La búsqueda en el exilio de personas desaparecidas en Colombia y México

blogeditor · 27 de junio de 2022

Hasta encontrarlos

La desaparición de personas de sus espacios de vida y comunidades no es un fenómeno nuevo ni aislado. Se trata de un crimen presente en muchas regiones del planeta. Cada vez son más las voces que se alzan desde organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de víctimas para visibilizar la gravedad de estos sucesos y para denunciar la inacción y aquiescencia del Estado respecto de esta práctica. Pero, ¿qué es la desaparición forzada?

De acuerdo con la Convención Internacional en la materia, la desaparición forzada es un crimen internacional que viola múltiples derechos humanos, cuya intencionalidad radica en borrar o sustraer a una persona de un determinado entorno tratando de ocultar su paradero. En este sentido, ya sea en un contexto de conflicto armado, violencia o incluso de paz, la desaparición forzada despoja al ser humano de sus derechos más intrínsecos, a saber, su derecho a la vida y a la integridad personales, y genera una profunda incertidumbre y dolor para sus familiares al desconocer el destino de sus seres queridos. ¹

Las víctimas de desapariciones forzadas son líderes políticos y sociales, defensores de derechos humanos y de la naturaleza, periodistas, estudiantes, y personas como tú o como yo. Con ello, los perpetradores buscan alcanzar dos objetivos: primero, sembrar un temor tal que ralentice o frene la labor que desde estos colectivos se está realizando, y segundo, generar una suerte de desazón y daño que debilita el tejido social al saberse el grado de impunidad que existe en torno a este fenómeno. ²

En la región, México se enfrenta a una situación de violencia estructural y violaciones graves de derechos humanos que está fuertemente arraigada debido a altos niveles de corrupción, impunidad, militarización e inseguridad. Ello se debe, entre otros factores, a los pactos cupulares de impunidad que se entrelazan con redes clientelares de políticos y fuerzas del Estado con la delincuencia organizada, ³ lo cual ha favorecido la falta de garantías para el esclarecimiento de la verdad en casos de desapariciones. ⁴

De manera preocupante, el mes pasado la situación de México alcanzó la alarmante cifra de 100,000 personas en paradero desconocido. ⁵ Además, tras su reciente visita a México en noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU adoptó un informe en el que señaló como principales responsables del creciente número de desapariciones forzadas a los servidores públicos y a miembros del crimen organizado, por lo que insistió en la obligación que tiene el Estado mexicano de tomar medidas inmediatas para atender este fenómeno ⁶ (misma que ha incumplido). Entre otras cosas, la capacitación y el fortalecimiento del cuerpo policial civil para la protección y salvaguarda de la sociedad es un pilar fundamental en esta labor, ya que la militarización de la seguridad pública en México no ha hecho sino agravar la situación de desapariciones. ⁷

Por otra parte, la desaparición forzada en Colombia tiene su origen en el conflicto armado interno que inició en 1967, ⁸ convirtiéndose en reflejo de las dimensiones de degradación del conflicto. Esta práctica comenzó a emplearse en Colombia como un recurso estratégico del Estado en los años 70, ⁹ incumpliendo desde entonces sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

A la fecha, Colombia cuenta 188,977 personas víctimas de desaparición forzada. ¹⁰ La magnitud de las violaciones graves de derechos humanos en el país ha generado que el citado Comité publicara un informe a mediados de 2021 en el que expresó preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones de casos de desaparición forzada, instando al Estado a tomar medidas a fin de garantizar la rápida implementación de los Planes de Búsqueda. ¹¹

En definitiva, para hacer frente a la crisis actual de desaparecidos en estos dos países es imperativo que exista voluntad, acción y capacidad estatal para garantizar derechos fundamentales como son la vida y la libertad. Además, es necesario que los responsables de cometer estos crímenes sean investigados y enjuiciados, pues la impunidad que rodea a las desapariciones forzadas no hace más que incentivar la repetición del delito.

Más allá de cuestiones políticas, jurídicas o coyunturales, existe una similitud en las situaciones de México y Colombia que rara vez se menciona. Son muchas las familias de estos dos países las que día a día continúan buscando a sus seres queridos y no cesan en tocar puertas de instituciones estatales en busca de respuestas. De este modo, las familias se organizan y forman comunidad para denunciar, reclamar, sostenerse y acompañarse en el proceso de esclarecimiento de la verdad, ¹² bajo la fiel creencia de que sólo a través de ella se podrá reconstruir el tejido social dañado por las ausencias.

En este camino, son mamás, hermanas y compañeras las principales voceras de aquellos que han sido silenciados. Mujeres. Su labor de búsqueda, denuncia y reclamo es fundamental ante la realidad de un fenómeno que embiste en un mayor porcentaje a los varones. ¹³ Comúnmente, ellas realizan labores de cuidado que históricamente se les ha atribuido y, no obstante, ejemplifican la capacidad de reunión y asociación bajo el objetivo del “cuidado de la vida, la justicia y la recuperación de la dignidad”. ¹⁴ Sin embargo, es común que estas mujeres, que se han convertido en auténticas defensoras de derechos humanos, hayan sufrido atentados contra su integridad o sido forzadas al exilio.

