blogeditor · 19 de noviembre de 2013
Por: Lilia Elena Iñiguez Hernández
Sentada en una banca de un aeropuerto del sureste mexicano, con la cabeza atribulada trato de entender y ordenar lo que he oído y visto a lo largo de los últimos días. Además de los fragmentos de historias, testimonios e imágenes recabadas en el trabajo documental, la presencia de otros agentes me perturba. A escasos metros un policía está interrogando a tres personas que, como yo, esperan su vuelo al Distrito Federal. Comencé a prestar mayor atención cuando ví que les pedía sus identificaciones, me mortificó la idea de un nuevo chequeo, sumado al hecho de que parecía hacerles preguntas complejas sobre su destino y motivos del viaje. Finalmente, les regresó sus documentos y siguió andando. Al verlo acercarse, preparé mis identificaciones, pero para mi sorpresa, pasó de frente con un saludo y siguió de largo. Confundida regresé la mirada a los tres viajeros interrogados, permanecían callados, estáticos, no parecían turbados por haber sido los únicos revisados. Los tres eran de origen indígena.
[contextly_sidebar id=”04cd9de17833566232a4749b5fd9dc9f”]Intenté volver a mis pensamientos anteriores, pero no tuve éxito; aquel acontecimiento cambió el rumbo de mis reflexiones y recordé que no era el primer incidente de esa naturaleza que experimentaba. Esa misma mañana, a una autoridad que trabaja exclusivamente con pueblos indígenas la escuché quejarse por no comprender a las víctimas que llegaban hablando “dialecto” y no hablaban castellano, sin la sensibilidad y respeto al idioma de los pueblos originarios que ellos como servidores públicos están obligados a atender de manera digna. Más tarde en la línea de espera para entrar al cajero automático, una mujer desesperada dirigiéndose a mi exclamó “estas indias que no aprenden a usar las máquinas”, creo que buscaba mi aprobación, pero preferí desviar la mirada y volver a los papeles en los que tenía fija la atención. Por último, el aeropuerto. No necesitaba adentrarme en la selva ni profundizar en la montaña para observar el trato desigual y violento.
Hemos dirigido esfuerzos para generar conciencia sobre la violencia obstétrica en estas regiones sureñas del país, con la finalidad de que las mujeres conozcan sus derechos y los exijan. Hablamos de violencia obstétrica como aquellas violaciones a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres que van en contra de su derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la integridad, a la autonomía reproductiva, a la salud, a tener información. La violencia obstétrica es psicológica y física. Se manifiesta en burlas, maltrato, insultos, humillaciones, cuando se le niega o aplaza la atención médica a la mujer, o bien cuando se recurre a la coacción o castigo para obtener su consentimiento en la aplicación de tratamientos o métodos anticonceptivos. Claro, a mí todo esto me hace perfecto sentido, a mí, mexicana mestiza con estudios universitarios. Pero ahora no puedo parar de preguntarme: ¿qué tan coherente resulta esto para quienes la violencia y la discriminación es el día a día?
Es evidente que la violencia obstétrica no se circunscribe a una sola territorialidad, ni etnia, ni clase social, justo como todos los tipos de violencia que vivimos las mujeres y los hombres de este país. Pero si comenzamos a sumarle a este clima general el desprecio por raza, sexo y nivel socioeconómico que sufren las mujeres indígenas de esta zona, encontramos el escenario idóneo para descarar el actuar negligente y degradante.
Son muchos los factores y carencias estructurales que operan en el maltrato en materia de salud que las mujeres reciben durante el embarazo, parto y puerperio, juegan un papel fundamental la violencia institucional y de género. Pero no podemos quitar los ojos del factor determinante que representa la discriminación y racismo penosamente enraizado en nuestra sociedad. Estas mujeres tienen tatuado en la piel la triple discriminación: por ser mujer, por ser pobres y por ser indígenas, lo cual se agrava al encontrarse en tal condición de vulnerabilidad.
Es labor de algunos evidenciar los problemas que están llevando a las mujeres a sufrir tan indignos tratos durante su proceso obstétrico, pero es trabajo de todos como ciudadanos conscientes intentar hacernos responsables de nuestra propia programación cultural como reproductores de discriminación y hacer algo al respecto.
* Lilia Elena Iñiguez Hernández, abogada