La doble negación del cambio climático

Cuando nos silencian, se niegan a aprender de nosotras y siguen dejando de lado a aquellos que tienen soluciones reales para todas las comunidades. Somos expertos en clima. Somos los Kaitiaki, los guardianes de la naturaleza. Conocemos la legitimidad de nuestras voces, y ya es hora de que ustedes también las reconozcan. Escuchen nuestros relatos. Conozcan nuestras historias. Dejen de ocupar espacio con sus falsas soluciones y quítense de nuestro camino.

Kera Sherwood-O’Regan, representante maorí de las Organizaciones de Pueblos Indígenas en la COP25.

 

La reunión anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reunió en su vigésima quinta edición (la COP25) durante las primeras dos semanas de diciembre en Madrid. La COP, que originalmente iba a llevarse a cabo en Chile, tuvo que ser trasladada a Madrid después de la represiva reacción del gobierno de Sebastián Piñera al tratar de contener las protestas y movilizaciones masivas en contra de las reformas neoliberales que el país ha sostenido desde la década de los setenta. Originalmente, la COP25 había cambiado de sede antes, pasando de Brasil a Chile, en esta ocasión por la forma en la que el gobierno de Jair Bolsonaro ha sistemáticamente eliminado todas las restricciones de protección ambiental, castigado a grupos de defensoras y defensores y atacado a comunidades y pueblos indígenas.

Por un lado, la COP25 sucede en un momento que muchos han comenzado a identificar como una crisis del modelo económico neoliberal. Desde la crisis financiera de 2008 en los Estados Unidos, las reformas que buscaron sostener el modelo económico han producido una sistemática reducción del bienestar de millones de personas, generando un esquema con enormes desigualdades sociales y económicas; sacrificado el medio ambiente, las especies y los ecosistemas para perpetuar un modelo que apuesta al crecimiento económico infinito en un planeta finito, y para concentrar poder, materiales y energía en las manos de una pequeña élite.

Por el otro lado, el IPCC ha demostrado que limitar el incremento de la temperatura en 1.5°C para finales del presente siglo, requerirá un cambio sin precedentes en el modelo económico actual, en donde los países deben reducir a la mitad las emisiones actuales para el 2030. Sin embargo, las emisiones han crecido por cuarto año consecutivo desde la firma del Acuerdo de París y no muestran ninguna tendencia a reducirse. De acuerdo con estudios de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra, se estima un incremento de las emisiones del sector energético en 2019 del 0.6%, mientras que la Agencia Ambiental de los Estados Unidos apunta a que los combustibles fósiles seguirán representando el 70% de la matriz energética global en 2040. En otras palabras, los compromisos y el régimen internacional de cambio climático no sólo no han propuesto un modelo que permita reducir las emisiones al nivel necesario, sino que continúan exacerbando el problema.

No es una coincidencia que la falta de acciones necesarias y el surgimiento de discursos que busquen enverdecer este modelo sin verdaderamente cambiarlo en los últimos 30 años, coincidan con el surgimiento y la expansión global de las políticas neoliberales. Las protestas en Chile y la negativa de Brasil de auspiciar el encuentro del cambio climático demuestran las formas con las que varios gobiernos, particularmente en América Latina, están reaccionando ante el agotamiento ‘natural’ de este sistema. La incompatibilidad del modelo económico neoliberal y sus tensiones con el movimiento climático, el cual progresivamente ha reconocido que, solucionar el cambio climático requerirá ir mucho más allá que hacer algunos cambios aquí y allá del modelo capitalista, reflejan una necesaria y radicalmente distinta reconfiguración, la cual se traduce y debe comenzar en una movilización masiva y en una lucha de clases.

Hablar de una lucha de clases es algo que normalmente no escuchamos cuando hablamos de cambio climático, por el contrario, tendemos a individualizar nuestra responsabilidad a través de ideologías como la huella de carbono que reducen a acciones individuales las soluciones al problema, o a creer que emprendedores como Elon Musk o algún otro multimillonario inventará alguna tecnología que nos permita salir del problema (o incluso del planeta). Sin embargo, no presentar el cambio climático como un problema de clases sociales parece contrario a la lógica cuando sabemos que el 7% de la población es responsable del 50% de las emisiones, y que 100 compañías son responsables del 53% de las emisiones en la actualidad. Reproducir la ideología del neoliberalismo a través de narrativas como ‘son el conjunto de acciones individuales lo que producirá un cambio social necesario’ falla en reconocer cuál es el verdadero problema: son las empresas y compañías que controlan la producción orientada a los bienes y servicios de las sociedades modernas quienes dictan el consumo (desde la gasolina que va en nuestros tanques, hasta la comida rápida) el cual está atado a su capacidad de controlar la producción de bienes y servicios en la economía.

