La defensa de los derechos humanos bajo amenaza permanente

El 29 de marzo se presentó a nivel global el Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo. Como cada año, el informe presenta una radiografía mundial del estado de los derechos humanos.

El balance para la región de las Américas es devastador. En el continente más desigual del mundo, y pese a que la pandemia de COVID-19 continua exacerbando aún más las desigualdades, los Estados de la región no se han enfocado en una recuperación justa, por el contrario, han emprendido esfuerzos para socavar los derechos humanos, reprimir manifestaciones pacíficas, amedrentar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y poner en peligro la independencia judicial, en un intento por silenciar las voces disidentes; todo esto, en la región más letal para la defensa de los derechos humanos. Tan solo en enero del 2022 20 de ellas fueron asesinadas y el año pasado se perpetraron decenas más de crímenes contra estas personas en Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela, entre otros países.

Desde el año pasado, los Estados recurrieron a un abanico de herramientas y tácticas represivas como las amenazas, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias por motivos políticos, los enjuiciamientos infundados, y otras sofisticadas formas de reducir el espacio para el activismo. Como en Estados Unidos, donde al menos en una treintena de estados fueron presentados más de 80 proyectos de ley que limitaban la libertad de reunión pacífica; o en Colombia, que fue epicentro de una brutal represión durante las protestas efectuadas en el marco del Paro Nacional, que arrebató la vida a 84 personas, causó la detención de más de 3 mil personas, y provocó heridas a miles, incluidas más de 100 con traumas oculares severos, además de que hubo 49 denuncias por violencia sexual.

En Cuba, se continúa coartando de manera sistemática la libertad de expresión. Centenares de personas fueron detenidas cuando se suscitaron las históricas y esperanzadoras protestas de julio del año pasado, por lo que Amnistía Internacional nombró a varias de estas personas presas de conciencia. Además, las marchas convocadas meses después, en solidaridad y en exigencia de la libertad de estas personas, fueron prohibidas. El 16 de marzo, las autoridades cubanas tomaron la inusual medida de hacer públicas al menos seis sentencias relacionadas con unas 129 personas, varias de ellas adolescentes, que habían sido acusadas de delitos más graves por manifestarse. Se las acusó principalmente de lanzar piedras o botellas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley, y algunas fueron condenadas a 30 años de prisión.

En El Salvador, se hicieron públicos decenas de casos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que estaban siendo vigiladas ilegalmente con el software espía Pegasus del NSO Group, lo cual develó una nueva etapa de preocupación respecto a la libertad de expresión en el país. En el contexto del incremento del autoritarismo en El Salvador, el régimen de excepción aprobado recientemente por la Asamblea legislativa de ese país, a pedido del presidente Bukele ante la escalada de violencia, es otra alerta sobre cómo éste puede ser utilizado para menoscabar los derechos de la población.

Otra de las graves crisis en la región es la que enfrenta Venezuela. Durante años, organizaciones venezolanas, y múltiples organismos y organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han documentado y denunciado la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro, que ha tenido como objetivo silenciar la crítica y la disidencia. Este contexto dio pie a que la Corte Penal Internacional iniciara la primera investigación formal en un país de nuestro continente, abriendo la puerta para que las víctimas de las atrocidades cometidas por el gobierno de Maduro tengan acceso a la justicia que se les ha negado por años.

En Nicaragua, en el contexto de las elecciones del 2021, se denunciaron violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias de decenas de prominentes figuras de la sociedad civil y la oposición, incluidas siete personas aspirantes a la presidencia. Éstas se sumaron a la lista de las más de 160 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El gobierno de Ortega continua su cruzada violenta en contra de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes. Durante el 2021, y en lo que va de este año, se ha cancelado el registro de múltiples asociaciones, incluidas 14 universidades.

Podríamos seguir recorriendo la región, y enunciando las múltiples crisis que la atraviesan, desde la violencia de género, hasta el drama que enfrentan los millones de personas refugiadas y migrantes en el continente. Es en este contexto que la situación en México sigue adquiriendo una alarmante preocupación, dada la profundización de una crisis prolongada de derechos humanos, que lo ha convertido en un país de víctimas, fosas y personas desaparecidas.

Estas son siete preocupaciones en México, en una larga lista de Amnistía Internacional

1. Persiste la militarización de la seguridad pública. Como parte de la estrategia de seguridad pública, en 2021 el gobierno desplegó en las calles a 99 mil 946 efectivos militares, el mayor número desde que en 2006 iniciara la “guerra contra el narcotráfico”. Además, el año pasado el gobierno asignó más tareas a las fuerzas armadas: control de puertos y aduanas, construcción de obra pública, incluso apoyo en el proceso de vacunación contra la COVID-19. El año 2021 lo cerramos con el anuncio presidencial de que será presentada una iniciativa de ley para incorporar formalmente la Guardia Nacional a las fuerzas armadas.

2. Desapariciones forzadas. En 2021, las autoridades registraron al menos siete mil 698 casos de personas desaparecidas y no localizadas, con lo cual, al finalizar el año, alcanzamos una cifra de 97 mil personas desaparecidas desde 1964. Además, la impunidad continúa: a diciembre de 2021 sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada.

