La crisis en Paraguay

Esta semana vimos una crisis en Paraguay. Las calles de Asunción fueron escenario de protestas, enfrentamientos y represión, mientras que el presidente Santiago Peña fue destituido y posteriormente arrestado. El detonante fue la intervención de Ueno Bank, una de las principales instituciones financieras del país, por parte del Banco Central paraguayo. La suspensión de sus operaciones dejó a cerca de la mitad de la población sin acceso inmediato a su dinero y provocó un estallido social.

Sin embargo, la intervención de Ueno Bank terminó revelando un problema mucho más profundo, pues exhibió un escándalo de presunta corrupción, conflictos de intereses y utilización irregular de recursos públicos. Las investigaciones pusieron bajo escrutinio los vínculos entre el Grupo Vázquez, propietario del banco, y el gobierno de Santiago Peña. Entre las irregularidades señaladas se encuentra la concesión de créditos a empresas pertenecientes o vinculadas con los propios propietarios de la institución, que para ello utilizaron los depósitos de clientes y recursos públicos. Estas operaciones, presuntamente realizadas sin garantías suficientes y sin que las empresas beneficiarias contaran con solvencia para responder por sus deudas, comprometieron la estabilidad del banco y expusieron los recursos de sus depositantes. Así, el caso trascendió el ámbito financiero y puso en entredicho la supervisión estatal y las relaciones entre las élites empresariales y políticas de Paraguay.

Cabe mencionar que no es la primera vez que algo así sucede en Latinoamérica. En diversas ocasiones las élites económicas utilizan sus instituciones bancarias para financiar sin respaldo sus propias empresas. Ejemplos de esto lo podemos ver con intervenciones bancarias en Chile entre 1981 y 1983, en Venezuela en 1994, Costa Rica en 1994, en Paraguay en 1995, en Ecuador en 1999, Uruguay en el 2002, República Dominicana en el 2003, Bolivia en 2023 y Brasil en el 2025. En estos casos vemos un patrón recurrente donde un grupo corporativo compra un banco, este banco realiza préstamos a dicho grupo empresarial, usualmente los créditos no se pagan y se genera un colapso bancario en el que tiene que intervenir el Estado para salvaguardar los ahorros de la población.

El meteórico crecimiento de Ueno Bank

En el caso de Paraguay, Ueno Bank había experimentado un crecimiento acelerado desde su aparición como institución financiera digital. Su expansión estuvo vinculada al Grupo Vázquez, un conglomerado empresarial con intereses en sectores financieros, tecnológicos y de servicios. La entidad llegó a reunir aproximadamente 2.9 millones de clientes, lo que representa casi a la mitad de la población paraguaya, y a administrar cerca de 850 millones de dólares en recursos pertenecientes a organismos públicos, además de depósitos de particulares y empresas. Su importancia dentro del sistema financiero paraguayo hacía que su estabilidad tuviera consecuencias que trascendían ampliamente a sus accionistas.

Como tal, el banco está bajo investigación por otorgar préstamos a empresas vinculadas con el propio Grupo Vázquez, algunas de las cuales presuntamente carecían de garantías y solvencia suficientes. En la práctica, parece ser que la institución utilizaba los recursos públicos depositados por el gobierno de Peña para respaldar entre 140 y 150 millones de dólares en créditos de alto riesgo a empresas vinculadas a sus propietarios. Dicho de otra forma, se estaban usando los fondos públicos para prestar dinero a socios del grupo empresarial, por lo que el banco terminaba financiando indirectamente los intereses de sus propietarios.

La Fiscalía paraguaya investiga si esta operación permitió trasladar artificialmente activos problemáticos y ocultar la verdadera dimensión del deterioro financiero de la institución. En otras palabras, el problema no era únicamente que Ueno hubiera concedido créditos de alto riesgo, sino que presuntamente habría utilizado operaciones entre empresas relacionadas para disimular la concentración de esos riesgos y presentar una situación patrimonial más favorable de la que realmente tenía.

El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó intervenir Ueno Bank después de detectar que sus niveles de solvencia habían caído por debajo del mínimo legal. La decisión implicó la interrupción de sus operaciones y dejó a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus cuentas, tarjetas y servicios financieros. El impacto fue especialmente grave porque la institución no solamente concentraba los ahorros de una gran parte de la población paraguaya, sino también recursos de organismos estatales y fondos previsionales.

¿Por qué el colapso bancario es un problema de interés nacional?

