La crisis forense en Guanajuato

La crisis forense en Guanajuato tiene dos expresiones: por un lado, la dificultad para la identificación masiva de los recientes hallazgos de restos óseos (tesoros, dicen las familias) que suman al menos un par de centenares de cuerpos, y por otro los casos individuales que demuestran retraso, dilación y malas prácticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGJEG). El flamante Fiscal de Diego Sinhué, que cumple dos años en el puesto, tiene sumida a la entidad en una crisis de impunidad y violencia.

En Salvatierra se encontraron al menos 79 cuerpos, según reportó Animal Político; en Cortazar fueron 49, y en Acámbaro fueron 104 bolsas las que se encontraron con restos humanos, tal como lo relató Alberto Pradilla. Más de 200 restos óseos.

Son varios los casos de negligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGJEG) en los que no sólo no ha realizado una pronta identificación de cuerpos y restos óseos, sino que han sido omisos en la notificación a las familias.

El primer caso que ejemplifica esta situación es el de Ulises Alberto Rojas Flores y Fernando Israel Martínez Sánchez, dos hombres desaparecidos en Silao en julio de 2019, quienes se presume fueron desaparecidos por sujetos armados que viajaban en el mismo vehículo que, además, fue custodiado por policías municipales de Silao. Sus cuerpos permanecieron sin ser identificados en los servicios forenses hasta que las familias les identificaron un mes después. Las autoridades declararon posteriormente ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), que habían entregado “el 60% del cuerpo de Israel” a la familia. Su esposa participa activamente en las búsquedas para encontrar el resto de su cuerpo.

En otro caso, según reportó el portal Ágora, José de Jesús Esquivel desapareció en noviembre de 2020 en Celaya, ese mismo día su cadáver fue encontrado, pero no es hasta el 18 de enero de este año que notifican a su madre que su cuerpo había estado en la morgue hasta el día 13, cuando fue enviado a enviado a la fosa común.

El tercer caso, es el de los queretanos Juan Manuel Orozco Parra y Jorge Alan Reyes Nieves que fueron desaparecidos en Celaya y cuyos cuerpos fueron identificados en el servicio forense de ese municipio hasta que las familias se presentaron al lugar. Las familias fueron revictimizadas por la Secretaría de Gobierno y la FGJEG, quiénes les hicieron trasladarse de Celaya a San Miguel de Allende y a Dolores Hidalgo, por qué allí había condiciones para la preparación de los cuerpos para el traslado, según dijeron.

En un caso similar, la familia de Giovanni Piñón, tuvo que esperar al menos seis meses para recibir los resultados de ADN y que un cuerpo encontrado por la FGJEG correspondía a él.

Y ¿qué decir de uno de los casos más recientes, en el que existe el reto de identificar cuerpos destazados? Se trata del caso de tres jóvenes de Juventino Rosas, cuyas familias han tenido que esperar meses para su identificación. Las familias no sólo tienen que identificar fragmentos de los cuerpos, algunos calcinados, sino que tienen que soportar la dilación y los malos tratos de la Fiscalía.

Israel, Ulises, Jesús, Juan Manuel, Alan, Giovanni representan sólo algunos rostros de la crisis forense. Lo aquí relatado representa sólo el segundo semestre del año pasado, pero ya dan cuenta de una crisis forense de grandes magnitudes en Guanajuato. En diciembre pasado, el Fiscal General Carlos Zamarripa dijo a las familias que estaba a punto de entregar más de 100 resultados de ADN y que estaban por notificarse a las familias de estas identificaciones. ¿Por qué administrar el dolor de esta manera?, ¿Qué sucedió con esos casos señor Fiscal?.

La familias de los Colectivos le enviaron una carta al Secretario de Gobierno solicitando que estableciera un Diagnóstico y un Programa de identificación forense, y que en su calidad de Presidente del Sistema Estatal de Búsqueda aceptara la asistencia técnica de equipos independientes, pero no ha respondido. ¿Será por qué ahora ya está pensando en su próximo puesto como diputado local y como futuro coordinador de la bancada del PAN?

Las familias podrían ejercer su derecho a la participación y exigirle a la Comisión y al Sistema Estatal de Búsqueda que haga suyas las propuestas de asistencia técnica, pero no pueden hacerlo; sencillamente porque el Congreso Local tiene casi 6 meses de retraso en la emisión de la Convocatoria para conformar el Consejo Ciudadano, ignorando totalmente la participación de las familias. Lo que les obliga a seguir insistiendo en la asistencia técnica a partir de los oficios. Oficios que no son respondidos.

Urge una respuesta a la crisis forense en Guanajuato.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es es defensor de derechos humanos.