La Calidad de la Gestión Pública: Un Reto para el País

Eréndira Avendaño

Investigadora de México Evalúa

 

En la última entrega del Índice de Desarrollo Humano para México (2011) del Programa de Naciones Unidas (PNUD), se presentan una serie de reflexiones que aportan al debate público conclusiones valiosas, acerca de los desafíos que enfrenta la acción pública para generar desarrollo. En este informe se plantea una pregunta que llama la atención: “¿hasta qué punto las políticas públicas promueven el bienestar general?” este cuestionamiento no sólo lleva a la reflexión de la pertinencia de los programas públicos existentes para atender las causas de los rezagos sociales, ante poco más de 40% de la sociedad mexicana excluida de las condiciones del desarrollo. También exige la valoración de la calidad y eficacia de la gestión pública para hacer efectivo un buen diseño de política pública, que genere impactos positivos en los problemas públicos y la población que se busca atender.

 

Al respecto, recientemente la Fundación Este País y Banamex dieron a conocer la Encuesta Nacional de Valores sobre lo que nos Une y Divide a los Mexicanos (ENVUD), en ella se puede identificar que, en opinión de los ciudadanos encuestados, los objetivos que debería atender el gobierno mexicano se vinculan principalmente, con la generación de empleos, provisión de un sistema de seguridad social, combate a la pobreza y educación. No obstante, la opinión de los mexicanos respecto a la conducción del país para lograr dichos objetivos es poco favorable:

 

(1) 60% de los ciudadanos creen que el rumbo actual del país es equivocado.

(2) Por tipo de clase social en la que se ubican los mexicanos, 64% de la población que se considera de clase baja piensa que el rumbo del país no es el correcto.

(3) Por entidad federativa, más del 80% de la población encuestada en Chihuahua, Michoacán y Morelos también considera que el país transita por el camino equivocado.

 

Lo anterior no es menor y obliga a examinar la calidad y efectividad del gobierno en su tarea para promover las condiciones mínimas que procuren la existencia de la sociedad. En este sentido, la capacidad de gestión de la acción pública resulta fundamental, ya que define la “habilidad intrínseca de los gobiernos para (…) desarrollar, dirigir y controlar su capital humano y físico con el fin de apoyar la implementación de las direcciones de las políticas públicas.”

 

En el caso mexicano se percibe la fragilidad de esta habilidad en la acción pública. Es común que el diseño y formulación de los programas y políticas públicas respondan a factores políticos, para la obtención de votos y mantener clientelas, más que atacar causas reales de los problemas de interés público. Los problemas de corrupción y tráfico de influencias debilitan aún más a una administración pública poco eficaz y, de acuerdo con el informe del IDH, de baja calidad. El resultado en materia de desarrollo humano es una política social basada en derechos sociales sin especificar, planes de gobierno no basados en derechos, programas sociales poco coordinados, asignación del gasto regresiva e impactos aún desconocidos.

 

Sin duda, una acción pública eficaz y de calidad es factor clave  para poder acceder a derechos universales y al desarrollo humano, no obstante una condición real de cambio sólo puede lograrse a través de la participación de la sociedad, externando su rechazo a seguir pagando los costos de instituciones públicas y privadas que no responden a las exigencias del interés público.