La batalla generacional por la justicia penal

El sistema de justicia penal encierra la eterna paradoja del Estado entre seguridad y justicia. Por una parte, tiene que garantizar que todas las personas tengamos una vida libre de violencia y prevenir actos abusivos sobre nuestra integridad o propiedad, y por otra, el Estado debe de autoimponerse limites para evitar abusos y arbitrariedades en la búsqueda de ese objetivo. Estas dos finalidades son asimétricas en el espectro político, mientras que aumentar el numero de personas encarceladas es visto de manera positiva por la opinión pública, los controles y mecanismos diseñados para evitar el error, el abuso y la arbitrariedad del Estado al momento de castigar, son históricamente contramayoritarios.

La propuesta de reforma actual ubica a la corrupción como el mayor problema a vencer. Principalmente aborda a la corrupción judicial como un problema que “deja libres a peligrosos delincuentes” omitiendo que la corrupción judicial más corrosiva es la que encarcela inocentes. Defensas simuladas, jueces parciales que se autoperciben como un eslabón policial más y fiscales capaces de fabricar o desaparecer pruebas son, a pesar de las reformas, un fenómeno constante y generalizado en todos los niveles. Los viejos vicios, con la oralidad, aparecieron en nuevos lugares y no observar esto, tanto para defender el sistema acusatorio como perfecto o atacarlo por ineficaz, es deshonesto y nos aleja de las posibles soluciones.

Pareciera que en la arena política nos dividiéramos entre defensores y detractores del sistema de justicia penal acusatorio; los primeros caemos en el exceso de confianza y una especie de narcicismo colectivo en donde nosotros, los buenos, defendemos los derechos humanos, la presunción de inocencia y exigimos un cambio institucional profundo para el éxito del sistema del que nos sentimos orgullosos, y por otra parte los malos que buscan eliminar todos los controles que obstruyen la eficacia del estado al momento de encarcelar sospechosos y elevan desmesuradamente los requisitos legales para apuntar triunfos en la política criminal del gobierno. Ambas posturas, en su afán totalizador, tienen fallas de origen que al momento de proponer soluciones evidencian la falibilidad de las “balas de plata” para lograr un país próspero y pacifico.

Nadie en su sano juicio podría asegurar que el sistema de justicia penal acusatorio es perfecto o al menos, garantiza a la perfección la presunción de inocencia, evita el error de sancionar inocentes o modera racionalmente la restricción de derechos humanos de las personas procesadas a la perfección. Al hacer esto, pasamos por alto que al importar el modelo procesal americano tropicalizado por chilenos incorporamos el procedimiento abreviado, una de las figuras más cuestionadas por el movimiento que busca la reforma penal en EE.UU. También omitimos que la génesis de la reforma se dio en un periodo extremadamente problemático para los derechos humanos y, en la correlación de fuerzas, se tuvo que ceder un régimen de excepción para legalizar las arbitrariedades en el combate frontal a la delincuencia organizada. Y, por último, que con el propósito de acelerar la implementación de la reforma, se elevaron irresponsablemente las expectativas sobre sus posibles resultados en la reducción de impunidad y la inseguridad.

Hablando de los detractores, también hay una fuerte deshonestidad y ausencia de autocrítica. Se habla de que el sistema acusatorio solo ha incrementado la impunidad y ha propiciado el aumento de la criminalidad violenta, omitiendo que la reforma coincide en tiempo con la estrategia militarizada de combate al crimen organizado, enfocando el trabajo de las procuradurías locales a delitos de drogas y homicidios relacionados con la delincuencia organizada –que en teoría deberían ser perseguidos a nivel federal-, obligándolas a dejar en segundo plano al robo a casa habitación, asaltos, robo de auto y la violencia contra las mujeres, delitos extremadamente victimizantes, indignantes y cotidianos que han quedado sin respuesta. También, de manera deshonesta, se habla de un pasado inexistente, el sistema mixto que se dejó atrás funcionaba como método de administración política de la criminalidad (no como un sistema de justicia), con un amplio margen de discrecionalidad y una tolerancia inhumana al autoritarismo que lejos de satisfacer a las víctimas, generaba nuevas víctimas donde antes no las había.

Estas contradicciones entre defensores y detractores del sistema penal acusatorio son, además, una batalla generacional. Por un lado, tenemos a una generación de abogados (lo pongo con o, porque todos son hombres) que con la reforma perdieron su prestigio y mandó bibliotecas enteras a la basura, esa generación de penalistas acostumbrados a negociar el resultado de sus casos en el despacho del procurador y no en una sala de audiencia; siempre tolerantes a la arbitrariedad ministerial y judicial pues nunca se sabría cuando se necesitaría pedir un favor al procurador en turno; esa generación de abogados que aportó en la construcción de mercados de extorsión en las agencias del ministerio público favoreciendo a los clientes adinerados y prohibiendo el acceso a la justicia de los desposeídos. Son ellos quienes más extrañan el sistema inquisitivo y escrito.

Por otro lado, los defensores del sistema que si bien incorporan algunos conversos abogados de la vieja guardia, es un grupo de personas no mayores de 50 años que ha participado intensamente en la construcción del nuevo sistema, primero en el debate estatal sobre el diseño de un proceso penal acusatorio y después en la difusión de los principios y garantías comunes, involucrándose de manera activa en la enseñanza y el fortalecimiento de capacidades institucionales para que el sistema opere de manera óptima. Todo esto, desde un ejercicio de autocrítica, llevado con una fuerte dosis de ingenuidad fruto de la inexperiencia y el exceso de confianza. Por dar un ejemplo, creímos que mejorando el sistema de justicia penal resolveríamos todos los problemas, nos vimos en el espejo chileno sin querer ver que en México no teníamos algo parecido a los carabineros o su policía de investigación; en pocas palabras, necesitábamos preparar un pastel y comenzamos por la cereza y el betún.

En estas próximas semanas se dará inicio a un nuevo proceso de reforma judicial impulsado por los aquí llamados detractores, una generación de penalistas amparada por la opinión pública que exige mayor contundencia a costa de todo, prometiendo mayor eficacia a cambio de discrecionalidad y dispensa de controles, omitiendo, al igual que los defensores del sistema, que de poco sirve cambiar el sabor del betún y la ubicación de la cereza, si no tenemos pastel. Por otra parte, la oposición a este impulso de reinstauración del viejo sistema se encuentra en crisis por la nueva correlación de fuerzas. En el contexto actual, los análisis estadísticos que muestran la ineficacia de las medidas autoritarias o los argumentos de autoridad que citan parámetros internacionales a los que se debe sujetar el proceso penal, son abiertamente despreciados por impopulares. Los nuevos tiempos nos exigen, como generación, entendimiento y asertividad; oponernos de manera anticipada a cualquier cambio solo refuerza el ánimo de reconstrucción autoritaria del sistema penal y asumir que lo que tenemos es perfecto es un error estratégico casi tan grave como asumir que el sistema que dejamos atrás era mejor.

* Alejandro Jiménez Padilla (@alejandrojimp) es abogado. Clínica de defensa penal pública en @ibero_derecho.