La Corte Interamericana y su romántico llamado

Mercurio Cadena

 

“A la Corte no se le escapa que en la región existe una profunda crisis en relación con los partidos políticos, los poderes legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad, fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y realizar propuestas para revertir esta situación. En este sentido, los Estados deben valorar de acuerdo con su desarrollo histórico y político las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos mecanismos, entre muchos otros”.

-Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hay provocaciones tan bien construidas que, incluso si terminan siendo árdides, no queda más que dejarse llevar y disfrutar. Por tanto, dejémonos seducir por el romántico llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reflexionemos:

Me parece que el punto más caótico de la referida crisis es el de “quienes dirigen los asuntos públicos”. Tal y como apunta la CIDH, esta casta se encuentra en caos, y la razón de ello es que carecen de la legitimidad necesaria para un correcto ejercicio del poder. No les queda ya la más mínima porción de confianza; la han perdido a fuerza de consolidarse como clase dominante, tomando decisiones que sólo a ellos favorecen e ignorando sistemáticamente aquélla utópica pero necesaria noción del interés general.

Sin embargo, no es que los políticos exijan alguna especie de malicie exacerbada como requisito para pertenecer a su club de poder. Tampoco están sujetos a una racionalidad vil y particular de su clase. La estructura política está agotada; se encuentra llena de malformaciones y resquebrajes que se traducen en incentivos perversos, y que aportan a la consolidación del corrupto modus operandi actual.

Una sección importante dentro de este caos de grietas, es la violación diaria de los derechos político-electorales del ciudadano. Contrario a lo que recientemente determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el sistema actual viola el contenido esencial del derecho al voto pasivo, consagrado en el 35 fracción II de la Constitución Mexicana. Les comparto un pequeño análisis jurídico del caso:

La fracción referida a la letra dice:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

(…)

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

La Sala Superior dispuso grosso modo lo siguiente:

1. Si bien el derecho a ser votado es un derecho fundamental, ello no implica que sea absoluto; es decir, es posible someterlo a restricciones, siempre que éstas tengan un fin legítimo y no sean irracionales o injustificadas.
2. En la redacción del 35 fracción II se puede corroborar que el derecho fundamental, si bien constitucional, es de configuración legal, pues transfiere al legislador la definición de las “calidades” que deben cumplir los ciudadanos para ejercer el derecho.
3. El artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Esto es, por tanto, una de las supuestas “calidades” de configuración legal antes mencionadas.
4. Esta “calidad” es legítima, toda vez que tiene por fin aportar a dos fines constitucionales: la función estatal electoral y el sistema plural de partidos. Estos fines son elementos operativos necesarios para el ejercicio del derecho en cuestión, y por tanto no representan limitaciones inconstitucionales.
5. Las candidaturas independientes no están previstas en la Constitución, y carecen de regulación, por lo que el derecho no puede ser reconocido a falta de operatividad práctica.
6. Éste es el derecho vigente.
7. Finalmente, ordenar el registro de candidatos independientes afectaría la seguridad jurídica para el proceso electoral y redundaría en una violación al principìo de inequidad en la contienda. Además, sería contrario al 105 constitucional, fracción II que establece la prohibición de realizar modificaciones legales fundamentales en materia electoral dentro de los 90 días anteriores al inicio del proceso electoral y durante el mismo.

Cada punto merece algo de reflexión:

Los primeros tres puntos son ciertos. Sin embargo, tenemos problemas a partir del cuarto.

No coincido con la interpretación de la Sala, por varias razones:

1. Los fines plasmados, si bien constitucionales, no son fundamentales sino operativos, mientras que el derecho a ser votado sí es fundamental. De hecho, los fines mencionados son medios para el correcto ejercicio del derecho a ser votado; es una inconsistencia afirmar que se limita éste a favor de aquéllos. Los fines operativos nunca pueden tener prioridad sobre los derechos fundamentales.
2. Según el artículo primero constitucional, los derechos fundamentales no pueden restringirse salvo disposición expresa de la misma Constitución. Por lo tanto, las leyes no pueden limitar derechos fundamentales: esta es una garantía que se establece a favor de los individuos.
3. La interpretación de que el 218 del COFIPE es constitucional va en contra del principio obligatorio pro persona del primero constitucional, pues restringe el ejercicio de un derecho fundamental sin razón, cuando debería ampliarlo tanto como sea posible.

A esto hay que agregar que si bien el 218 es vigente, quedarse en ello implica una apreciación incompleta; que sea vigente significa que satisface sus requisitos formales, pero no necesariamente los sustantivos.

El nuevo paradigma constitucional exige que para que una norma sea válida requiere no sólo haber sido creada según las reglas procesales pertinentes; también  su contenido debe ser compatible con los derechos fundamentales de la Constitución. Así es claro que la norma quizá es vigente, pero no es válida.

Como último punto diré que el derecho y su posibilidad de ejercicio ya estaban ahí desde antes de la sentencia. No se está pidiendo el cambio de las leyes, sino su correcta interpretación y aplicación a la luz de la Carta Magna.

Con este fallo todos los candidatos independientes mantienen su condición de candidatos no registrados, con lo que su campaña se vuelve una lucha por los derechos de los ciudadanos; por su reivindicación como las principales figuras de los procesos político-electorales. El correcto ejercicio de estos derechos será un primer paso hacia una nueva estructura política que admita en su diario quehacer, por fin, las aspiraciones de los ciudadanos, y no sólo los intereses de los políticos tradicionales.

@Hache_G es escritor, estudiante de derecho en el ITAM ,analista jurídico-político y miembro activo del Wikipartido de México (@wikipartidomx). Actualmente es Director Editorial de El Globalista (@ElGlobalista), capítulo mexicano de la red de publicaciones estudiantiles Global21, así como colaborador en LetraJoven (@letrajoven). Ha trabajado en proyectos de Derechos Humanos y litigio estratégico.