blogeditor · 28 de junio de 2016
Durante más de dos años me dediqué, junto con un brillante equipo de analistas y capturistas, a desarrollar un sistema donde se capturaba y reproducía casi en tiempo real todos los eventos de conflictividad social del país. Marchas, plantones, huelgas, paros, bloqueos, mítines, enfrentamientos, toma de instalaciones, casetas y una gran diversidad de eventos de protesta social que ocurren día a día en este caprichoso país.
De tal forma que todo evento público que incluyera al menos una organización social, una demanda claramente identificable y que fuera dirigida ante una autoridad específica tenía cabida dentro de esta enorme base de datos. Así, un conjunto interesante de variables eran codificadas y capturadas para transformar monstruosas pilas de informes narrativos en información útil para el análisis cuantitativo. Fue una labor titánica y fascinante. Lo aprendido durante ese proceso es una experiencia para toda la vida.
En tiempo récord llegamos a sistematizar más de 60 mil eventos de diversos conflictos sociales del país: laborales, magisteriales, electorales, políticos, rurales, urbanos, etcétera. No me cabe duda, construimos y desarrollamos la base de datos de conflictividad social más completa del país. En algún momento la comparamos con información obtenida de medios de comunicación y descubrimos que contábamos hasta con un 40 por ciento más eventos en promedio.
Esto se debe a que los medios cubren eventos atípicos como los recientes bloqueos carreteros de la CNTE, pero dejan de lado decenas de pequeños eventos que ocurren cotidianamente que no tienen interés periodístico. Nosotros lo capturábamos todo. A partir de dicha información, logramos generar mapas y gráficas con mucho detalle de todos los conflictos sociales activos en el país. Al final del día este sistema debía ser un insumo para la toma de decisiones sobre la gobernabilidad y seguridad del país. Es decir, precisamente para prever y evitar situaciones como las acontecidas el domingo 19 de junio.
Quizá uno de los resultados más inmediatos fue corroborar que Oaxaca es el estado con el mayor número de eventos de conflictividad social del país, seguido de Chiapas, Guerrero y Michoacán. En ocasiones el D.F. ocupa el primer lugar, pero se debe en gran parte a que recaen un número considerable de los conflictos originados en otros estados por ser la sede de los poderes federales.
Otro resultado derivado de esta base de datos es que el conflicto social de mayor volumen y actividad es –y ha sido– el conflicto magisterial. Ya sea organizado por el SNTE o la CNTE, ambas agrupaciones sindicales movilizan los mayores volúmenes de personas y se mantienen en actividades de protesta como ninguna otra organización y/o conflicto. Son los reyes de la manifestación masiva; son quienes pasan el mayor número de días al año en pie de lucha. Quizá por eso se han ganado la fama de flojos, alejados de las aulas y dedicados a la lucha social.
Pero, ¿cómo es esto posible? Entre otras cosas, gracias a que cuentan con suficientes recursos para mantener a miles de miembros en plantón, marcha o bloqueo, financiados en gran medida por el Estado. Sí, el Estado, es decir usted y yo, por la vía de las transferencias financieras que se depositan en las arcas de los estados de la República y que de diversas formas y fuentes terminan en las cuentas de estas agrupaciones y sus líderes. La CNTE ha sido una organización sindical, financiada y engordada desde los gobiernos federal y estatales, y esto le permite contar con un férreo poder de negociación por la vía del plantón de larga duración.
Durante décadas el PRI facilitó la existencia y contribuyó al fortalecimiento de la CNTE en Oaxaca (y otros estados). En aras de la estabilidad social, para permitir que los gobernadores pudieran más o menos mantener el control de sus estados, se mantuvo a raya a la Coordinadora inyectándole recursos y permitiéndole todo tipo de abusos sobre las plazas y otras prestaciones laborales. De pronto, la reforma educativa –que en el fondo es laboral– ha determinado finalizar con este tipo de privilegios sindicales. Y evidentemente esto no le gusta a la CNTE.
¿Pero por qué Oaxaca es el centro de la conflictividad social y magisterial? La respuesta no es simple y no toda se explica a partir del protagonismo y presencia de la CNTE en ese estado. La complejidad social, cultural y política de Oaxaca lo hace un estado con condiciones estructurales sin igual. De entrada, consideremos que es el estado con mayor número de municipios: 570 de los cuales 418 se rigen por usos y costumbres, es decir, se rigen por métodos indígenas tradicionales (o semitradicionales). Está conformado por 16 grupos étnicos y se hablan más de 20 lenguas indígenas (solo comparable con algunos países de África). Oaxaca posee la población indígena más numerosa del país (1.1 millón de hablantes de lengua indígena mayores de 5 años) y por lo mismo tiene los más bajos niveles de desarrollo humano[1], al igual que Guerrero y Chiapas.
Quizá por estas razones, Oaxaca tiene una amplia presencia de organizaciones sociales de todo tipo y un nivel de efervescencia social mayor al del promedio nacional. Probablemente su pluralidad social y política favorece un mayor nivel de conflicto que utiliza frecuentemente medios no institucionales para canalizar su inconformidad. Además de que ha sido la cuna de diversos movimientos sociales y políticos importantes desde la década de los setenta. Basta recordar el triunfo electoral de la COCEI en Juchitán en 1981, que gobernó el primer municipio del país por parte de un partido/movimiento de izquierda.
Asimismo, de un análisis de redes que se desprende del análisis de los últimos conflictos oaxaqueños es fácil identificar que la CNTE tiene vínculos con múltiples organizaciones sociales, campesinas e indígenas de corte más radical. A menos de seis grados de separación se identifican conexiones con el EPR, el MULT y FALP, sólo por mencionar algunas de las más conocidas.
Las condiciones sociales de Oaxaca lo convierten en un territorio fértil para la proliferación de todo tipo de conflictos. El gobierno federal lo sabe y debería comprender que no es momento para polarizar a la sociedad con el afán de imponer una reforma o demostrar que se tiene el valor para estar a la altura del puesto. El gobierno debe actuar con prudencia para resolver esta crisis. No es momento de generar encono y violencia, no conviene al presidente profundizar más en este frente particularmente complejo. Los graves errores del operativo del domingo 19 dificultan cualquier salida fácil.
Los hechos del pasado domingo lograron que el movimiento magisterial ganara sus víctimas y la represión del Estado (alimento para su causa); al secretario Nuño le ganó la ambición (o la necedad) y hoy se percibe como el principal responsable de arrinconar a la CNTE y el secretario Chong se erige como el facilitador del dialogo para la distención del conflicto magisterial.
Mientras se da esta “falta de entendimiento” dentro del gabinete, AMLO no pierde el tiempo y convoca a una marcha para apoyar a la CNTE y aprovecha la coyuntura actual para mostrar su capacidad de movilización y generar un frente de los múltiples actores interesados. Como en un clásico juego de suma cero, cada punto que pierde el gobierno lo ganan sus contrincantes. Así, quienes buscan desde el gobierno radicalizar este conflicto le dan armas a AMLO y lo fortalecen.
Finalmente, el endurecimiento de las posturas no llevará a un camino para la resolución del conflicto. El dialogo es la mejor herramienta de encuentro en una democracia plural; quizá es momento de ponerlo en práctica. Estamos frente a los usos y costumbres del partido que nació del conflicto armado y lo domesticó a cañonazos y prebendas. Veamos cómo salen de ésta…
[1] Me refiero al Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2015), que mide expectativa de vida, nivel educativo y desigualdad económica, véase aquí.