La crisis de vivienda tapatía

La semana pasada, el portal ZonaDocs publicó un reportaje especial sobre la financiarización de la vivienda en Guadalajara. La investigación confirma lo que varias personas hemos temido: la especulación inmobiliaria en la capital tapatía cuando menos agrava una crisis de vivienda que lleva años gestándose –si no es que la genera. Hago aquí algunas anotaciones y reflexiones sobre la información que arroja este trabajo.

La financiarización de la vivienda es un proceso por medio del cual tanto el sector público como el privado dejan de entenderla como una necesidad básica y pasan a visualizarla como un vehículo financiero. Si se promueve ya no es para garantizarle a las personas una vida adecuada sino para activar la economía, acumular y especular, por lo que se prioriza su valor de cambio en detrimento de su valor de uso.

Los efectos de este proceso son variados en distintos países y ciudades, pero lo que ocurre en Jalisco amenaza con consolidarse como un ejemplo de manual. Desde hace años, las autoridades del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) priorizaron la producción inmobiliaria con el objetivo de redensificar la urbe y repoblar ciertos barrios céntricos. No obstante que entre 2010 y 2020 se intensificaron los proyectos inmobiliarios en esas zonas, el municipio de Guadalajara perdió el 7% de su población. De 56 áreas geoestadísticas básicas de la AMG analizadas por ZonaDocs, solo dos demostraron un crecimiento acorde con la historia del bono demográfico y la redensificación. El resto presentó fugas de población o, en el mejor de los casos, un crecimiento modesto.

Los nuevos proyectos inmobiliarios verticales se encuentran en áreas donde el número de viviendas vacías aumentó 3.79% en 10 años, lo que implica una ocupación inferior al promedio de Guadalajara y Zapopan. A esto hay que agregarle que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, Jalisco es el estado con menor porcentaje de viviendas de 5 años de antigüedad o menos que se encuentran habitadas: solo el 4.2%.

Para el colmo, se ha encarecido la vivienda de arrendamiento: de 2010 a 2021 el precio promedio de alquiler pasó de ser equivalente al 52% del salario promedio a representar el 102%. “Un joven estudiante puede decidir que es mejor pagar 9 mil pesos de renta en Tonalá, y transportarse hasta 5 horas diarias en camión, que pagar 22 mil pesos de renta en Zapopan con tal de vivir cerca de las universidades en Belenes”, señala el reportaje. La construcción masiva facilitada por el gobierno y ejercida por el sector inmobiliario pareciera estar generando los efectos contrarios a lo que, en teoría, buscaba generar.

En el centro del AMG se construye más y se habita menos. Y la especulación ha dado lugar a casos de acoso inmobiliario para presionar a residentes tradicionales a vender sus hogares. Las alarmas de una burbuja inmobiliaria se hacen cada vez más evidentes sin que las autoridades parecieran entender este fenómeno como un asunto que repercute en los derechos humanos.

El reportaje de ZonaDocs es un ejercicio muy valioso que ojalá se replique por medios locales o nacionales respecto a otras ciudades del país que enfrentan proceso de financiarización de la vivienda, como es el caso de Tijuana, Mérida, Querétaro y Monterrey. Cada sitio tiene sus particularidades y no en todos este fenómeno se desarrolla igual. Pero el común denominador es que la vivienda es protegida como una divisa y no como un derecho, generando altos costos ambientales, sociales y económicos.

@kalycho