La banalización del Estado

Nos ha llevado mucho tiempo construir instituciones democráticas en México. El hoy INAI (antes IFAI) nos ha costado exactamente 20 años: vislumbrarlo, diseñarlo, generar consensos políticos para su creación, explicarlo al público, dotarlo de presupuesto y patrimonio, seleccionar a sus servidores públicos, hacer entender al resto de la administración pública, a los otros poderes y a órganos constitucionales autónomos para qué sirve esta institución, explicar a las personas en todo el país que la función central del INAI es defender dos derechos humanos de los particulares frente al Estado y frente a privados que posean datos personales (acceso a la información y protección de datos personales), hacer que millones de empresas, sindicatos, asociaciones civiles e instancias privadas que manejan datos personales conozcan sus obligaciones para su manejo y protección, que las legislaturas estatales aprueben, conozcan y legislen a partir de los artículos constitucionales (6 y 16) de los que dimanan la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, vencer resistencias cotidianas de todos los sujetos obligados para cumplir con estas disposiciones y respetar esos dos derechos, que el Congreso de la Unión, la presidencia de la república y organizaciones civiles sostengan un diálogo permanente -y a veces muy tirante- sobre la mejor forma de hacer efectivos esos derechos humanos.

Eso y mucho más a lo largo de 20 años ha significado la construcción del INAI. La han llevado a cabo todos los partidos políticos con representación en las legislaturas de nuestro país, muchísimos servidores públicos, periodistas, aguerridísimas organizaciones civiles y académicos, principalmente.

La carta al INAI que hizo pública hace días el presidente López Obrador banaliza todo este largo y muchas veces quebradizo proceso de construcción de una institución democrática, de un contrapeso al poder político y empresarial, de una vindicación de los derechos fundamentales de las personas frente al Estado y los poderes privados.

Al i) exhibir datos personales -obligadamente no públicos- de un periodista, sean reales o no; ii) usar para ello información anónima; iii) exhibir públicamente su ignorancia (real o no) sobre el funcionamiento del INAI, iv) y al formalizar públicamente una comunicación oficial de la presidencia de la república al órgano constitucional autónomo (INAI) encargado de la protección de datos personales, el presidente López Obrador ha puesto su desdén voluntarista por encima de las reglas básicas de la convivencia democrática en un Estado constitucional.

Disolver así al Estado, echarle más agua al cemento del entramado democrático, quitarle tornilllos al mecanismo que instaura en una sociedad una obligación para la autoridad y una libertad o derecho para los particulares solamente puede conducir al descarrilamiento, a la pérdida de sentido de lo que una sociedad quiere y trabaja por ser y a la instalación de la mera fuerza y de la asimetría de recursos de poder (puede ser la del Estado pero también la de poderes fácticos, legales e ilegales) como instrumentos para dirimir diferendos.

La carta al INAI no es un acontecimiento: es un signo de este sexenio. Su lógica puede verse en otras dimensiones que también aplican solvente al Estado y a sus funciones democráticas: abrazos, no balazos; el uso de instituciones de procuración de justicia para persecución de adversarios y venganzas personales; encubrimiento de leales que han sido exhibidos usando recursos ilegales para financiar campañas políticas; cooptación de instituciones académicas (CIDE) y científicas (CONACyT); adormecimiento y sujeción de autonomías (Auditoría Superior de la Federación); ataques directos e intento de sojuzgamiento de la autoridad electoral (INE); uso de la figura de revocación del mandato para debilitar al INE; uso del servicio exterior para premiar a amigos y a opositores solícitos; decreto que establece como seguridad nacional toda obra o proyecto para evitar el cumplimiento de normas, procedimientos y su publicidad.

Si este corrosivo y presidencial modus operandi es posible después de tantas décadas que México ha invertido en oponer contrapesos a la figura del presidente de la república, valdría la pena que la oposición y todos nosotros nos preguntáramos si el presidencialismo nos conviene como sociedad. Los regímenes parlamentarios parecen estar mejor equipados para lidiar con estas pulsiones voluntaristas y autoritarias.

* Sergio López Menéndez es consultor independiente.