La corrupción como violencia machista y sistémica

El caso de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada en Tijuana por su trabajo periodístico y juicio laboral contra el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, es la muestra de cómo la corrupción política y sistémica impide el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a una vida libre de violencia y el acceso a la justicia.

Este caso nos recuerda que la corrupción es un problema estructural que no solo afecta el funcionamiento de las instituciones del Estado, sino también tiene afectaciones directas en la vida de las personas, y principalmente, en las mujeres*.

Desde Mexiro A. C., entendemos a la corrupción como el abuso del poder patriarcal para el beneficio propio, es decir, es la apropiación del poder público para fines privados.

La corrupción se divide en tres tipos: a) la corrupción a gran escala o sistémica, la cual es el abuso del poder de alto nivel que beneficia a unos pocos a expensas de muchos; b) la corrupción a menor escala o de bajo nivel, que sucede en el abuso cotidiano de poder por parte del funcionariado público en sus interacciones con ciudadanos comunes; c) la corrupción política, que es la manipulación de políticas, instituciones y reglas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y riqueza.

A su vez, es necesario entender cuatro formas de cómo la corrupción se entiende como una violación a los Derechos Humanos.

1. Cuando la corrupción es una práctica estructural o endémica y generalizada en diversas instituciones estatales.
2. Cuando se pagan sobornos para realizar acciones ilícitas y/o prohibidas.
3. Cuando los actos de corrupción tienen como consecuencia la disminución de los recursos públicos.
4. Cuando el problema de la corrupción ya es captura estatal, provocando la distorsión del diseño de las políticas y toma de decisiones, generando la privatización de lo público.

¿Por qué esto afecta a las mujeres de forma diferenciada? La corrupción no tiene consecuencias homogéneas en todas las personas y localidad, al trastocar nuestros cuerpos-territorios, afecta también nuestra autonomía territorial. La toma de decisiones públicas asimétricas, poco transparente, con abuso de autoridad y misoginia dan pie a menos resoluciones y reparaciones de las violaciones a derechos humanos, además de afectar la garantía de otros derechos.

En suma, el problema de la corrupción se intersecta con sistemas de opresión como el género, la clase o condición socioeconómica y raza o adscripción étnica. Las mujeres que se encuentran en zonas periféricas o pueblos originarios, que hablan una lengua indígena, que tienen discapacidad son más propensas a recibir abusos de autoridad, revictimización y a ser desplazadas de políticas y programas anticorrupción.

Entender a la corrupción como forma de violencia machista y sistémica implica identificar que se trata de un problema estructural con consecuencias a baja escala o focalizadas, que se puede manifestar desde tratos revictimizantes por parte de agentes estatales hasta la evasión de recursos destinados a mejorar la calidad de vida de mujeres a las que sus cuerpos son considerados borrables.

El contexto político violento de los territorios juega un papel importante para agravar los impactos de la corrupción en la vida de las mujeres. Por tanto, ejercer periodismo, activismo y/o defensa de derechos humanos en Estados corruptos se complejiza y se convierte en un factor de vulnerabilidad, propiciando dinámicas continuas de abusos de autoridad, actos de corrupción que involucran a actores no Estatales con actores del Estado -como la desaparición forzada y la tortura sexual- y diversas formas de violencia contra las mujeres.

Desde Mexiro A. C. hemos retomado casos particulares para sistematizar los impactos de la corrupción en la vida de las mujeres a través del Mapa de la Corrupción en co-creación con mujeres de la periferia del Estado de México, particularmente de Nezahualcóyotl y Jilotzingo, bajo el enfoque de cuerpo-territorio.

Identificamos que las mujeres son quienes principalmente reciben un trato revictimizante al denunciar un acto de violencia y que el entorno en donde viven es cómplice porque los actores locales a los que acuden actúan con omisión y falta de diligencia.

Es una constante la presencia de desaparición de mujeres, de acoso sexual callejero y corrupción en elementos policiales, acompañado de una poca inversión de recursos en el alumbrado público, en las calles y en el acceso a bienes y servicios. Es así como la corrupción no solo son actos aislados, sino también un contexto local que afecta la corporalidad y los derechos.

Por tanto, “cuando pensamos el cuerpo-territorio, éste nos ayuda a mirar cómo la violencia deja pasos en nuestros cuerpos pero además se conecta con las invasiones más globales a nuestros territorios, y con los intereses económicos de los de arriba”.

Resolver este problema requiere diseñar políticas públicas y programas anticorrupción con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y perspectivas feministas enfocadas en garantizar y mejorar la calidad de vida de las mujeres*, sobre todo si se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que busca desaparecer los brazos técnicos del Sistema Nacional Anticorrupción, tal es el caso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), como lo alertó en la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del 2022.

No se necesita desaparecer y debilitar las pocas instituciones que existen para contrarrestar la corrupción. Se necesita una política de Estado que fortalezca las instancias de prevención, investigación y sanción de las Políticas Nacional y Estatales Anticorrupción, con presupuesto y gran capacidad técnica y administrativa para avanzar en materia anticorrupción poniendo en el centro a las víctimas de la corrupción.

La corrupción es más que la evasión de dinero de las grandes instituciones de Estado; la corrupción en el cuerpo-territorio son los negocios ilícitos de autoridades locales y grupos no estatales que provocan desaparición de mujeres, falta de acceso a servicios y recursos, violencia sexual, violencia feminicida y violaciones a Derechos Humanos en total impunidad.

El Estado debe invertir sus recursos para el acceso a la justicia, y dejar de exhibir y revictimizar a activistas, periodistas, mujeres y sociedad civil desde el Palacio Nacional.

* Gabriela López (@gabyvendetta) es Coordinadora de Proyectos de Mexiro A.C. Se especializa en estudios cualitativos de violencia feminicida contra las mujeres en contextos de Crimen Organizado y en análisis de políticas anticorrupción con enfoque de Derechos Humanos, género y feminismos.  Fernanda Galicia (@mafernn) es Directora General de Mexiro A.C. Se considera una mujer y persona no binarie en resistencia frente al contexto político y colonial. Mexiro A. C. (@yomexiro) es organización de la sociedad civil feminista que trabaja temas de desarrollo sostenible con metodologías de innovación y co-creación, específicamente para incidir en la agenda anticorrupción con enfoque de política pública y perspectivas feministas.