¿La corrupción es un delito?

La corrupción en México es una realidad. Como palabra es un estandarte de denuncia ciudadana, cuya valía, sin embargo, se ha devaluado gradualmente al utilizarse como mascarada gubernamental de una lucha ineficaz contra ese fenómeno. Sin duda que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción representa un avance significativo en esta materia. Sin embargo, como sucede con toda reforma legal, si no se materializa con acciones concretas y efectivas, el discurso político demostrará que ‘nada ha cambiado’, con el riesgo de agudizar el fastidio social.

Pero, ¿en qué consiste la corrupción? No existe una definición legal del término. Tampoco es un delito en particular. Para algunos juristas consiste “en el uso ilegítimo del poder público para beneficio privado”, o bien, “en el uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político”. Para otros, constituye “un acto irracional, ilegal, ilegítimo o no ético por parte de servidores públicos, en perjuicio del interés común de la sociedad y del gobierno, y en beneficio de un interés egoísta o solidario [ejemplos: familiares, amigos u organizaciones como empresas y partidos políticos] de quien lo promueve o solapa directa e indirectamente”.

Desde el punto de vista legal, la corrupción se integra con una amplia variedad de conductas ilícitas. Algunas de ellas están previstas como delitos en el Código Penal Federal, como, por ejemplo, el ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, el uso indebido de atribuciones y facultades, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencias, el cohecho (que es lo que la ciudadanía asemeja a corrupción), el peculado y el enriquecimiento ilícito.

La lista de delitos es grande y las sanciones son importantes: multas económicas, destitución o inhabilitación de funcionarios públicos, decomiso de los bienes propiedad de estos y hasta 14 años de prisión. Las mismas penas son aplicables a los particulares que se coludan con ellos. Como es seguro que ninguno paga impuestos sobre los ingresos resultantes de la corrupción, es probable que también cometan fraude fiscal e incurran en lavado de dinero.

Como se ve, los mecanismos legales para combatir la corrupción existen. A pesar de ello, ¿por qué entonces en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México está en el lugar 103 de 175 posibles? ¿Por qué en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE] estamos en el último escalón?

El Capítulo México de Transparencia Internacional afirma que en nuestro país falta un cambio de fondo en la estrategia contra la corrupción. Uno de esos cambios tiene que ser de tipo operativo, con acciones decididas y efectivas de los órganos competentes para combatirla. De esta tarea son corresponsables la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República y los jueces federales (y pronto también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa). En todas esas dependencias recae la obligación de actuar en contra de funcionarios corruptos y de los particulares ligados con ellos.

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera también tienen responsabilidades en esta materia, y no porque tengan competencia directa, sino porque pueden actuar de manera refleja en forma tal que inicien investigaciones por defraudación fiscal y lavado de dinero en contra de los corruptos. Así lo demuestra el caso ya emblemático de la Maestra Elba Esther Gordillo.

La corrupción se combate combatiéndola. Es una redundancia, sin duda, pero con ello se evidencia que como sucede con cualquier delito -narcotráfico, secuestro, terrorismo, etcétera-, con ‘acciones’ es como se detectan los delitos y se persigue, procesa y sanciona a los delincuentes. Ejecutando y aplicando las leyes es como las autoridades cumplen con su responsabilidad constitucional de preservar el Estado de derecho.

Todo sistema legal es perfectible. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción mejorará lo hoy vigente, lo cual es plausible. Sin embargo, como se dijo, si las modificaciones legales no se materializan en acciones de las autoridades competentes, puede anticiparse que la corrupción y la impunidad continuarán igual, si no es que irán a la alza. La aplicación efectiva del nuevo marco legal, con compromiso institucional y sin favoritismos, es la mejor garantía de alcanzar los resultados ofrecidos. De otra manera, todo se reducirá a un discurso político distanciado del sentir social.

@LuisPerezdeAcha