¿La 5ta Transformación será militar?

“Sabemos que, cuando los militares mandan, terminamos en un país autoritario donde solamente un sector decide por todos”.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común

 

 

De unas décadas a la fecha, la “estrategia” de seguridad en México se recargó con mayor descaro al uso de las fuerzas armadas en tareas que nada tienen que ver con su propia disciplina militar, siendo incluso contrarias al marco constitucional. Esta situación nos ha puesto en un contexto espinoso que comenzó con un debate ahora en desuso: saber si estábamos militarizando al país o policializando a los militares. Sin obviar la respuesta a este dilema, actualmente la discusión es hasta dónde se puede sostener esta intromisión y cuándo será posible que se retome el camino civil, ya que diversos estudios en temas de seguridad comprueban que imponer la militarización en lugar de prevenir y controlar el delito, incrementa la violencia y los riesgos de violaciones a derechos humanos.

Si bien el fenómeno del despliegue de militares en el país data más allá de los inicios del programa de la política de drogas, fue durante este evento que se dio en un contexto donde nuestro país es uno de los pocos que tiene un secretario de defensa de origen militar. Desde el sexenio de Felipe Calderón, las tareas que se les asignan al ejército han ido incrementando en actividades de política social y con la llegada de la “4T” las fuerzas armadas se han colocado como “la institución favorita”, evidente en dos razones principales, La primera es el incremento en el presupuesto que han recibido: para el 2022 el presupuesto de la SEDENA aumentó en un 22% comparado con el 2021 1. La segunda razón es por la cantidad de tareas cada vez más diversas que se les han encomendado. En este punto, es de destacar que esta segunda razón es una clara violación al artículo 129 de la constitución, referente a la prohibición del uso de fuerzas militares en funciones civiles en tiempos de paz, esa constitución que tan pisoteada ha estado por los gobernantes en turno.

¿Cómo esperamos obtener resultados distintos haciendo exactamente lo mismo?

Es evidente que a 11 años del despliegue de militares como método para traer paz y bajar los índices de homicidios y violencia en el país no ha funcionado, mucho menos en prevención del delito, sino todo lo contrario.La política de Estado ha fallado. La violencia no solo ha permanecido, sino que se ha incrementado y está fragmentando el equilibrio cívico-militar que debe de existir en cualquier gobierno democrático, debilitando aún más los mandos civiles que tan olvidados están en este sexenio. Se han generado huecos en la asignación de responsabilidades en las autoridades sobre quién tiene que rendir cuentas en temas de seguridad a la sociedad. En todo este tiempo solo hemos visto desfilar filas de gobernadores y presidentes municipales que se han deslindado de sus responsabilidades tanto para con los ciudadanos como para sus policías locales.

Los gobiernos han tenido una gran dificultad de enfrentar los fallos en las instituciones de seguridad a nivel estatal y municipal. La falta de coordinación entre autoridades y la impunidad en los delitos, aunada a su incapacidad de arreglar el sistema de justicia de por sí mal construido, nos dan como resultado los altos índices de impunidad en el país, siendo las víctimas quienes quedan sin justicia ni reparación del daño. No hemos sido capaces de construir buenos policías, las fiscalías siguen en muy mal estado, sigue sin implementarse una política sin evidencia, sin datos, ni mucho menos un buen diagnóstico que esté pensada a largo plazo. El ejército ha ido empujando (apoyado de la clase política) un mayor reconocimiento de sus funciones en temas que nada tienen que ver con la seguridad nacional.

¿Por qué los gobiernos han tomado la decisión de fortalecer a los militares en detrimento de los mandos civiles?, ¿fue una decisión inevitable?

Las razones son diversas, desde un uso político de la legitimidad de la que gozan las Fuerzas Armadas hasta un escenario catastrófico en el que hay zonas del país en las que verdaderamente era la única solución, como resultado del abandono de las policías locales, ya que desarrollar una buena policía civil es una tarea costosa y demora bastante tiempo, lo que representa un reto político en los municipio, que buscan resultados a corto plazo con el presupuesto que se les asigna, optando por delegar la responsabilidad de la seguridad y encomendarla a los militares como una única respuesta ante la diversidad y complejidad de problemas de violencia y criminalidad existentes en la sociedad. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ocurre en detrimento de las policías locales, que padecen estancamientos presupuestales, mermas de recursos y una estigmatización sistemática a su profesión, como si no fuera ya suficiente arriesgar la vida cada día en cumplimiento de su deber.

¿Se puede revertir la militarización?

Si es aprobada la reforma propuesta por el presidente para darle de manera permanente la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, será muy difícil revertir la concentración de poder que se les está otorgando cada vez más a los militares.  Desafortunadamente diversos analistas coinciden que si la estrategia actual continua, llegaremos a un punto de no retorno, en donde los militares concentren tanto poder, facultades y operaciones fuera de la constitución que signifique un riesgo irreversible al estado democrático. Mas allá de las funciones de la seguridad pública, actualmente podemos verlos involucrados en servicios públicos, programas sociales, resguardo de fronteras y detención de migrantes, construcción de obras públicas, entre otros.  Todo esto daría pie a que el próximo presidente, tenga una gran dificultad de dirigir un gobierno civil y democrático, capaz de regresar las facultades a los mandos civiles y poco a poco a las fuerzas armadas a sus cuarteles y funciones constitucionales.

* Luis Ángel Flores López (@AngelFloresDH), es licenciado en Sociología por la UAM Xochimilco, se ha desempeñado en diversas organizaciones de la sociedad civil especializándose en temas de Derechos Humanos y desigualdad en México. Además, ha participado en diversos diplomados en temas de desaparición forzada y fortalecimiento democrático en México.

 

1 Presupuesto de egresos 2022.