3. Tortura y otros malos tratos. A pesar de la narrativa gubernamental, en México la tortura continúa siendo generalizada, como lo hemos denunciado desde las organizaciones de la sociedad civil y lo ha reconocido el ex Relator para la tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez. Sobre este tema, el gobierno sigue teniendo pendiente la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En este tema hay un aspecto positivo que podemos destacar. En agosto, el presidente firmó un decreto para poner en libertad a las personas que están en prisión preventiva prolongada bajo determinadas atenuantes: que fueran de edad avanzada o víctimas de tortura y que no hubieran cometido delitos considerados como graves. Esta decisión permitió la excarcelación de más de 682 personas, y se estaban revisando cuatro mil 233 expedientes.

4. Migración. Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo continuaron siendo sometidas a uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y devoluciones ilegales por parte de las autoridades migratorias, así como a secuestros y homicidios por parte de actores no estatales.

El año pasado la COMAR recibió 131 mil 448 solicitudes de asilo, la cifra más alta de la historia y hasta noviembre de 2021 las autoridades mexicanas habían devuelto 101 mil 571 personas migrantes centroamericanas y recluyeron a 252 mil 526 personas en centros de detención de inmigrantes.

Desde Amnistía Internacional seguimos insistiendo en que la gestión de la migración por parte de la Guardia Nacional, constituye un riesgo para el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes.

5. Violencia contra mujeres y niñas. Este tipo de violencia en México continúa siendo generalizada. En 2021 se registraron en el país 3 mil 716 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 estaban siendo investigados como feminicidios.

Las autoridades siguen incurriendo en graves deficiencias al investigar los feminicidios. En 2021 publicamos la investigación Juicio a la Justicia en la que documentamos que el personal de las Fiscalías no investiga lo suficiente, pierde evidencias y no aplica correctamente la perspectiva de género. Estas falencias derivan en impunidad, pero además, las familias de las víctimas deben invertir tiempo y dinero para impulsar las investigaciones realizando tareas que las ponen en riesgo y que las hace víctimas de violencia institucional. En México, buscar justicia es costoso económica y emocionalmente, y además es peligroso.

6. Libertad de expresión y de reunión pacífica. Como parte del monitoreo que realizamos desde Amnistía Internacional al derecho de las personas a protestar, en 2021 documentamos detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, violencia sexual y criminalización de personas de diversas colectivas feministas en los estados de Querétaro, Aguascalientes y Jalisco. Además de que continúan impunes las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes policiales durante las protestas feministas de 2020 en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Quintana Roo, documentadas en nuestro Informe La Era de las Mujeres.

Por otra parte, en mayo del año pasado, las autoridades detuvieron a 97 personas durante una protesta de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas. Entre ellas había 74 mujeres, algunas de las cuales denunciaron haber sido sometidas a violencia sexual por parte de agentes policiales.

7. Personas defensoras de derechos humanos y periodistas. México es un país de muy alto riesgo para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos. La organización Artículo 19 registró siete asesinatos de periodistas en 2021 y, lamentablemente, en el primer trimestre de este año fueron asesinadas ocho personas periodistas.

También recordamos que durante 2021 fueron desaparecidas varias personas defensoras de derechos humanos, como Grisell Pérez Rivera, Claudia Uruchurtu Cruz e Irma Galindo, así como varios líderes del pueblo yaqui.

En un hecho fuera de toda lógica, en 2016 la Fiscalía General de la República, en lugar de investigar la masacre de 193 personas perpetrada en San Fernando, Tamaulipas, en 2011, abrió investigaciones penales por secuestro y delincuencia organizada contra una periodista y dos defensoras de los derechos humanos que documentaron el caso y que además brindan acompañamiento a las familias de las víctimas.

La FGR mantiene abierta dicha investigación y el Estado mexicano aún no da respuesta a la petición de información que le hizo sobre ese tema el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas.

Pocos avances

En nuestro informe global anual también referimos avances en materia de derechos humanos en México, pero lamentablemente son pocos. Entre ellos destacamos tres: la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para atender las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia”; la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud, que prohibían el consumo recreativo del cannabis, y los avances en el reconocimiento del derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar.

Al concluir el año 2021, el aborto era legal en seis estados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia histórica donde plantea que es inconstitucional la prohibición del aborto. También invalidó la cláusula sobre la objeción de conciencia del personal médico a la hora de practicar un aborto, que figuraba en la ley sobre salud.

El Informe de Amnistía Internacional 2021/22 -que tiene como telón de fondo los 50 años de la fundación de Amnistía Internacional México-, nos permite confirmar que el continente y México continúan atravesando una grave crisis de derechos humanos. Vemos con gran preocupación el riesgo de reducción del espacio cívico, derivado de los constantes ataques a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas periodistas y las defensoras de derechos humanos, tanto por la vía narrativa como mediante iniciativas legislativas orientadas a limitarles los recursos de financiamiento.

México se incluye así a una preocupante tendencia política en que las narrativas tóxicas demonizan a las organizaciones de la sociedad civil, con la intención de silenciar los puntos de vista críticos o disidentes y obstaculizar nuestra capacidad para escudriñar a las instituciones del Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil observamos, vigilamos, denunciamos y exigimos cuentas a los Estados, pero también hemos elaborado propuestas que hoy día forman parte de leyes y políticas públicas que reconocen los derechos humanos, al tiempo que acompañamos casos cuando el Estado no garantiza a las personas acceso a servicios, a verdad, justicia y reparación. Esta contribución es una realidad que nos ha llevado décadas de trabajo intenso y fecundo, que por ningún motivo debe ser soslayada y tampoco podemos permitir que sea socavada en el continente, en México, ni en ningún otro país.

* Erika Guevara Rosas (@ErikaGuevaraR) es Directora para las Américas de Amnistía Internacional @AmnistiaOnline. Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @AIMexico.