blogeditor · 25 de febrero de 2021
Poco menos de 24 horas duraron los aplausos y el reconocimiento a la imparcialidad, confiabilidad, legalidad y definitividad de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en el informe de la Cuenta Pública 2019, la cuenta del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Después de que el presidente desestimó los datos de la Auditoria del sobrecosto de 331 mil millones de pesos por cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y de asegurar que estaban informando mal, el auditor superior, David Colmenares, salió a corregir -por primera vez en la historia de la ASF fuera de los procesos de revisión legales- al decir que había un error metodológico y que eran incorrectos los datos del informe. Eso le valió pasar del aplauso a la burla. Salieron cartones en todos los medios de comunicación con su caricatura doblegado y con un Andrés Manuel que concentra más y más poder.
La esperanza de esas 24 horas de contar con contrapesos políticos y de defender la independencia de algunas instituciones se colocó sobre la Auditoria Superior de la Federación, esa Auditoria que cumplía su función constitucional de fiscalizar el ejercicio del gasto en términos de desempeño y uso adecuado de los recursos para lograr los objetivos que plantea el propio Gobierno Federal en sus propios programas. Bastó una mañanera para corregir la plana y mandar el mensaje reiterado: conmigo o contra mí.
A pesar de ello, los informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019 guardan información muy valiosa del desastre de administración pública que ha creado esta cuarta transformación. Estos informes no los puede desdecir el Auditor Superior, pero probablemente sí le cueste el nombramiento si el presidente aprovecha su mayoría en el Congreso. Comparto algunos ejemplos:
1. Jóvenes Construyendo el Futuro: El diseño institucional-organizacional es impreciso e insuficiente atender el problema público. “No se diseñó una planeación […] que definiera estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para dirigir el avance del programa y medir su contribución en la permanencia y el egreso escolar de los estudiantes a los que se les otorgan las becas”. La asignación de beneficiarios cuenta con inconsistencias para más del 9.8% de los beneficiarios (35066 de 357923 que recibieron las becas), ya sea porque no cumplían requisitos o recibieron montos distintos a los establecidos.
2. Adquisición de Medicamentos: “En opinión de la ASF, la gestión de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda en la adquisición consolidada de medicamentos para 2019 fue deficiente al no asegurarse que en la planeación y operación de compra y distribución se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado, ni de su acceso efectivo, universal y gratuito, por lo que no se garantizó el derecho a la protección en salud y que los recursos del sector se ejercieran con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, ya que el marco normativo general y específico fue insuficiente e incongruente para regular los procesos de adquisición y delimitar las atribuciones”.
“La adquisición consolidada de medicamentos en 2019 no contó con información clara e integral del ejercicio presupuestal y de los pedidos realizados para garantizar la suficiencia de las compras para atender la demanda de medicamentos, ni con mecanismos de seguimientos y evaluación efectivos para la adquisición consolidada de medicamentos”.
3. Compra de Medicamentos Oncológicos: “La relación de 207 contratos proporcionada por el IMSS tiene inconsistencias y que carece de mecanismos que integren el registro, control y seguimiento de los contratos.” “Se constató que el servicio se recibió en el 71.4% de los pacientes que atendieron las llamadas realizadas y que el resto (28.6%) dejó de recibir dicho servicio porque en algún momento no se le proporcionó el medicamento, tuvieron que comprar alguno para no interrumpirlo o le fue suspendido el tratamiento por estar en fase terminal.”
4. Sembrando Vida: “el programa presentó deficiencias en su diseño e implementación que implican el riesgo de que no logre cumplir, en el mediano plazo, el objetivo de lograr que los sujetos agrarios en localidades rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra.”
5. Censo del Bienestar y Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social: “En términos de su metodología e implementación, la Estrategia Censo del Bienestar no puede considerarse un censo, debido a que no se levantó información del total de viviendas de ninguno de los 2,457 municipios para los 119.5 millones de habitantes como se previó, ya que en 1,229 (50.0%) sólo se obtuvo información donde previamente se había identificado que habitaban beneficiarios de los programas sociales vigentes en 2018”.
6. Gestión Financiera de la Secretaría de Cultura (SC): “La Secretaría de Cultura pagó 727,867,200 pesos, con recursos públicos federales aprobados para el ejercicio fiscal 2019, erogaciones de egresos de ejercicios anteriores sin contar con la autorización correspondiente; además, de no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la recepción de los bienes y servicios, que originaron dichos pagos”.
“La SC pagó 675,148,400 pesos, a 16 personas morales públicas y privadas por la prestación de distintos servicios y la adquisición de bienes (arrendamiento de autos, maquinaria y equipo de oficina, limpieza, vigilancia, jardinería, administración de personal, boletaje aéreo y terrestre, mudanzas, organización, mobiliaria y logística para eventos culturales y la evaluación de servidores públicos); sin embargo, no presentó la documentación justificativa y comprobatoria, que acreditara la prestación de dichos servicios, ni la recepción de los bienes correspondientes”.
Debo reconocer que me generó una profunda decepción y tristeza leer página a página los resultados de las auditorias de desempeño y de cumplimiento que presenta el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. La administración pública de este gobierno falla sistemáticamente en la mayoría de sus dependencias con un servicio público poco profesionalizado, desordenado, ineficiente e incapaz de diseñar e implementar políticas públicas que resuelvan los problemas públicos que bien diagnosticaron muchos años antes de llegar al poder. Lo digo de corazón: por el bien de todos, que este gobierno corrija ya para que no nos deje inmersos en una crisis social, política, sanitaria, económica y, ahora, administrativa.