La CDHDF debe acabar con el arraigo (carta a Luis González Plascencia)

Por: José Manuel Ruiz Ramírez (@Gellert_G)

Estimado Luis González Plascencia,

Mientras toda la atención se centraba en lo que ocurría en el Zócalo, el pasado viernes 13 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la reforma al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal con la que se crea la detención con control judicial o un arraigo “descafeinado”, pero que no deja de ser una amenaza a nuestros derechos. ¿Por qué menciono esto?

Como actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene la facultad de cuestionar la constitucionalidad de la detención con control judicial en el Distrito Federal y así llevar el debate acerca de nuestros derechos afectados a la Suprema Corte. Pareciera que es más cómodo para la Comisión que encabeza el emitir recomendaciones, organizar foros y mencionar en cuanta participación se pueda que están en contra del arraigo, en lugar de utilizar una facultad establecida en la constitución que de hecho podría significar la expulsión de esta nueva versión del arraigo del ordenamiento jurídico en el DF.

[contextly_sidebar id=”443ac7f7ab2421a5b7df9d1c071ddce2″]El tiempo está corriendo. Y con ello, aumenta mi preocupación. Como sabe, la constitución da un plazo de 30 días naturales desde la publicación de la norma para ejercer la acción de inconstitucionalidad. Al momento de escribir esta carta, quedan 26 días para ejercer la acción y hasta ahora no ha demostrado tener intención de atacar lo que quedó del arraigo en el DF y así eliminar la amenaza que representa de forma permanente. El trabajo arduo que lo hagan quienes no tienen que perder una posible ratificación. ¿Espera que vuelva a pasar lo que ocurrió con el delito de ataques a la paz pública? ¿Recuerda que ése también se les “olvidó” impugnarlo? En aquella ocasión, cuando la Asamblea reformó el tipo penal para disminuir la pena, se abrió una ventana de oportunidad para cuestionar la constitucionalidad del tipo penal. Era el momento de exponer las razones por las que el delito de ataques a la paz pública vulnera los derechos de los ciudadanos, por ser un tipo penal ambiguo, que permite el uso arbitrario de la fuerza y que atenta especialmente en contra de las personas que denuncian al gobierno. La Comisión, a través de su representación, pudo haber ejercido una acción de inconstitucionalidad en contra de ese tipo penal, pero decidieron conformarse con que se redujera la pena. ¿Qué tal si dejamos de administrar pérdidas y empezamos a ganar batallas?

El abuso del arraigo en México tiene un alto costo para los Derechos Humanos, porque conlleva detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura. Esto conforme a sus propias palabras en el foro “Retos y acciones del Estado frente al arraigo” que pude obtener de un boletín de la Comisión que dirige titulado “Urge reforma constitucional para eliminar el arraigo”. Esta es la oportunidad de llevar esa preocupación a la sede jurisdiccional y dar la pelea que le corresponde como Ombudsman capitalino ante la Corte. Tiene los argumentos. Sólo necesitaría revisar el Informe de la CDHDF a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Informe de la CDHDF al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas o la Recomendación 2/2011, todos documentos que se emitieron bajo su gestión y que se encuentran aquí.

En sus comunicados, la Comisión aplaudió la desaparición del arraigo y su cambio por la “detención con control judicial”. Celebraron que sólo se podrán arraigar hasta por diez días y que incluso podrá ser en arraigo domiciliario. El problema es que ni el cambio de nombre ni la disminución en el tiempo de la detención resuelven el problema. La idea detrás de esta detención es subsanar las deficiencias del sistema de procuración de justicia, pero apuntando a la dirección equivocada. En vez de atender la cuestión del porqué las policías y el Ministerio Público no son capaces de realizar correctamente la investigación de los delitos, mejor permito que encierren a una persona a la que no le han comprobado nada para que “no estorbe”. Si con eso se conforman en la Comisión ¿qué clase de Estado de Derecho es el que buscan?

La falta de compromiso hacia los Derechos Humanos por parte de las autoridades del Distrito Federal se ha hecho más evidente en los últimos meses. Con el tiempo han aumentado las amenazas institucionales a derechos como el de protesta, a la libertad de expresión y de asociación. En estos momentos ya se plantea en la Asamblea Legislativa agravar las penas por delitos como ultrajes a la autoridad o ejercicio indebido del derecho. Tipos penales que han servido como herramientas para criminalizar la protesta y cuartear la libertad de expresión y de asociación de los ciudadanos. Ante esta situación es necesario contar con una Comisión fuerte que haga frente a estas amenazas. Una institución que utilice todas sus herramientas no sólo para reaccionar ante violaciones a derechos humanos, sino para prevenirlas. En lo segundo es en lo que radica la labor más importante de las y los defensores de Derechos Humanos.

Reconozco el trabajo que hasta ahora ha hecho como titular de la Comisión. Entiendo las presiones que conlleva que se termine su periodo al mando de la CDHDF y más las que surgen de la posibilidad de ser ratificado para un periodo más. Sin embargo, es momento de ser congruente con su gestión y con la aspiración de seguir siendo el titular de la Comisión. Tiene los argumentos, tiene las facultades y tiene la obligación de denunciar las violaciones a derechos humanos. Sólo me quedaría preguntar ¿Por qué no lo haría? No utilizar esta herramienta significaría ceder a un juego de simulación. Hay que dignificar el trabajo de los defensores de los Derechos Humanos en la capital, se los debe. No hacerlo sería un sinsentido que muchas personas, pero sobre todo los jóvenes, no dejaríamos de lamentarlo, padecerlo y denunciarlo. El tiempo se acaba.

* José Manuel Ruiz Ramírez es egresado de la licenciatura en derecho en el CIDE, activista y defensor de Derechos Humanos relacionados con el proceso penal