¿La competencia política y alternancia acaba con la corrupción?
blogeditor · 29 de julio de 2021
En este mes tuvimos una guerra mediática sobre la corrupción: por un lado, un segundo hermano del presidente fue exhibido en video recibiendo dinero en efectivo y, por otro, la Fiscalía General hizo pública la vinculación a proceso contra el Secretario de Economía del sexenio anterior.
Esa lucha de acusaciones en algunos espacios mediáticos fue tomada como positiva, pues existe la idea popular de que, en un supuesto donde todos son corruptos, si tanto el oficialismo como la oposición se acusan unos a otros, se incentiva a que “los corruptos del pasado sean castigados por los corruptos en el poder” y este ciclo se repita hasta limpiar las instituciones; o sea, el combate a la corrupción se dará por mera estrategia electoral. Sin embargo, esta tesis es equivocada y sobre-simplifica el enorme problema de corrupción que hay en el país.
En este texto hablaré sobre por qué, tanto en teoría como en la práctica, la competencia política y la alternancia no son un método efectivo para acabar con la corrupción, sino que la empeoran.
Durante los últimos años, el uso electoral del combate anticorrupción se ha vuelto cada vez más algo cotidiano en las campañas políticas y tenemos ejemplos muy claros como los de Yunes en Veracruz, Corral en Chihuahua o el Bronco en Nuevo León, cuyas campañas electorales se centraron en enjuiciar a un exgobernador de un partido rival a ellos. Sus discursos fueron tan bien recibidos por la ciudadanía que los tres fueron electos y (al menos en algún momento) los exgobernadores en cuestión pisaron la cárcel.
Sin embargo, estos gobiernos, pese a ser electos gracias al voto de castigo, serán recordados irónicamente por sus escándalos de corrupción: las broncofirmas1, el caso Xtreme Sports2 en Chihuahua y en el caso de Yunes, carpetas de investigación abiertas en su contra.3 Y para empeorar el asunto, de esos gobernadores que pisaron la cárcel, uno tuvo una sentencia muy pequeña, otro no fue detenido en México y el último ya está en libertad.
Estos son claros ejemplos de que la competencia electoral puede derivar en un uso faccioso de las instituciones y, aunque las personas pisen la cárcel, esta estrategia no logra un gobierno íntegro. Incluso expertos internacionales como Francis Fukuyama4 opinan que “La competencia política proporciona incentivos para, por ejemplo, usar el tema de la corrupción como un medio para acceder al poder; el problema es que, en muchos de estos casos, los partidos políticos solo quieren terminar con la corrupción de sus opositores, y si son elegidos, usarán las mismas técnicas para poner a sus propios simpatizantes en puestos de poder”.
En consecuencia, la pura competencia política no resuelve el problema de la corrupción; es más, crea nuevos problemas pues vuelve a las elecciones una lucha por perpetuarse en el poder para garantizar impunidad, es decir, los gobiernos corruptos harán todo lo posible por continuar en el poder, promover sus intereses personales y evitar ser juzgados por su oposición.
En ese tenor, Merloni5 dice que cuando la corrupción se convierte en un problema de competencia entre partidos políticos, es muy difícil que lleguen a un acuerdo (para una estrategia anticorrupción eficaz). Así que es muy difícil que exista construcción institucional después de la polarización.
La democracia es la institucionalización de la incertidumbre, como dice Przeworski. Por eso no podemos solo apostarle a ella todo, hay que acompañarla con organismos bien definidos y acotados, pero sobre todo con participación ciudadana. En México ya tenemos los fundamentos para lograr esto y se llama Sistema Nacional Anticorrupción y lo acompañan 32 sistemas locales más; apostemosle a eso y no a los esperanzadores pero vacíos discursos de campaña.
* Luis Martínez (@Luis_MartinezRz) es investigador anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (@ethoslabmx).