A pesar de lo anterior, muchas organizaciones de la sociedad civil, siguiendo la lógica de empresas y gobiernos, aún abogan por cambios tecnológicos disruptivos que permitan substituir la extracción de combustibles fósiles por tecnologías renovables; sin embargo, estas propuestas, así como las soluciones que buscan corregir el mercado o hacer la producción y el consumo más eficientes ignoran dos cuestiones fundamentales: primero, abogar por un modelo que no cuestiona el crecimiento económico supone superar los límites planetarios para mantener a una pequeña parte de la población a costa del resto y, segundo, el responsabilizar a todas y cada una de las personas, cuando existe una increíble desigualdad en la responsabilidad de contribución al cambio climático, tiende a obscurecer las verdaderas soluciones que pueden permitir un cambio real y efectivo: un movimiento social, colectivo y político que demande una verdadera transformación.

En Madrid, la COP 25 estuvo asechada por una sensación que no puede describirse de otra forma más que una revolución pasiva: mientras que miles de personas de todas partes del mundo confluyeron en la Feria de Madrid, la sede del evento estaba rodeada de espectaculares, anuncios y pabellones llenos de publicidad de decenas de empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos que siguen impulsando una agenda que pretende reconciliar el capitalismo y su fijación por el crecimiento económico con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Simultáneamente, tan sólo a unas estaciones de metro, se llevó acabo la Cumbre Social por el Clima en donde cientos de activistas, comunidades indígenas, organizaciones campesinas, académicas y académicos, jóvenes y representantes de movimientos sociales de todo el planeta se reunieron para discutir propuestas alternativas a este modelo.

La doble negación del cambio climático

Las discusiones en la Cumbre dejaron una lección muy clara: nos encontramos ante una doble negación del cambio climático. Por un lado, aunque sabemos que el fenómeno del cambio climático es indiscutible –el 98% de las y los científicos alrededor del planeta reconocen al cambio climático como un problema con consecuencias importantes para la vida en la tierra- y a pesar de que contamos con evidencia suficiente para identificar sus impactos -por ejemplo, el incremento de fenómenos hidrometeorológicos como sequías, inundaciones, huracanes y la perdida de cultivos, así como su creciente influencia en conflictos geopolíticos como la extracción de minerales e hidrocarburos en el Ártico o la acelerada reducción de cosechas en Centroamérica que ha propiciado la migración hacia los Estados Unidos en las última década-, la negación del cambio climático y sus impactos se encuentran más vivos que nunca.

Más allá de argumentos como los de Donald Trump -quien atribuye este fenómeno a teorías de conspiración chinas, negando también la crisis que implica-, en México aún existen columnistas y formadores de opinión como Sergio Sarmiento que continúan negando o quitándole importancia a los posibles impactos que este problema tendrá para países como México. Por lo tanto, es importante dejar claro que negar el cambio climático o pretender solucionarlo con más crecimiento económico implica justificar y normalizar un modelo basado en la violencia cada vez más devastadora para miles de millones de personas y especies de animales y plantas, en beneficio de una pequeña élite a nivel global.

Combatir y denunciar a los negacionistas es sólo una parte de la lucha. Los movimientos sociales que se encontraron en la Cumbre Social por el Clima, se enfrentan a un problema posiblemente más difícil de enfrentar pues implica una confrontación directa de lo que podemos llamar el ambientalismo para el 1%. Este ambientalismo se refiere a las propuestas, políticas y soluciones que han sido acogidas por gobiernos, empresas y algunas organizaciones de la sociedad civil, las cuales pretenden atender el cambio climático y la crisis planetaria en la que nos encontramos sin que nada tenga que cambiar. La dificultad, a diferencia de la confrontación directa con los negacionistas, es que estas propuestas parecen ofrecer una solución cuando en realidad sirven para legitimar y perpetuar las estructuras y procesos responsables del problema. Mientras que gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas siguen propagando fantasías como los mercados de carbono, el crecimiento económico infinito o el desarrollo tecnológico disruptivo como soluciones a todos nuestros problemas (cuando es la fijación de los gobiernos con el crecimiento económico lo que ha sido en gran parte responsable del cambio climático), los movimientos que demandan justicia climática alrededor del planeta ahora deben enfrentarse con este ambientalismo para proponer uno en beneficio del 99%, es decir, soluciones al cambio climático que apelen a las necesidades de la mayoría.

No es una sorpresa que en los últimos años, incluso reformas que parecen implementarse con la intensión de reducir emisiones, por ejemplo el impuesto a los combustibles fósiles en Francia en 2018, que despertó el descontento social, se vea como una imposición después de 30 años de políticas que han empobrecido a la mayoría. En este sentido, las políticas del cambio climático que tenemos que discutir son aquellas que irrumpen en los intereses del 1%, acciones que, en vez de ‘darles un respiro’ o de proponer soluciones ‘ganar-ganar’ -como el desarrollo sostenible, los modelos de intercambio de emisiones entre empresas o la economía verde-, permitan cuestionar, democratizar y retomar los medios de producción para el bienestar de la mayoría. Esto implica entonces una confrontación con esas estructuras de poder.

