La debilidad institucional de Guerrero

En los últimos años Guerrero ha protagonizado la coyuntura nacional en materia de seguridad, justicia y corrupción.

Desde su inicio, la administración del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se ha visto manchada por una sistemática serie de actos de nepotismo y corrupción. Sin embargo, en esta última semana homicidios plúrimos, homicidios políticos, homicidios injustificados y la desaparición de 41 estudiantes -que fueron atacados por la policía local- ponen en evidencia la profunda descomposición de la entidad.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se refirió a estos recientes casos como un ejemplo de la debilidad institucional de la entidad federativa y ofreció el apoyo de la fuerza federal para restablecer la paz en cuanto así lo solicite el Jefe del Ejecutivo del estado de Guerrero.

Ante estas declaraciones, el gobernador Aguirre Rivero defendió la fortaleza de las instituciones de Guerrero y explicó que si la policía estatal no ha tomado el control de las policías municipales, se debe a dos razones: la falta de personal y el nivel de penetración de la delincuencia organizada en las policías municipales.

[contextly_sidebar id=”ZOrjc2FsJ9q8e9d1L1UvdGPcBkCFAQ5I”]Difícil entender cómo él entiende la debilidad institucional, pues por un lado reconoce la insuficiencia e incapacidad de las agencias de seguridad estatal y al mismo tiempo les da legitimidad para hacer frente a problemas de mala actuación, corrupción y colusión. Es debilidad institucional que una policía local actúe por criterios individuales respecto a protocolos de actuación; debilidad institucional es la falta de respeto a los derechos humanos, la respuesta desafortunada de autoridades locales que, por estar en una fiesta, desconocen el actuar de sus policías; debilidad institucional es que no se pueda garantizar la seguridad de las personas en la entidad, que 41 personas estén desaparecidas; así como debilidad institucional es que las autoridades estatales o municipales se reconozcan incapaces de resolver esta problemática sin renunciar a un cargo que evidentemente no pueden honrar.

Son totalmente inaceptables las declaraciones del gobernador y la justificación sobre la falta de intervención directa de las fuerzas estatales debido a carencia de recursos ya sea humanos o financieros, y sobre todo el reconocimiento de la penetración del crimen organizado en las estructuras institucionales municipales. Este no es un problema reciente, estamos ante condiciones históricas bien conocidas por la clase política.

Prueba de ello es que en 2012, más de la cuarta parte de la población encuestada por el INEGI en Guerrero respondió que no confiaba absolutamente nada en la policía municipal y el 70.4% confiaba entre poco y nada en la policía estatal. Esto, sin lugar a dudas, refleja la debilidad histórica de la instituciones locales.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guerrero es la segunda entidad con mayor cantidad de homicidios dolosos, la sexta en secuestros, la doceava en extorsiones en lo que va de 2014. Por su parte, Acapulco se mantiene como el municipio con el mayor número de homicidios dolosos con una tasa de 106.35 por cada 100 mil habitantes en 2013. En ese mismo año, fue considerada la tercer ciudad de América Latina con el mayor número de este tipo de delito y como el segundo municipio con más secuestros, tras registrar una tasa 453% mayor que la nacional.

Por otro lado, no hay que dejar a un lado la situación de Chilpancingo, cuya tasa de secuestro por cada 100 mil habitantes fue 1008% superior a lo registrado en el ámbito nacional, al grado que fue el sexto municipio con mayor cantidad de casos de este ilícito en 2013. Respecto a lo sucedido en materia de homicidio doloso, destaca que en dicho año reportó 63.73 averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes.

Estos índices municipales de delitos de alto impacto violentos denotan que lo sucedido el pasado fin de semana en Guerrero no es un mero tema coyuntural, sino que es el reflejo del deterioro progresivo de las condiciones de seguridad ciudadana.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano hemos insistido: casos como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz requieren una profunda reconstrucción de las instituciones y del tejido social, más allá de la presencia policial. Requieren de autoridades que asuman con responsabilidad el peso de su cargo y su obligación de garantizar seguridad y progreso a la población que decidieron gobernar, es lo menos que pueden hacer por todos los ciudadanos mexicanos que les dieron su voto de confianza.

* Francisco Rivas es director general del Observatorio Nacional Ciudadano.