Entre los casos más sensibles se encontraba el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar recursos destinados a jubilaciones y prestaciones sociales. Esto ponía en riesgo aproximadamente 850 millones de dólares de fondos públicos, lo que convirtió el colapso bancario en un problema de interés nacional. Para miles de familias, la crisis significó la imposibilidad de utilizar su propio dinero para cubrir necesidades cotidianas; debido a esto se hizo una comparación con el famoso “corralito” que aplicó el gobierno argentino durante la crisis del 2001.

Sin embargo, para los trabajadores y jubilados, significó la incertidumbre sobre la seguridad de los recursos que deberían estar protegidos por instituciones públicas. Aunque el Fondo de Garantía de Depósitos permitió establecer un mecanismo de devolución para la mayoría de los ahorristas, y algunos ya recuperaron sus ahorros, la cobertura no eliminó las preocupaciones sobre los recursos que superaban los límites asegurados ni sobre el destino de los fondos institucionales.

El escándalo adquirió una dimensión política cuando se hicieron públicos los vínculos empresariales previos de Santiago Peña con Ueno Holding, así como la trayectoria de Carlos Carvallo, antiguo directivo de Ueno y posteriormente presidente del Banco Central de Paraguay, responsable de supervisar la institución. A esto se sumó el hecho de que durante la presidencia de Peña el banco expandió significativamente sus operaciones, especialmente con 145 licitaciones públicas adjudicadas a empresas del Grupo Vázquez, por aproximadamente 40 millones de dólares. Aunque estos elementos no demuestran por sí mismos una operación coordinada de corrupción, sí plantean serios interrogantes sobre los conflictos de intereses, la independencia de los organismos reguladores y la cercanía entre el poder político y los grupos empresariales.

La respuesta gubernamental tampoco consiguió contener el deterioro de la situación. La renuncia de Carvallo a la presidencia del Banco Central, solicitada por el propio Peña, no fue suficiente para disipar los reclamos y sospechas de corrupción. Mientras tanto, las protestas comenzaron a extenderse en Asunción, donde ahorristas, trabajadores y organizaciones sociales exigieron explicaciones y garantías para recuperar sus recursos. Las movilizaciones adquirieron rápidamente una dimensión política, pues el caso Ueno se convirtió en un símbolo de la relación entre el poder político y los grandes grupos empresariales, así como de la percepción de que los costos de las decisiones de las élites terminaban trasladándose a la población.

La represión policial agravó la situación en Paraguay

Debido a esto es importante considerar que el descontento no se limita a la situación de las cuentas congeladas por la intervención gubernamental. Las protestas son la expresión del rechazo a la impunidad y privilegios de los que gozan los grupos empresariales con acceso al poder. La represión policial profundizó el enfrentamiento entre el gobierno y los sectores movilizados, lo que agravó la situación y convirtió la crisis bancaria en un movimiento de cuestionamiento más amplio al gobierno.

La crisis alcanzó su punto decisivo cuando la oposición impulsó un juicio político contra Peña por mal desempeño de sus funciones. La iniciativa adquirió una dimensión mucho mayor cuando Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y figura central del Partido Colorado, retiró su respaldo político al mandatario. Este movimiento fue especialmente significativo porque Peña había llegado a la Presidencia en 2023 con el apoyo de la estructura partidista encabezada por Cartes. Ante la posibilidad de ser destituido, Peña presentó su renuncia el mismo 5 de noviembre. Sin embargo, la maniobra no prosperó, pues el congreso se negó a aceptar su dimisión y el proceso de juicio político continuó.

La diferencia entre renunciar a la presidencia y ser destituido por el Congreso no es un asunto meramente procedimental. La renuncia podía permitirle conservar la posibilidad de convertirse en senador vitalicio, con las protecciones institucionales asociadas a esa condición, mientras que una destitución mediante juicio político abría la posibilidad de retirarle esos privilegios. El 6 de noviembre, el Senado aprobó su destitución y el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia.

Paraguay enfrenta ahora el desafío de recuperar los recursos comprometidos, reconstruir la confianza en su sistema financiero y determinar hasta dónde llegaron las responsabilidades políticas y empresariales en el caso Ueno. Sin embargo, el problema fundamental es más profundo que la eventual condena de un presidente o de los directivos de un banco. Si las investigaciones se limitan a castigar a determinados individuos sin modificar los mecanismos de supervisión, transparencia y control de los recursos públicos, las condiciones que hicieron posible el escándalo permanecerán intactas. La caída de Santiago Peña constituye un acontecimiento histórico en la democrática paraguaya, pero no garantiza por sí misma una transformación institucional. La verdadera dimensión de esta crisis se medirá por la capacidad del país para romper la subordinación de los intereses públicos a las redes de poder económico y político que durante décadas han condicionado el funcionamiento del Estado.♦ 

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