La Carta Democrática Interamericana, 10 años después

La semana pasada estuve invitado como relator de una de las mesas de discusión del “Diálogo subregional de los miembros del Sistema de Integración Centroamericana y México: Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo” celebrado en San José, Costa Rica, y organizado por la OEA.

El evento, al que asistieron un centenar de políticos, diplomáticos, académicos, dirigentes de la sociedad civil y funcionaros internacionales, tenía entre sus objetivos analizar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a diez años de su firma.

La CDI se promulgó, con el acuerdo de todos los países miembros de la OEA, en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001. Los asistentes estuvieron de acuerdo que la CDI ofrece una concepción doctrinal y también un programa para ampliar y consolidar la democracia.

Hay consenso en señalar que la aplicación de la CDI es una responsabilidad de los estados miembros y no es una atribución de los funcionarios de la organización. En torno a la aplicación de la carta, en ese marco, existen dos posiciones:

• Quien asegura sí se ha aplicado en los momentos que se ha solicitado. Ofrecen como prueba los casos de Honduras, Ecuador y Haití. Sostienen, que dentro de sus límites, la aplicación ha sido exitosa.
• Quien considera que no se ha aplicado en todos los casos que lo ameritan. La OEA, dicen éstos, no ha intervenido a pesar de la evidencia de que algunos países violan los principios mínimos establecidos en la CDI.

El hecho es que a diez años de la firma de la CDI entre los estados miembros existen maneras distintas de entender la democracia, el contenido de la carta y el papel de la OEA.

Detrás de estas visiones está la discusión teórico-jurídica sobre si la OEA es o no un órgano supranacional cuyas resoluciones obligan a sus estados miembro, que por decisión propia, al firmar la CDI, asumen voluntaria y conscientemente ceder parte de su soberanía.

Se asume que en estos momentos no existen en la región condiciones políticas, para discutir el contenido de la CDI. Hacerlo entraña graves riesgos que podrían incluso representar un paso atrás.

Algunos países reclaman su soberanía nacional, en el marco de esta disputa, para impedir la aplicación de la CDI. Los integrantes de la OEA, por diversas razones, no están a favor de la intervención y expulsión del organismo.