Es así que desde lejos también se lucha por encontrar a las personas desaparecidas. Huir del territorio donde hemos nacido para preservar la vida no es sólo un hecho de por sí victimizante, sino que pone en jaque la efectividad de las instituciones estatales para proteger a la sociedad. De esta forma, la búsqueda de un ser querido desde el exilio es doblemente pesada. Por una parte, salir de la tierra que les ha visto crecer supone un duro impacto emocional, agravado por la ruptura de vínculos afectivos generada por la distancia. Por otra parte, estas personas se enfrentan a la realidad de seguir sus labores de búsqueda desde la lejanía, donde los procesos son más complejos por la falta de instituciones adaptadas a estos contextos y ante dificultades para contar con información precisa y en tiempo real. ¹⁵

Ahí reside la complejidad de la búsqueda en el exilio. Las familias deben hacer frente a la problemática económica, ya que no sólo se trata de costear la búsqueda de su familiar desde otro país, sino el hecho de que se lucha sin soportes institucionales. ¹⁶ Además, las buscadoras deben lidiar con la realidad de la resistencia en el exterior donde, en muchos casos, han tenido que hacer un gran sacrificio económico para huir y hacer frente a la pérdida del aporte de la persona desaparecida, que en incontables ocasiones, era el sostén económico del hogar. ¹⁷ Ello hace que la supervivencia y la lucha de las víctimas desde el exterior sea todo un reto, y ha conllevado que muchos familiares no puedan hacer frente, en este nuevo contexto, al costo de la búsqueda.

Reclamar la verdad para ellas supone mantener viva la identidad de su familiar y visibilizar su desaparición en un contexto de impunidad, engaño y estigma, convirtiéndose la búsqueda en “un compromiso de vida” ¹⁸ que les lleva a modificar profundamente los proyectos que tenían antes de la desaparición. ¹⁹ Ante esta situación, organizaciones que acompañan a víctimas en el exilio han adquirido un papel fundamental para la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Además de acompañarlas en la búsqueda desde afuera, organizaciones como Movimiento Migrante Mesoamericano y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos acompañan a los reclamantes de verdad en sus pasos y son fuente de visibilización del fenómeno y los riesgos que conlleva la denuncia y búsqueda. ²⁰

La pregunta que me hago es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se seguirá perpetuando la comisión de este crimen? ¿Hasta cuándo las familias tendrán que convivir con el estigma y el miedo por ejercer su derecho a buscar? o ¿hasta cuándo el Estado establecerá mecanismos realmente efectivos que faciliten el asesoramiento a las familias y su labor de búsqueda desde el exilio? El Estado tiene la obligación de proteger y salvaguardar el derecho a la vida y, en el caso de crímenes como la desaparición forzada, garantizar el esclarecimiento de la verdad, el ejercicio de justicia, y la reparación integral de las y los afectados. Ha de primar el análisis crítico y la apertura ante la crisis que viven estos países. Sólo así podrá asegurarse que crímenes como la desaparición forzada de personas no hagan parte del relato de vida de ninguna familia más.

¿Hasta cuándo? Hasta encontrarlos.

@CMDPDH

¹ Karlos A. Castilla Juárez, Desaparición forzada Mecanismos y estándares internacionales, junio 2018

² Karlos A. Castilla Juárez, Desaparición forzada Mecanismos y estándares internacionales, junio 2018

³ CMDPDH, COMUNICADO: COMITÉ DE LA ONU CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA CONFIRMA LA NATURALEZA GENERALIZADA DE LA DESAPARICIÓN EN MÉXICO Y LA CASI ABSOLUTA IMPUNIDAD QUE LA RODEA, diciembre 2021

⁴ HCHR, Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención, abril 2022

⁵ HCHR, mayo 2022

⁶ OCHA, Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención, Observaciones y segunda parte de las recomendaciones (art. 33, párr. 5) (CED/C/R.9 (Observations and recommendations)), abril 2022

⁷ Ver HCHR, Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención, abril 2022, párrafo 11

⁸ Marta Sahagún, MUJERES MAYORES DE SESENTA AÑOS CON FAMILIARES VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA O COMETIDA POR PARTICULARES EN COLOMBIA Y MÉXICO: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO, ESPIRITUALIDAD Y DEPRESIÓN, noviembre 2021

⁹ Albano Calvo Sánchez, Familiares de personas desaparecidas forzadamente en Colombia: un aporte etnográfico al estudio crítico de la justicia transicional, enero 2018

¹⁰ Registro Único de Víctimas, Víctimas por Hecho Victimizante, abril 2022