La disyuntiva de la nueva constitución de Nuevo León

El proceso para hacer la nueva constitución en Nuevo León tiene dos finales posibles: producir ciertos cambios urgentes que ayuden a fortalecer la garantía de los derechos humanos, o terminar siendo un mero proceso de “Marie Kondo legal” para terminar con lo mismo. El viernes participé en el “Primer Foro de ciudadano” para hacerle comentarios y propuestas al proyecto. Mi intervención se centró en cuatro puntos: hacer que la nueva constitución sea ratificada por la ciudadanía, establecer mecanismos para exigir los derechos, cambiar la política de vivienda y ciudad, y eliminar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la vida desde la concepción.

Toda nueva constitución en un Estado que se dice democrático debe surgir de la legitimidad de la población. Externé mi preocupación porque la ciudadanía está viendo este proceso como un trabajo a puerta cerrada en el cual solo un grupo limitado de personas hemos podido intervenir. Por eso propuse que el proyecto de nueva constitución sea ratificado por medio del debate público y el voto popular.

La nueva constitución incluye un catálogo de derechos muy generoso, incluyendo varios que no están reconocidos en la Constitución Federal. Pero no se establecen mecanismos para exigir su cumplimiento, lo cual sería igual a no tenerlos. Propuse la creación de una Sala Constitucional al interior del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León para que se puedan presentar juicios contra el incumplimiento de esos derechos (amparo local) o cuando el Congreso no emita las leyes que tiene que hacer para garantizarlos (acción contra omisión legislativa).

La propuesta de nueva constitución reconoce el derecho a la ciudad, pero no el derecho a la vivienda. Esto me parece un síntoma de la perspectiva con la cual ambos temas han sido abordados en la entidad desde hace décadas. Nuevo León cuenta con un organismo fuerte encargado de otorgar títulos de propiedad (Fomerrey), pero su instituto de vivienda está disminuido a ser un satélite rezagado. Esto ha generado asentamientos de propietarios sin acceso a servicios básicos, en condiciones precarias, sin acceso al transporte y excluidas de la ciudad en la que se encuentran.

Por eso propuse reconocer el derecho a la vivienda adecuada en la nueva constitución, así como la creación de un Instituto de Vivienda y Ciudad que aborde ambos temas de manera conjunta y progresiva. No hay vivienda sin ciudad, ni viceversa. El otorgar títulos de propiedad es importante, pero debiera ser tan solo el primer paso de una política pública más robusta.

Por último, pero no menos importante, propuse eliminar del artículo 4 del proyecto el reconocimiento de la personalidad jurídica de la vida desde la concepción. Se ha dicho mucho que esta disposición sirve para garantizar derechos de herencia y patrimonio familiar, pero en la realidad su único efecto material es que las mujeres que abortan en alguno de los casos permitidos legalmente sean de todos modos sancionadas por el delito de homicidio en grado de parentesco. No evita los abortos y sí amplía la criminalización de las mujeres.

Ojalá que estas propuestas, así como muchas otras presentadas por compañeras y compañeros en ese espacio, sean tomadas en cuenta por el Congreso y el Gobierno de Nuevo León. Una nueva constitución no será nunca la panacea, ni la solución a todos los problemas que enfrentamos en la entidad. Pero sí puede renovar las bases sobre las cuales son atendidos. Es un paso insuficiente, pero necesario.

@kalycho