La autonomía de la FGR no es una carta blanca

El legislativo, aparentemente con la venia de la Fiscalía General de la República (FGR) han propuesto una serie de modificaciones al actual funcionamiento de la dependencia. Destaca la propuesta de Ley de la FGR.

A nuestro modo de ver, pareciera que la autonomía de la FGR se ha querido interpretar de una manera perversa, como una carta blanca al Fiscal general, incluso para incumplir la ley.

Las organizaciones de la sociedad civil que constituimos el Colectivo contra la Impunidemia estamos preocupadas por esas reformas, particularmente, porque son un ataque directo contra los derechos ganados de las víctimas y de la sociedad civil en general, constituida como vigilante activo de la actuación de las autoridades. La participación de la sociedad civil, forma parte de la rendición de cuentas y tiene íntima relación con una sociedad democrática.

Hace casi ya dos años, el 14 de diciembre de 2018, se publicó la Ley Orgánica de la FGR, que como reiteradamente hemos mencionado, ha sido flagrantemente incumplida por el Fiscal General y por el Senado de la República. Por ejemplo, las personas titulares de las fiscalías especializadas no han sido nombradas bajo el proceso legal, sino a discreción del Fiscal y tampoco ha sido instalado el Consejo Ciudadano de la FGR.

Por su parte, la nueva Ley de la FGR que se propuso por el grupo parlamentario de Morena, rompe con derechos ganados de las víctimas en leyes como la Ley General contra la Tortura y en el propia Ley General de Víctimas:

• Suprime de su marco legal las disposiciones contenidas en tratados internacionales (artículo 3 de la propuesta).
• Se eliminan la autonomía y la accesibilidad como principios rectores de la actuación de la Fiscalía y se agrega la lealtad y la especialidad (artículo 4 de la propuesta).
• Elimina principios fundamentales que rigen la elección de la persona titular de la Fiscalía y que son además claves para la rendición de cuentas: transparencia y participación ciudadana.

Más preocupante aún, es obvio para cualquiera, que en México se cometen delitos que obedecen a fenómenos criminales complejos y que no han sido investigados y mucho menos sancionados. Al aprobarse la vigente Ley Orgánica de la FGR, se consideró que no era posible que casos que tienen relación con graves crímenes, como tortura, desaparición y ejecuciones (pero también otros que involucran mercados criminales, por ejemplo, trata de personas, secuestro y extorsión) se continuaran trabajando en una lógica de caso individual o caso por caso, sin tomar en cuenta la investigación de contexto, de los fenómenos criminales y las responsabilidades de los aparatos organizados de poder. Esta forma de investigación más eficaz, se contempló en la mencionada Ley Orgánica, que por ejemplo, da la posibilidad de contar con unidades de contexto y especiales de investigación, así como de hacer convenios con instituciones internacionales que apoyen las investigación; estas opciones sabemos que han sido descartadas en su totalidad, en la práctica, pero también pretenden eliminarse de la legislación.

Sobre los temas de género, a pesar de que datos oficiales indican que alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día en México, la propuesta pretende eliminar la Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer.

En otros espacios de participación, por ejemplo, en la Alianza para el Gobierno Abierto, la FGR ha estado ausente, y es renuente a participar con la ciudadanía para construir estrategias de transparencia proactiva, justificándose en su “autonomía”.

Queremos hacer ver que la autonomía de la FGR no significa una carta blanca al Fiscal, ni mucho menos la posibilidad de incumplir con la ley. La autonomía del Fiscal y la FGR no están pensados en función de la institución, sino de cómo la FGR garantiza los derechos de las víctimas, y particularmente aquellas que han sufrido crímenes graves.

@CMDPDH