blogeditor · 9 de mayo de 2022
De nada sirve que la constitución reconozca que un bien es “propiedad de la nación” si el Estado no lo priorizará para mantener la vida. La escasez de agua en Nuevo León es en parte consecuencia de instituciones como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que se han limitado a facilitar el acaparamiento de las fuentes hídricas.
La crisis en el acceso al agua de Nuevo León se perfila cada día como una nueva normalidad. Este domingo, el director de la empresa pública Agua y Drenaje anunció que se restringiría diariamente el acceso al agua en toda la entidad de 6 p.m. a 6 a.m. Además, continuaría el esquema de reducción de suministro durante un día a la semana dependiendo de las zonas, el cual ya venía implementándose desde hace semanas.
El origen de este problema es multifactorial. Influyen factores como las condiciones inhóspitas del sitio donde se fundó el Área Metropolitana y el cambio climático. Pero igual influye –y mucho- que las autoridades hayan priorizado su uso para ciertos actores económicos.
Según datos de la Conagua, el 75.7 % del agua es utilizada para actividades agrícolas y el 14 % para las industrias. Sin embargo, en el rubro de “actividades agrícolas” también están comprendidas aquellas realizadas de forma industrial y a gran escala, incluso de monocultivos. Esta división a rajatabla entre las actividades agrícolas y las industriales pudiera resultar en una distinción engañosa.
También, según la Conagua, en México el uso doméstico del agua solo representa el 10 % de su consumo. Según la ONU, sería del 8 %.
Algunos activistas regios han denunciado que la mayor extracción de agua recae en cinco empresas, las cuales utilizan más de cuatro veces lo autorizado por Conagua para el uso doméstico en toda la entidad. Por su parte, San Pedro Garza García, el municipio más rico de país, es el que más porcentaje de agua consume y el que menos problemas presenta en su suministro.
Quienes tienen el mayor poder de decisión sobre el destino del agua también poseen los medios para ignorar esta crisis. Muchas familias de gran poder adquisitivo entienden este escenario tan solo como un gasto adicional: ahora tendrán que pagar servicios privados de pipas para que puedan llevar su vida cotidiana. Y así lo harán, pero la aplastante mayoría de la población, no.
Hay quienes incluso han vivido esta crisis desde antes de que se reconociera como tal. Existen comunidades en el Área Metropolitana de Monterrey que desde hace años e incuso décadas dependen del agua de lluvia debido al desabasto constante.
Conagua se ha limitado a ser un facilitador para el consumo privado, en lugar de ser una institución para garantizar que el uso del agua priorice a la población. Y no ha habido un cambio ni siquiera en el sexenio en el cual se prometió una transformación de la vida pública y una separación entre el Estado y los intereses empresariales.
La ausencia de Conagua durante esta crisis nos deja a la merced de la buena voluntad de las empresas para ceder sus pozos a la población. Sus omisiones han dejado la última palabra en aquellos sectores que, incluso en estos momentos de incertidumbre, pueden ignorar la crisis del agua, como si fuera algo lejano y aún por confirmarse. Tal y como muchas otras personas la veíamos antes.
Hoy más que nunca, depende de la Conagua hacer una verdadera transformación en las concesiones de agua para que el artículo 4 constitucional que reconoce el derecho humano al agua no sea una ironía sádica del Estado.