La defensa jurídica, el nuevo capítulo de la reforma electoral

En México pareciera que tenemos la creencia de que las soluciones a los grandes problemas del país se resuelven ajustando las reglas de acceso al poder, y a pesar de que lo electoral cobra protagonismo cada elección, este último año ha estado permanentemente en el debate público. Las reformas constitucionales y legales que se han planteado han puesto sobre la palestra la pertinencia o no de modificar radicalmente cómo se hacen las elecciones en nuestro país y el costo de las mismas.

Desde abril de 2022, con el envío del proyecto de reforma constitucional por parte del Ejecutivo, se abrió el debate sobre la pertinencia de llevar a cabo una reforma electoral y la profundidad de la misma. Para ello se llevaron a cabo ejercicios de parlamento abierto a mediados de año, pero eso no generó cambios en el proyecto inicial y sí llevó a una discusión y aprobación express del llamado Plan B de la reforma electoral en diciembre de 2022, que implica un paquete de reformas legales que reduce de manera importante la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral (INE), compromete los principios de equidad en la contienda y promueve, lo que en su momento tanto se criticó, la posibilidad de que funcionarios públicos -con los recursos y las estructuras que ello conlleva- influyan en el debate político.

Desde entonces se han emitido numerosas opiniones y documentos en los que se da cuenta sobre el retroceso y riesgos que puede implicar la reforma electoral aprobada, y aunque no todo representa un retroceso, vemos con preocupación que las reformas no atienden a las necesidades del país ni defienden los pilares democráticos que han permitido construir el sistema. Sin embargo, este proceso de reforma está lejos de terminar todavía.

Después del formalismo del proceso legislativo, luego de votar una modificación mínima en la Cámara de Senadores y publicar las dos primeras reformas en el Diario Oficial de la Federación, la batalla continuará, como se acostumbra en lo electoral, en la arena judicial con una defensa jurídica del sistema electoral mexicano y de las autoridades ante la propia reforma. Los partidos políticos, instituciones electorales, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios(as) públicas y hasta organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general acudirán a las instancias jurisdiccionales a buscar invalidar de la reforma lo que es contrario a la Constitución.

Es conocido que los partidos políticos de oposición e incluso algunos aliados interpondrán acciones de inconstitucionalidad. El propio INE, y probablemente algunos Institutos electorales locales, promoverán controversias constitucionales que deberán ser atendidas y resultas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, servidores y servidoras públicas de las autoridades electorales, así como colectivos ciudadanos, buscarán mediante el amparo frenar los efectos nocivos de la reforma y defender sus derechos.

Por lo anterior, la SCJN tendrá en sus manos el destino final de la reforma electoral. Este será uno de los primeros asuntos de máxima relevancia que está en manos de la nueva presidencia del Poder Judicial.

Las autoridades electorales seguramente se verán también involucradas en esta etapa pues podrían recibir impugnaciones y recursos electorales. Las vías disponibles en este rubro podrán ser tanto los juicios electorales como los juicios laborales, con los que se buscaría inaplicar aspectos concretos de los cambios legislativos y los derechos de las y los funcionarios electorales.

Será necesario en esta etapa revisar la calidad de los recursos legales, pues aunque los partidos políticos han anunciado mucho las acciones de inconstitucionalidad, habrá que ver si realmente trabajaron en demandas de calidad o se limitaron a alimentar solo de forma retórica los recursos que interpongan. En cuanto a los demás posibles accionantes, lo primero será ver hasta dónde los órganos jurisdiccionales reconocen legitimación e interés jurídico para buscar invalidar la reforma por vicios de constitucionalidad y, en segundo lugar, los posibles efectos de las determinaciones judiciales, es decir, el alcance que tengan las sentencias.

Los tiempos son ajustados, pues sin la aprobación y puesta en práctica de la reforma el proceso electoral empezaría la primera semana de septiembre, pero en caso contrario este empezaría en la tercera semana de noviembre, en ambos casos de este año. Sin embargo, en cualquier situación, noventa días antes del inicio del proceso electoral se necesita tener certeza sobre el marco jurídico que se va a aplicar, por lo que las instancias jurisdiccionales no sólo tendrán mucho trabajo, sino que además deberán aplicar el principio de justicia pronta y expedita, pues de lo contrario puede no haber justicia alguna.

@Eleccionesymas