad estudiantil de esas instituciones está al tanto del apoyo brindado con el membrete de su institución, o si al menos fueron informados.

¿Es un tema menor que en las casas de estudio, el apoyo a una institución fundamental en la defensa de derechos humanos sea dado con esa ligereza?

El atrevimiento a pensar que sí, desnuda un alarmantemente bajo nivel de cultura y reflexión sobre derechos humanos, casi tanto como el atrevimiento de un ombudsman que acarrea firmas con “machotes”, como político acarreando votos.

La legitimidad ya no le alcanza al ombudsman contra quien familiares de los 72 migrantes masacrados en San Fernando interpusieron un juicio de amparo; al ombudsman que ignoró los hechos del #1DMX, en los que perdió la vida Juan Francisco Kuykendall; al ombudsman que palomeó una legislación que provocó que un menor de edad muriera por causa de una bala de goma en el estado que gobierna uno de sus principales promotores políticos; al ombudsman que no interpuso acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni se pronunció por ninguno de los temas de derechos humanos que contiene; al ombudsman que podría perder la ciudadanía por recibir una condecoración del gobierno de Taiwán sin la autorización de la SRE; al ombudsman contra el cual existe una solicitud de juicio político… ¿al ombudsman?

Y a nosotros: ¿Ayotzinapa y el terror de estos oscuros días de fosas clandestinas llenas de corrupción, nos alcanza para poner la necesaria atención en este proceso que en los siguientes días se desahogará en el Senado?

La apuesta para muchos políticos, incluido el actual “ombudsman”, es que la tragedia (en la que muchas organizaciones sociales críticas del papel de la CNDH están concentradas) mantenga el proceso de elección del titular de la CNDH como uno más de los clásicos procesos de designación por cuotas y compadrazgos. Sí, como esos que nos tienen llenos de rabia últimamente.

¿Podemos darnos el lujo de permitirlo?

 

* Alfredo Lecona Martínez (@AlfredoLecona)

 

 

[1] De $889,578,369.00 en 2011 a $526,802,677.00 para 2014.