La doble cara de la protección internacional en México

Al cierre de 2021, México se posicionó como el tercer país con más solicitudes de asilo en el mundo con un registro de 131,448 1 casos, de los cuales 27,201 2 fueron reconocidos como personas refugiadas y beneficiarias de protección complementaria, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

México se convirtió así en uno de los principales Estados de acogida para aquellas personas que huyen de sus lugares de origen ante al riesgo inminente de que sus vidas y/o la de sus familiares estén en peligro por causas como violencia, inseguridad, reclutamientos forzados, falta de insumos médicos, persecuciones políticas, por orientación sexual, género, entre muchas otras.

Una de las razones del incremento de estas solicitudes se encuentra en el marco jurídico con que cuenta México para la protección e integración de este grupo de personas. La Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y su Reglamento, establecen los criterios de solicitud y seguimiento del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en el país, y a las personas sujetas de protección internacional -independientemente de su situación migratoria y al igual que a cualquier persona que resida en territorio mexicano- le asisten una serie de derechos y obligaciones.

Sin embargo, la práctica dista mucho de lo establecido en el papel. El acceso a derechos tan básicos como alimentación, educación, salud, vivienda, empleo, entre muchos otros, se ve obstaculizado por la falta de información y capacitación de las instituciones públicas y privadas, que excluyen a los solicitantes de asilo por falta de documentación de su país de origen, como acta de nacimiento, pasaporte, tarjetas de identidad, etc.

Otros grupos poblacionales que incluso ya cuentan con una residencia permanente, como las personas refugiadas y beneficiarias de protección complementaria, tampoco tienen mayores oportunidades para acceder a estos derechos e incluso se observa una exigencia más alta por parte de las representaciones públicas y privadas, que no solo les solicitan documentación del lugar de origen, sino también nacional, como la credencial de elector o la propia ciudadanía mexicana.

A lo anterior se suman otros factores externos como las problemáticas sociales, económicas y culturales dentro del territorio: inseguridad, pobreza, desigualdad, impunidad, corrupción, discriminación y racismo, que dificultan aún más la integración de esta población en las comunidades de acogida.

Es el caso de Alejandro, perseguido político que huyó de Venezuela a México. Después de una gran espera fue reconocido como refugiado, pero a pesar de contar con una residencia permanente le era difícil encontrar un empleo fijo porque siempre le solicitaban documentación apostillada o simplemente era excluido por no ser mexicano.

A pesar de eso, él y su esposa lograron juntar dinero e iniciar su propio negocio. Todo iba bien hasta que comenzaron a tener llamadas de extorsión y amenazas directas e indirectas en contra de su vida y la de su familia, por lo que se vieron orillados a cerrar el local.

Ahora él desea salir del país, pero no puede renovar su pasaporte venezolano por la persecución que sufrió y tampoco puede obtener uno mexicano porque para ello tendría que nacionalizarse, proceso que tarda poco más de un año y que además tiene un costo de $7,790 pesos.

De modo que Alejandro se siente atrapado dentro del territorio de un país que no le da una solución a la situación de inseguridad, ni a la debida integración de él y su familia, y tampoco le permite salir de manera regular, por lo que se pregunta: “¿de qué me sirve ser refugiado en México?”.

Es así como observamos la falta de actuación de los principales actores de la protección internacional en México, pues no solo se trata de tener marcos jurídicos que los respalden, sino de su debida aplicación. Se debe optar por brindar soluciones duraderas a esta población, es decir, no solo ofrecer una estadía regular en el territorio, sino apoyar a las personas sujetas de protección internacional en la integración de su nuevo entorno, acompañada a su vez por la sensibilización, empatía e información de la comunidad de acogida, con el fin de generar un ambiente de confianza e interés cultural que involucre a todos y todas. Solo así se logrará una sociedad más incluyente, en la que se brinden las mismas oportunidades para unos y otros.

* Fernanda Lara es Auxiliar en Área Legal de @SinFronteras_1.

 

1 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. (2022). Comparativos de datos de solicitudes de asilo en México de enero a diciembre 2021. Recuperado aquí.

2 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. (2022). Comparativos de datos de solicitudes de asilo en México de enero a diciembre 2021. Recuperado aquí.