Redacción Animal Político · 15 de mayo de 2023
“He who spares the wolf sacrifices the sheep”.
Nayib Bukele, 6 de marzo de 2023.
La inauguración del centro de confinamiento de terrorismo en febrero de 2023 y el traslado cinematográfico de miles de presos no es simplemente una pieza fundamental en la lucha sin cuartel contra los grupos del crimen organizado de la administración Bukele, sino que es una nueva manera por parte del presidente de controlar la narrativa mientras mantiene sus índices de popularidad muy altos.
Si bien las violaciones a derechos humanos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en El Salvador superan lo que uno pueda imaginar, la inauguración de esta nueva mega cárcel es una oportunidad para examinar las condiciones de vida de los presos bajo el régimen de excepción y reflexionar acerca de los objetivos, del éxito limitado y del futuro de esta estrategia de seguridad tan controvertida. El centro de confinamiento del terrorismo (CECOT) fue construido para encarcelar hasta cuarenta mil integrantes del crimen organizdo y cuenta con una serie de instalaciones logísticas diseñadas para castigarles, como muros electrificados o celdas de castigo. En el marco de la política de mano dura se destacan patrones de violaciones sistemáticas a derechos humanos cometidas por el Estado, que se ven exacerbados bajo el régimen de excepción.
El Plan Control Territorial establecido por Bukele en 2019 ha desembocado en un régimen de excepción prorrogado siete veces desde el 27 de marzo de 2022. Esta estrategia para brindar seguridad y paz con el uso de la fuerza represiva y de estrategias discriminatorias ha sido objeto de debate entre los organismos internacionales y la sociedad civil que aboga por su desmantelamiento frente al encarcelamiento injustificado no sólo de integrantes del crimen organizado sino también de la población civil criminalizada por tener un estilo parecido a los pandilleros. Los tatuajes, ropa holgada y Nike Cortez se asimilan de manera generalizada como marcas distintivas de las pandillas y para cualquier persona que exhiba estos signos, se puede convertir en un boleto para la cárcel. En la misma línea, organismos internacionales denuncian el desinterés por el reconocimiento de los derechos humanos de los presuntos integrantes del crimen organizado, lo que ha mantenido su sobrecriminalización.
El mayor problema no es tanto visibilizar la situación de encarcelamiento y de vida de los detenidos puesto que las instituciones internacionales y jurisdiccionales hicieron y siguen haciendo un trabajo ejemplar de investigación, denuncia pública y de recomendaciones al gobierno salvadoreño. Lo que está en juego en esta coyuntura es la aprobación masiva del trato inhumano y degradante de los presos como manera de “hacer justicia”. El odio se desprende en todas las capas de la sociedad, la justicia del pueblo se mantiene impasible. ¿Cómo es que el trato indigno y la negligencia se han convertido en algo éticamente justificable para el gobierno, y cómo explicar que esta ideología ha sido respaldada masivamente por la opinión pública? ¿Qué lugar ocupa la justicia en una sociedad en la que el bienestar de la población debe conseguirse necesariamente mediante tratos degradantes e inhumanos de los presuntos criminales?
La narrativa alrededor de la construcción de un enemigo interno que se debe aniquilar mediante la guerra se ha establecido como camino real para lograr el bien común. Este discurso político ha aliado y unido pueblo y gobierno mientras que ha negado cualquier otra opción pacífica para alcanzar la paz. El gobierno logró establecer el rencor y la venganza hacia los pandilleros tanto como la necesidad de castigarlos como valor unificador de la población. Bajo la retórica de la administración actual, cualquier persona que no esté de acuerdo con la estrategia de seguridad implementada tal cual no está a favor de la paz en El Salvador.
Se supone que un gobierno que desea alcanzar una paz duradera mediante mecanismos represivos se equivoca de planteamiento. Así, los centros penitenciarios son una muestra del daño causado por la estrategia de seguridad y las detenciones masivas de posibles pandilleros. Organizaciones de la sociedad civil y defensorxs de derechos humanos señalan que se han cometido abusos a gran escala que abarcan desde hacinamiento extremo y violaciones al debido proceso hasta la falta de garantías, detenciones masivas, muertes y torturas mientras los sospechosos se encontraban bajo custodia del Estado. En el marco de la visita in loco del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recorrió varios centros de detención y constató deficientes condiciones incluyendo infraestructura e higiene, atención médica y acceso al agua insuficiente junto con la prevalencia más alta de tuberculosis en la región.
El nuevo CECOT monetiza la supervivencia de los presos prohibiendo la introducción de elementos externos: los familiares están obligados a pagar paquetes mensuales de suministros básicos y alimentos confeccionados por la prisión. La administración de Bukele no se pronunció sobre la gestión y el uso del dinero recaudado, declarando confidencial la información relativa a la estrategia de seguridad. Sin embargo, no se asegura que los presos recuperen sus paquetes en buena y debida forma. Por otra parte, se plantean interrogantes sobre la finalidad y el uso del dinero recaudado en el contexto de la ampliación de este mecanismo a nivel nacional. Finalmente, la política de incomunicación total impuesta por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) ha suspendido los derechos de los familiares de los presos a recibir información y contacto, lo que ha llevado a la instalación de campos informales en las cercanías de las prisiones y desembocado en una crisis humanitaria.
Considerando la sistematización de patrones violatorios a derechos humanos en el marco de la guerra contra las pandillas y especialmente los resultados dramáticos en los centros penitenciarios, cabe reflexionar acerca de la viabilidad de esta estrategia a largo plazo, del papel de la justicia y de la valorización de los derechos humanos. El Salvador ha tenido una relación históricamente controvertida en cuanto al respeto de los derechos humanos. Las garantías constitucionales ratificadas durante los acuerdos de paz en 1992 han representado avances limitados y se han ido diluyendo en la narrativa política tanto como en la sociedad. La normalización del establecimiento de una narrativa criminalizante de las pandillas se debe a varios factores estructurales y coyunturales como el retiro de la comunidad internacional en el cumplimiento de los acuerdos de paz, la Ley de Amnistía que obstaculizó la justicia hacia los responsables de violaciones de derechos humanos durante la guerra civil, la falta de implementación de programas de formación y educación en derechos humanos y el tratamiento represivo e inconstitucional del recrudecimiento de la violencia por parte de las autoridades. Sin embargo, esta trayectoria histórica no justifica que se sigan perpetrando crímenes sistemáticos hacia la población, que las víctimas no reciban la debida atención y que no haya atribución de responsabilidades: las violaciones generalizadas son cometidas por operativos militares y policiales planeados, supervisados, y ejecutados a gran escala con respaldo de altos mandos. Finalmente, me pregunto cómo lograr promover los derechos humanos de los pandilleros recluidos en un contexto de aprobación social elevada de los tratos inhumanos. Hoy en día, miles de personas privadas de su libertad están siendo explotadas en obras públicas sin percibir sueldo ni cualquier forma de recompensa. ¿Hasta cuándo la validación de violaciones a derechos humanos será la normalidad en el paisaje político y social salvadoreño?
Fuentes:
Comisión interamericana de derechos humanos, OEA. 2021. Situación de derechos humanos en El Salvador, disponible aquí.
Informe Cristobal Violaciones a los derechos humanos Durante el régimen de excepción en El Salvador. Disponible aquí y aquí.