blogeditor · 18 de septiembre de 2020
Los hogares más pobres son a quienes más afecta la corrupción por dos razones: pagan una mayor proporción de su ingreso en sobornos, y no reciben servicios que debieran ser gratuitos cuando el costo de la mordida se los impide.
En Corrupción: Le sigue costando más a los pobres, trabajo de Sofía Ramírez y Katia Guzmán, investigadoras de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se documenta esta realidad.
Los hogares en México pasaron de pagar en sobornos el equivalente a 18% de un mes de su ingreso promedio (3,068 pesos) en 2019 a 11% (2,041 pesos) en 2020. Y también disminuyó el número de veces de las extorsiones en el año al pasar de 2.8 en 2019 a 2.0 en 2020.
El monto en sobornos que pagan los hogares más pobres cayó en una tercera parte de 2019 a 2020. Así, pasaron de destinar el equivalente al 30% del ingreso de un mes (1,457 pesos) al pago de mordidas en 2019, a 19% (928 pesos) en 2020.
A pesar de esto, que es una buena noticia, los hogares que ingresan hasta seis mil pesos al mes, el 25 % del total, pagan un mayor porcentaje de su ingreso en mordidas que el hogar promedio en México, de acuerdo al INEGI. La corrupción sigue costando más a quienes menos tienen.
Un hogar promedio paga el 11.0 % de un mes de su ingreso en sobornos y los más pobres el 19 %. La investigación arroja que el mayor de los problemas es que estos últimos dejan de recibir servicios por no pagar la mordida y por lo mismo son excluidos.
Las investigadoras señalan que hay servicios o bienes gratuitos como el patrullaje, la seguridad pública, el acceso a servicios de emergencia o sanitarios, que están fuera del alcance del bolsillo de los hogares que no pueden dar las mordidas que se les piden.
Que las familias más pobres puedan acceder a todos los servicios y bienes gratuitos a los que tienen derecho depende de que las autoridades mantengan una estricta supervisión y castigue a los funcionarios que exigen mordidas.
El estudio de MCCI plantea que la reducción de los sobornos puede estar asociada al discurso del presidente López Obrador que ha permeado en los funcionarios públicos que prestan servicios, que ahora ven más difícil solicitar pagos indebidos.