La lucha por proteger el derecho a defender ddhh y libertad de expresión 

Hace ocho años, el 12 de noviembre del 2012, el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, anunció en un evento en el Castillo de Chapultepec la puesta en marcha del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Frente a personas defensoras, periodistas, representantes de sedes diplomáticas, agencias de las Naciones Unidas y dependencias gubernamentales estatales y federales pronunció las palabras inaugurales y, entre otras cosas, señaló que la implementación de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que crea el Mecanismo “incluye en cada fase del proceso y para cada orden de gobierno, la participación de la sociedad civil, volviendo su funcionamiento más transparente, más claro, más cercano a la ciudadanía y, en esa medida también, más fácilmente implementable”.

Al igual que en el caso del Mecanismo de Protección, muchos de los avances en materia de derechos humanos en la historia contemporánea de México se deben al emprendimiento y arduo trabajo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, líderes comunitarios y víctimas de violaciones a los derechos humanos. El caso del Mecanismo de Protección es ilustrativo del trabajo colectivo y organizativo en torno a una temática que afecta los derechos humanos e impacta en el desarrollo de la democracia en México, y es ejemplo de los aportes y la fuerza de la sociedad civil organizada articulada en el marco de una agenda común.

La creación del Mecanismo de Protección fue la culminación de un largo proceso que adquirió mayor fuerza en 2009. Vale la pena recordar que la violencia e inseguridad que enfrentaron las personas defensoras y periodistas en México, en los años previos a la creación del Mecanismo, fueron objeto de informes de diversas instancias de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y reconocidas en el informe del Estado Mexicano, entregado como parte del Examen Periódico Universal (EPU) de México en 2009.

En este contexto, a partir del 2009 un grupo de OSC articuladas en el Espacio OSC, como se le conoce actualmente, tejió una red de colaboración, promovió espacios de diálogo con autoridades federales, organizó eventos públicos, solicitó apoyo a instancias internacionales, elaboró informes conjuntos e individuales, y presionó al gobierno mexicano a través de la incidencia en espacios internacionales. Entre otras tareas, las organizaciones de la sociedad civil elaboraron una iniciativa de Ley que pudiera responder a las necesidades tanto de personas defensoras de derechos humanos como periodistas.

Como sucede en otros temas y planes gubernamentales, la disponibilidad de fondos crea la oportunidad de implementar los planes aprobados. Hace ocho años, el secretario Poiré mencionaba al referirse al Mecanismo de Protección que “no solamente están las leyes, no solamente está la coordinación con los estados, no solamente se cuenta con la participación de la sociedad: se cuenta también con los fondos indispensables para hacer eficaz la implementación de este mecanismo”.

Añadía además la disposición de “los fondos necesarios para poder llevar a cabo y tomar medidas cautelares, los fondos necesarios para poder comprar los equipos que eventualmente se dictaminen como indispensables para la protección de alguna persona, los fondos necesarios para que ya una vez está tomada la decisión con base en un perfil de riesgo y con base en los reglamentos y los lineamientos aquí acordados, no sea un problema administrativo el lograr la protección efectiva de un periodista o de un defensor de los derechos humanos”.

Al tiempo que la instalación del Mecanismo de Protección en 2012 suponía la culminación de las mesas de diálogo, significó el inicio de un periodo de participación de la sociedad civil organizada en la implementación, monitoreo y evaluación de una política pública destinada a fortalecer el derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión en México.

A lo largo de 8 años de funcionamiento el Mecanismo ha sido reconocido por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil como un avance para la protección de derechos, al mismo tiempo que ha sido blanco de críticas por los retos que aún enfrenta para lograr una mayor efectividad marcando hitos que hasta ahora han permitido su aún lento avance y expansión. A estos retos se suma ahora la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La eliminación del Fideicomiso que ha posibilitado la implementación de las medidas de protección para personas defensoras y periodistas debilita la posibilidad de fortalecer el Mecanismo de Protección y asegurar su progresivo avance. Esta falta de claridad y transparencia por parte del gobierno mexicano sobre el futuro de los fondos manda un mensaje de la falta de visión que tiene el gobierno federal sobre el papel que desempeñan estos actores en la lucha por la rendición de cuentas, en el combate a la impunidad y la corrupción en México.

No solo se trata de un asunto meramente administrativo. Lo que desaparece de facto es el compromiso del Estado con las personas defensoras y periodistas al ponerlos en un estado de vulnerabilidad y sin el respaldo institucional necesario para que de manera segura continúen realizando su labor. Se desconoce una historia de un proceso de construcción de una política pública y del reconocimiento a la participación de la sociedad civil organizada en asuntos de interés público. Al mismo tiempo se pone en entredicho la valiosa labor de las personas defensoras y periodistas que ahora más que nunca necesitamos mantener y defender en México.

* Agnieszka Raczynska (@LaTunaRoja) es defensora de derechos humanos, Presidenta del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistras de 2012-2014