La burla de la consulta popular

Con la decisión de la Suprema Corte para frenar las cuatro propuestas de consulta popular presentadas por los partidos políticos, se ha completado la farsa engendrada por los poderes del Estado al aprobar normas inoperantes e interpretarlas de forma tan restrictiva que hacen inútil esta figura de la democracia directa.

En esencia, la Corte desechó las consultas propuestas por el PAN, el PRD y Morena en materia de salarios mínimos (en el primer caso) y en materia energética (en los dos últimos) al señalar que incidían en los ingresos y gastos del Estado, uno de los temas vedados por la Constitución como objeto de consulta.

[contextly_sidebar id=”RS7uysrHs61JbHmFq3b6CX4e8KBB4qgw”]En materia energética, la Corte argumentó que como la reforma al Artículo 27 tenía como propósito “obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación”, la consulta era inconstitucional (por cierto, sin intentar probar si efectivamente la reforma energética traerá mayores ingresos al Estado). De nada sirvieron los argumentos del ministro Cossío (único que apoyó la consulta en este caso) al apuntar que los ingresos y gastos debían verse de una forma restringida al estar de por medio el ejercicio de un derecho humano como es el de la participación política.

La mayoría de los ministros, no obstante, consideró que los legisladores no definieron a qué se referían los “ingresos y gastos del Estado” en las leyes; por tanto, basaron su veredicto en una adenda al dictamen de las Comisiones Unidas en el Senado publicado en la Gaceta, donde se señala que tales comisiones son “intérpretes de la Constitución” y “arriban a la conclusión que debe dársele a ambos términos el significado lato sensu, es decir, el más amplio”, por lo que, por ejemplo, “ingresos del Estado” son “cualquier ingreso monetario o no monetario pasado, presente o futuro que por cualquier acto, fuente o actividad perciba la administración pública de cualquier orden de gobierno” (página 48).

La contradicción es evidente. Si las consultas populares sólo pueden usarse para preguntar sobre temas de “trascendencia nacional” (Artículo 35 de la Constitución), es inevitable que cualquier tema de “trascendencia nacional” tenga impacto presupuestario. Así, por omisión (intencionada o no) los legisladores dejaron inoperante la figura de la consulta populary más aún con la interpretación que dio la Corte.

Respecto de la propuesta del PRI para eliminar algunas plurinominales en las cámaras de Diputados y Senadores, la Corte se pronunció de forma unánime en el sentido de que tal consulta tendría como objeto una materia electoral (tema también vedado por la Constitución), por lo que no era procedente.

Las instituciones no son débiles por generación espontánea, existen decisiones que las debilitan. La decisión de hacer inútil e inoperable la consulta popular es clara. La intencionalidad de la clase política, también: evitar que la ciudadanía cuente con información y participe de forma directa en la toma de decisiones públicas. Más grave aún, el mensaje de la clase política es que no considera a la deliberación como un valor consustancial a la democracia y prefiera mantener todos los temas de “trascendencia nacional” vedados a consulta en lugar de arriesgarse a deliberar y convencer.

Así, es una burla decir que la soberanía original radica en el pueblo y que sea el propio constituyente permanente el que limita su participación. Es una burla para los 16.1 millones de ciudadanos (11.6 de ellos inscritos en la Lista Nominal) que de forma cívica confiaron su firma para solicitar la realización de las consultas populares.

Es una burla para los contribuyentes al dilapidarse 30 millones de pesos para validar las firmas por parte del INE y otras cantidades por ahora desconocidas erogadas por los partidos para recolectarlas. Una burla que los partidos tengan a su alcance estructura, personal y presupuestos y no puedan sacar adelante consultas populares y esperen que la ciudadanía no organizada en partidos sí pueda hacerlo.

Es una burla a las organizaciones que impulsaron esta figura y a las que les prometieron que sí se aprobaría. Es una burla a la opinión pública a la que quisieron convencer con spots de que la reforma política “acercaba a la ciudadanía”. Es una burla al país. Una vergüenza.

Que las consultas populares sean un efectivo instrumento de la democracia concierne a todos. No sólo se trata de que la ciudadanía influya de forma directa en la toma de decisiones públicas, sino, más importante, que las consultas sirvan para hacer que los actores políticos se definan sobre políticas públicas específicas, busquen definir los términos del debate e intenten convencer a la ciudadanía de su postura.

Ese proceso da más información al votante sobre cuáles son realmente las diferencias entre las opciones políticas al focalizar las discusiones en una pregunta con dos respuestas posibles (sí/no, de acuerdo/en desacuerdo). Por otro lado, las consultas populares son un mecanismo que fomenta la participación ciudadana, la educación política y aumenta la responsabilidad política de partidos, candidatos e incluso medios de comunicación.

Pues bien, esa opción hoy por hoy está mutilada y los ciudadanos son presa de relaciones asimétricas de poder dejando en el camino una igualdad política de pacotilla. Es urgente que se reforme la Constitución y las leyes reglamentarias para que cualquier tema pueda ser objeto de consulta. Hoy, los poderes del Estado están condenando a la ciudadanía a no tener voz, a no tener salidas y de la que sólo se espera lealtad. Esa condena puede salir muy cara para todos.

 

@albertoserdan