La dictadura perfecta

“México es la dictadura perfecta”. La frase resonó después de que Mario Vargas Llosa trazó la analogía entre la experiencia de dictaduras latinoamericanas y la hegemonía política del PRI. Y, ¿por qué no trazar esa analogía? El PRI claramente incurrió por más de medio siglo en abusos homólogos a aquéllos sufridos en las dictaduras latinoamericanas. Por muchos años permeó de manera sistemática el fraude electoral, la corrupción, las violaciones a derechos humanos y la impunidad. Así que, ¿por qué exonerar a nuestro gobierno de la tradición dictatorial?

La frase se volvió un símbolo de nuestro contexto político. El problema fue que una vez que denunciamos al gobierno priista como una dictadura, también decidimos equiparar su derrota presidencial con el derrocamiento de las dictaduras latinoamericanas. En el 2000, proclamamos nuestra abrupta transición de un régimen autoritario a una democracia multipartidista. Dicha categorización pareció asumir que un cambio de administración era suficiente para eliminar las circunstancias que posibilitaron la represión. Daba la ilusión de que se presentaban las mismas condiciones de gobernabilidad que cuando una dictadura era desestabilizada.

Sin embargo, México no tuvo una transición equiparable a la de las dictaduras latinoamericanas. El problema no fue únicamente la monopolización del poder en un mismo partido. Las elecciones presidenciales del 2000 fueron sin lugar a dudas históricamente significativas. Pero la victoria fue más simbólica que sustancial.

Esto no implica que las elecciones no sean tanto un presupuesto, como una parte indispensable de una democracia. Los cambios de administración llevan a transformaciones en las configuraciones de poder y facilitan una periódica rendición de cuentas. Asimismo, generan confianza en las instituciones e incrementan la participación política de la sociedad.

Sin embargo, la competencia electoral no produce necesariamente resultados democráticos. Cuando analizamos a las democracias desde un punto de vista meramente electoral, asumimos que las condiciones de gobernabilidad existen. La realidad es más compleja. Por ejemplo, la rendición de cuentas debería de ser una característica distintiva de las democracias. No obstante, en México no es ni una consecuencia ni una característica inherente de nuestro sistema político.

[contextly_sidebar id=”cx9b3ZgktCgenrIQZeeHDkNxlBMo30aR”]México es el arquetipo de un contexto en el que la utilidad de las elecciones depende del marco institucional, político y social. En este sentido, una importante distinción entre México y otros procesos de democratización es que el cambio de administración no fue parte de un movimiento anti-régimen. El proceso de transición de una dictadura a una democracia suele sobrevenir una dramática movilización social en donde se derroca al antiguo gobierno.

En contraste, los partidos políticos opositores no son –ni se supone que deban ser- movimientos anti-régimen. Funcionan como contrapesos que impiden el abuso del poder, preservan la representatividad y protegen intereses sociales. La democracia requiere que múltiples actores sean consultados en la toma de decisiones y lleguen a compromisos necesarios.

En México, el sistema político está controlado por un grupo de individuos interconectados. No hay una línea claramente trazada entre los “autoritarios” y los “demócratas”. La lealtad a un partido es difícil de rastrear. Los partidos se dividen en facciones y la oposición consiste en un grupo heterogéneo y generalmente dividido. Los candidatos cambian de afiliación política con base en el partido que mejor preserve su acceso a puestos públicos y recursos gubernamentales. De aquí deviene el famoso término del “chapulinazgo”.

Adicionalmente, México es un país caracterizado por acuerdos informales entre todos los partidos políticos. No es una colusión únicamente con políticos priistas autoritarios (o de cualquier otro partido), sino con una infraestructura corrupta. La pérdida de control del PRI sobre el gobierno federal no terminó ni las prácticas antidemocráticas, ni las redes de corrupción que habían proliferado entre todos los partidos políticos. Todos juegan bajo las reglas del clientelismo ante el incentivo del poder.

Otro punto de contraste entre nuestro régimen y el derrocamiento de una dictadura tiene que ver con las relaciones de poder. Cuando un régimen autoritario colapsa, nuevas identidades y relaciones emergen. Como las viejas élites son remplazadas, pueden definirse nuevos términos. La desestabilización del antiguo régimen posibilita la reconstrucción de instituciones y el posicionamiento de nuevos actores. La balanza del poder se tilda en beneficio del nuevo gobierno. En cambio, en nuestro contexto político, las configuraciones de poder se mantienen.

El PRI no se desintegró en el 2000, ni el PAN en el 2012. Sólo se convirtieron en fuertes partidos opositores. Los bloques, alianzas y demás acuerdos sobreviven. La influencia política, en vez de limitar el abuso del poder, se usa como punto de coerción frente a las nuevas administraciones. Los lazos privados llevan al clientelismo, corrupción e impunidad. Muchos de los antiguos perpetradores de delitos son personas poderosas que mantienen importantes puestos y pueden, por ejemplo, bloquear cualquier esfuerzo legislativo. La interdependencia lleva a una imposibilidad de la nueva administración de ser verdaderamente responsiva; de reivindicar el pasado.

En México, los nuevos gobiernos siempre han favorecido su capacidad para poder gobernar sobre otras preocupaciones. Buscan la justicia y la verdad, mientras no pongan en riesgo su propia estabilidad. Intercambian objetivos públicos de largo plazo por ganancias particulares de corto plazo. Dan prioridad a los acuerdos con otros partidos que les aseguren su posicionamiento en el gobierno; que les permitan un efectivo ejercicio del poder.

Tenemos una sociedad lastimada e impotente; enfrascada en una legacía de conflictos que no han sido resueltos. La solución no es sencilla. Estamos inmersos en un contexto político atípico, en el que coexisten tintes autoritarios y democráticos. Nuestro proceso de democratización no ha sido abrupto. Se ha llevado de manera parcial y gradual mucho antes de que el PRI perdiera las elecciones presidenciales en el 2000 y terminará mucho tiempo después.

Ante esto, es importante recordar que el problema yace mucho más allá de un partido político. En un sistema viciado, el cambio de administración es un instrumento poco efectivo para cumplir con las demandas de justicia social. Las nuevas administraciones suelen replicar la misma línea de hostilidades. Las violaciones a nuestros derechos son transferidas dentro de una deficiente infraestructura y los perpetradores se mantienen en el poder. Dejar a las instituciones inalteradas asegura que las prácticas autoritarias se mantengan. Necesitamos reformas estructurales y participación social.

Y la apuesta está en nosotros. El activismo y la participación ciudadana son cruciales para el quiebre del autoritarismo. Trabajemos dentro y fuera de las instituciones. Demandemos que a través de las elecciones, no sólo cambiemos de partido, sino que seamos representados de una manera más efectiva; los predecesores sean responsabilizados; se promueva la transparencia; se mejoren las condiciones económicas y sociales; se refuerce la confianza en las instituciones, y se procure la justicia social.

 

* Ana Gaitán Uribe (@AnaGaitanU) es abogada egresada de la UNAM. Actualmente está estudiando una maestría en la Universidad de Columbia