Un ambientalismo para el 99% requerirá una apertura del movimiento ambiental, el cual, a pesar de haber crecido de forma impresionante en apenas dos años, sigue constituyéndose en su mayoría por personas de clase media, organizaciones de la sociedad civil, académicos y estudiantes por un lado, o bien por comunidades indígenas, campesinos y otras poblaciones marginalizadas que se encuentran al frente del avance de los desastres climáticos, resistiendo la expansión de las fronteras de la mercancía por el otro.

Un movimiento masivo con las capacidades de producir una política efectiva para el cambio climático tendrá que apelar a los intereses de las clases trabajadoras -es decir, desde profesoras y profesores hasta ensambladores de autos y personas empleadas por empresas petroleras- y ofrecer soluciones que traigan un beneficio en su vida diaria: por ejemplo empleos con suficientes prestaciones y beneficios, reducción de los costos de la energía y el control democrático de los medios de producción, así como suficiente acceso y equidad en la distribución de los costos de una transición energética en beneficio de la mayoría.

En otras palabras, el movimiento ambiental no puede seguir siendo una discusión de la clase media que pretenda educar o convencer de la existencia del cambio climático y los cambios individuales de comportamiento, mientras las fronteras de la mercancía continuan expandiéndose y las decisiones quedan en manos de economistas y científicos. Esta estructura produce consumidores pasivos y sin atributos. El reto del movimiento ambiental, como algunas organizaciones y movimientos sociales ya lo han identificado, es demandar y producir políticas que, en vez de presentar al cambio climático como algo distante en tiempo y espacio y como un problema que trae oportunidades para el 1%, demuestren la urgencia, el riesgo que corremos al no atenderlo y los beneficios que una transición energética justa y democrática traerían para la mayoría.

Movimientos sociales y políticos en Estados Unidos y Europa han cobrado cada vez más relevancia para reconocer las posibles formas de apelar al interés de la mayoría y al mismo tiempo reducir las emisiones de GEI. Por ejemplo, en EUA, el Green New Deal ofrece una alternativa para producir una transformación de la infraestructura, acelerar la integración de energías renovables, ofrecer millones de empleos y seguridad social para la mayoría y, al mismo tiempo, reducir de manera drástica las emisiones de GEI. A pesar de que el GND no es perfecto -cuestiones como la creciente demanda de recursos y materiales a nivel global para sostener una transformación de la matriz energética, la creciente demanda de energía y el paradigma del crecimiento económico aún se mantienen- este es un programa que apela al bienestar de las mayorías, que busca reclamar las instituciones y reposicionar el papel del estado como líder de la transición energética.

Las contradicciones en México

En México, este debate no sólo está ausente, sino que está inserto en un candado político que no ha logrado reconciliar la descarbonización del modelo económico con la capacidad del Estado para producir un beneficio para la mayoría de las personas. Por un lado, la administración de AMLO ha sostenido una progresiva eliminación de las políticas de los gobiernos anteriores, identificando instrumentos como las Subastas de Energía a Largo Plazo y los Certificados de Energías Limpias (CEL) como promotores de un modelo de transición energética altamente tecnocrático y sin consideraciones sociales o espaciales. Sin embargo, al cancelar estos instrumentos, el gobierno ha desperdiciado la oportunidad de proponer un programa nacional que incentive la transición energética justa, con empleos estables y con beneficios sociales para la mayoría, así como un control democrático de la matriz energética y la reducción de emisiones de GEI de forma radical y efectiva. Por el contrario, el gobierno ha optado por priorizar un modelo basado en los combustibles fósiles (que incluyen combustóleo y, hasta el momento, técnicas problemáticas como el fracking) que no sólo no traerá un beneficio para la mayoría, sino que traerá más impactos negativos para las generaciones presentes y futuras debido a la continua quema de combustibles fósiles y a la falta de inversión en programas que reduzcan la vulnerabilidad del país.

No cabe duda que la COP 25 fue un fracaso y nada parece apuntar a que las siguientes reuniones producirán un marco efectivo para revertir la tendencia y el incremento de las emisiones. El ambientalismo del y para el 1% (que se refleja muy bien en las discusiones en torno al mercado de carbono que se llevaron a cabo en la COP) no sólo no ha producido las condiciones necesarias para atender la crisis climática, sino que ha perpetuado un modelo que la ha exacerbado progresivamente. El gran reto para el movimiento ambiental, tanto en México como en el resto del mundo, es entonces el combatir esta doble negación del cambio climático y proponer un ambientalismo para el 99%. Resistir y transformar este modelo requerirá de políticas transformadoras a nivel nacional y de una solidaridad planetaria en la cual tengamos la capacidad de identificar y atender las injusticias que se producen por el sistema energético a nivel global.

* Carlos Tornel es estudiante de Doctorado en la Universidad de Durham.