La crisis del agua en las comunidades mayas de Yucatán

El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua como una manera de recordar a los países la crisis del agua y el saneamiento que se vive a nivel mundial. Sin embargo, en países como México esto no solamente se ha convertido en una asignatura pendiente, sino en un tema de urgente atención.

Un ejemplo de ello es la contaminación del agua y los cenotes, latente en el estado de Yucatán, provocada en gran parte por la instalación de mega fábricas de carne de cerdo para exportación al extranjero, que representan un sistema de producción masiva donde se violan los derechos de las personas, los pueblos y comunidades indígenas con la omisión y aquiescencia del estado, lo cual ha generado diversos conflictos socio ambientales en la entidad que ha llegado a cobrar mayores dimensiones.

De acuerdo con datos de la organización Greenpeace, en la Península de Yucatán se han instalado 257 granjas porcícolas, de las cuales sólo 18 cuentan con Manifestaciones de Impacto ambiental. ¹ Además, de acuerdo con esta organización, existen diversas afectaciones provocadas por las granjas, entre las que se encuentran: 1. Contaminación de los mantos freáticos, derivado de la acumulación de metales pesados en la capa superficial del suelo, nutrientes y la infiltración de nitratos; 2. Contaminación del aire debido a la degradación microbiana de las excretas; 3. Daños a la salud de los humanos y de los animales, que desarrollan trastornos respiratorios y digestivos, ya que las actividades de las granjas porcícolas emiten malos olores y ruido, además de afectar la calidad del paisaje.

Colectivos mayas del poniente de Yucatán, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron ocho monitoreos de la calidad del agua en 19 puntos de la zona cercanas a las granjas pertenecientes a la empresa Kekén, en una investigación cuya primera etapa fue denominada “Monitoreo Acuífero Regional”. Encontraron que de 200 muestras en 23 cuerpos de agua, la mayoría en cenotes, cuerpos de agua utilizados para la apicultura o consumo humano y pozos artesanales, hubo presencia de coliformes fecales y el 35 % de las muestras arrojaron un resultado de inseguras.

Debido a este escenario, comunidades mayas como Homún, Kinchil, Maxcanú, Celestún, Chapab y Sitilpech -que se han visto afectadas- se han convertido en personas defensoras ambientales para poder cuidar el agua y su territorio ante la imposición de megaproyectos, y han denunciado públicamente y ante instancias judiciales el despojo de tierras de la población maya para instalación de megaproyectos, los altos niveles de contaminación de la selva maya y el nivel crítico de contaminación del acuífero, incluidos los cenotes de Yucatán, debido al uso de carga y descarga de agua para la industria, la proliferación de mega-granjas y el uso de plaguicidas para la agroindustria como consecuencias de una problemática raíz: “un paradigma dominante que ve a la especie humana como superior y separada de los sistemas vivos de la Tierra”.

Estos megaproyectos han pasado por el mismo modo de operación, sin procesos de consulta indígena, sin brindar información clara, oportuna y en sus lenguas a las comunidades, sin acceso a la información ambiental y a la participación en la toma de decisiones y, sobre todo, surgen como un modelo extractivista que no reconoce a las comunidades indígenas mayas como sujetas de derecho.

Además, las comunidades que han hecho frente a esta imposición, activistas y organizaciones de derechos humanos que las acompañan en sus demandas, han sido criminalizadas por el gobierno del estado, calificándolos de “pseudo ambientalistas” o “provocadores”. También han sido víctimas de acoso judicial, como es el caso de la comunidad de Sitilpech, donde algunos de sus integrantes han sido vinculados a proceso por parte de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y han sufrido represión por parte de la Policía Estatal como la ocurrida el día 22 de marzo de 2023, cuando en una manifestación en apoyo a la comunidad de Sitilpech, cuatro personas asistentes a la marcha fueron detenidas arbitrariamente por personas vestidas de civil a bordo de automóviles no identificados.

​Ante este escenario es urgente que los gobiernos presten especial atención a la magnitud de la problemática que provoca la falta de control, fiscalización y supervisión de las actividades empresariales cuyas actividades provocan la contaminación del agua. Las instancias de los tres niveles de gobierno deben generar las condiciones para que las comunidades indígenas y sus integrantes tengan participación efectiva en los planes de desarrollo o de inversión dentro de su territorio, además del deber estatal de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones, brindando información y manteniendo un diálogo constante entre las partes involucradas.

Es importante no olvidar el vínculo indisoluble de los pueblos y comunidades indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentran, así como los elementos corporales que se desprenden de éstos, y la necesidad que tienen de proteger su derecho a ese territorio brindando información y manteniendo un diálogo constante entre las partes involucradas, a fin de garantizar su supervivencia física y cultural.

* Mayra López Pineda es Coordinadora de Acceso a la Información y Transparencia Proactiva. Marilyn Alvarado es Enlace de Derecho a la Información en Yucatán.

¹ Las Manifestaciones de Impacto Ambiental son estudios especializados regulados en la política ambiental que tienen como fin prevenir, mitigar y restaurar los daños ocasionados al ambiente por actividades u obras.