La culpa no es de la Corte

 

Por razones personales no he podido darle seguimiento a la reciente decisión de la primera Sala de la SCJN en el amparo conocido como “Caso Cassez”. Sin embargo aprovecho mi espacio en Animal Político para publicar esta reflexión de mi padre.

Por: René González de la  Vega

Ante la liberación de una mujer francesa de la prisión y cuyo caso ha ocupado la atención nacional por diversos e intensos momentos, mostrando indignación, satisfacción, comprensión, según el punto de mira de cada quien, es preciso hacer algunas reflexiones. Sí, se “nos fue viva la paloma”, dirán algunos muy molestos; otros argumentarán que había pruebas suficientes y necesarias para su condena, pero, claro, sin conocer el expediente, sino opinando de oídas y con el hígado por delante. Algunos han mostrado un conocimiento un poco más preciso del sistema normativo y judicial y han visto con buenos ojos, aunque preocupados, esta decisión de la Corte mexicana, pues se abren boquetes grandes en las instituciones y se exhibe lo peor de nuestro sistema de justicia, pero no por cierto por culpa de la primera Sala de la Corte, sino de las autoridades responsables de la investigación y persecución de los delitos.

Nos queda clara la indignación mostrada por muchos en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que se libere a una extranjera de una condena, si debía estar en prisión el resto de sus días? Todos, todos, habían ya juzgado y condenado, incluidos los tribunales y juzgados involucrados en el proceso; Aquí la cuestión no es hablar de culpabilidad o inocencia de la francesa, sino ¿de qué forma se le juzgó en México y cómo?, esto es, con qué elementos de convicción y cuál era su validez jurídica.

El enojo o irritación sociales no debía volcarse en contra de la sentenciada francesa, sino que debía colocar el acento en el ¿qué pasó y por qué? Si ella era culpable, ¿por qué salvó la pena?, y si es inocente o tal vez, no culpable por una duda razonable, ¿por qué estuvo en prisión más de siete años?

Por esta última razón quedó libre el señor famoso de “presunto culpable”, la película del furor; también quedó libre y salvó la pena de muerte en Texas aquel individuo que luego fue celebridad televisiva. Pero ahora pareciera que la señora francesa es la responsable de nuestras pifias y mal trabajo de investigación y persecución, esto es, de la PGR, y de nadie más. Si queremos mostrar molestia, desde luego ésta no se debe volcar sobre la mujer enjuiciada, sino en todo caso, sobre quienes fueron los responsables de que el sistema de justicia mexicano funcionara y prosperara.

Ella no fue juzgada conforme a la ley vigente y sí violaron en su perjuicio incontables derechos y garantías que anulan todo el juicio seguido, según quedó establecido en el debate de la primera Sala de la Corte y en su resolución final.

La Ministro ponente sostuvo en su proyecto presentado al inicio de la sesión de la primera Sala de la Suprema Corte una solución, digamos de medio paso, lo que es técnicamente impecable aunque debatible; se expresaba que el Amparo debía otorgarse a la demandante francesa para el efecto preciso de que el Tribunal señalado como autoridad responsable volviera a juzgar, pero omitiendo considerar todos los elementos de probanza que se estimaron inválidos por violaciones graves a la Constitución.

Otros dos Ministros de los cinco integrantes de esa primera Sala, desestimaron ese proyecto, argumentando que en efecto, había que reponer el juicio a la francesa, pero estimando todas las pruebas que no fueran fruto del árbol prohibido del montaje mediático tan criticado.

Otros dos, los últimos, estimaron también que no estaban de acuerdo con el proyecto de la Ministro ponente, pero porque ante las violaciones tan graves y evidentes a la Constitución presentadas durante la investigación, detención, y averiguación de los hechos delictivos, ni siquiera procedía un nuevo juicio, pues todo su contenido estaba viciado de origen y por tanto, procedía conceder el Amparo total a la quejosa francesa, para que obtuviera su libertad inmediata.

La Ministro ponente se allanó a ésta posición, y congruente también con su convicción jurídica votó con estos dos últimos Ministros. Eso implicó la libertad inmediata de la demandante. En general, lo que quedó muy claro, es que el juicio había sido inválido y por tanto inexistente y, o se reponía sin pruebas suficientes que eventualmente hubiera llevado también a la absolución, o se otorgaba, como se hizo, el Amparo total.

La verdad monda y lironda es que el sistema mexicano de seguridad pública y procuración de justicia ha quedado exhibido en toda su incompetencia, corrupción, deshonestidad, improvisación e incapacidad para lograr justicia y recordemos con otros botones de muestra, situaciones rayanas en lo ridículo, como el llamado “Michoacanazo”, o el de un personaje de Tijuana y muchos otros en los que se muestra la pobreza de calidad de algunos funcionarios.

Esos funcionarios de la procuración de justicia son quienes deben recibir el enojo y molestia de la población y, además, el terror de no caer en sus manos, muy disparatadas, pero muy lesivas.

Éste es un caso fehaciente de cómo, en la época más reciente de México, se trataron las cuestiones de la criminalidad, se montó una guerra absurda y genocida y se fracasó en todo el frente de la justicia penal, que hoy debe recomponerse sin escapatoria alguna, pues en ello va el destino de México.

 

* René González de la Vega es Penalista. Miembro numerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.