La 4T, la añorada gobernanza y la vaquita marina

Llevo más de cinco años escribiendo una versión ligeramente modificada de este artículo. Cada año cumplo mi ritual de escribir una actualización de la situación del Alto Golfo de California (AGC) ante la problemática de pesca ilegal de totoaba y sus afectaciones a la vaquita marina, pero poco ha cambiado desde entonces; todo lo contrario. Se avanza en el deterioro ambiental, social y económico de la región y me parece que el Estado Mexicano –con todas sus instituciones– contribuye primordialmente a este deterioro, en vez de ser el factor de cambio y aspirar a la solución del conflicto.

Desde hace años se habla de la urgente necesidad de tener gobernanza en el AGC, pero en la realidad no se puede ni consolidar una serie de medidas y regulaciones medianamente coherentes que permitan la salvación de esta especie en peligro de extinción, mucho menos implementarlas con cierto grado de eficiencia. Año con año solo nos queda la memoria de otro esfuerzo perdido para el rescate de una especie a la que le quedan menos de 20 especímenes. ¿Qué es lo que falla? ¿Dónde se complica resolver un problema aparentemente sencillo? ¿Qué políticas públicas se necesitan para resolver el tema social, ambiental y económico de la región del AGC? ¿Qué nos falta para tener mayor efectividad en la implementación de políticas de conservación integrales?

Hace apenas un par de semanas, después de dos años de observar el fenómeno, por fin vemos un tímido intento por regular la actividad pesquera en la Reserva de la Biósfera del AGC (puede consultarse el Acuerdo aquí) por parte de este gobierno federal. Pasó el tiempo y tuvo que venir un embargo pesquero regional y mucha presión de la Embajada de EUA para que se lograra articular una serie de medidas de regulación de las artes de pesca, medidas, horarios, zonas de pesca y sitios de desembarco, pero finalmente se logró… ¿Las medidas incluidas son todas las necesarias? No creo. ¿Se podría hacer algo más? Sin duda, pero más que hacer algo más o mejor, el tema es cómo hacerlo bien. Ahí está el quid del asunto, y un gobierno que dice ser del pueblo y mandar para el pueblo, debería, por lo menos, escuchar al pueblo.

En este sentido, la idea más básica de gobernanza implica tres pilares fundamentales para su efectiva implementación: mayor participación y cooperación ciudadana en la toma de decisiones, transparencia de información y rendición de cuentas conjunta; se basa en un sistema más horizontal y no centralizado de la toma de decisiones en políticas públicas. Ahí nace el problema de la mala implementación de decisiones que se toman desde el escritorio, totalmente alejadas de la realidad de las personas afectadas. En esta y otras administraciones pasadas nada ha cambiado en la forma de resolver problemáticas que se arrastran de muchos años atrás. Eso se esperaba de los neoliberales, pero de los cuatrotransformadores se esperaba un poco más de “trabajo de campo”, por decirlo de algún modo.

¿Qué sí hace el acuerdo secretarial recientemente publicado? Darle por su lado a EUA, ya que se aumentaba la amenaza de una ampliación del embargo a los productos pesqueros mexicanos, y que de paso sirva para bajar la presión (al menos por unos meses) de Washington a México. También servirá para que la NOAA –la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica por sus siglas en inglés– en EUA pueda dar buenas noticias a las ONG ambientales que todos los días presionan a su gobierno por tolerar prácticas ilegales de otros gobiernos. El acuerdo básicamente dice lo que EUA quiere oír: que se prohíben permanentemente las redes de enmalle, incluidas las agalleras en toda la región del AGC, que se implementan medidas de monitoreo de embarcaciones, que se prohíbe la navegación nocturna y en las zonas núcleo de la Reserva, entre otras medidas secundarias.

¿Qué le falta? Mayor detalle de cómo se van a implementar varias de las medidas, por ejemplo, los sistemas de monitoreo de las embarcaciones, ya que no todas las pangas de la región lo tienen. Pero tampoco se incluyó una compensación económica para los pescadores legales, medida que sí hubo durante el gobierno de Peña Nieto (y que generó muchos problemas, hay que decirlo). Así como tampoco hay un programa serio de conservación de la vaquita marina. Quizá lo más grave es que, por evitarse el cumplimiento de los protocolos necesarios para la implementación de este tipo de medidas, se excluye a los Cucapás del acuerdo. Es decir, ellos sí pueden pescar ya que se respetan sus derechos ancestrales de pesca, que son parte de sus usos y costumbres. Todo bien ahí, la Constitución los ampara; sin embargo, se abre la puerta para que otras embarcaciones –legales e ilegales– se metan a pescar por la zona Cucapá (lo que se conoce como el delta del río Colorado) o para que se clonen pangas o para rentar permisos o las mil quinientas cosas irregulares que se hacen en estos casos.

¿Y eso qué significa? Que por ahí se va a mantener activa la pesca, de tal suerte que no importa qué diga el Acuerdo, la NOAA, Washington o las ONG ambientales. La pesca ilegal seguirá y la voracidad de los chinos es directamente proporcional a la corrupción de nuestras autoridades. Mientras tanto, la vaquita marina seguirá muriendo en las redes ilegales de los pescadores de totoaba, y los chinos seguirán comiendo sin el menor pudor todo cuanto camina, vuela, nada, se arrastra o ni se mueve; y ese Acuerdo no logrará pararlo.

¿Qué reflexión me queda? Mucho tiempo se ha hablado de la necesidad de fortalecer la gobernanza en el AGC, así como de otras regiones costeras. No obstante, la SEMAR no tiene tanto presupuesto ni elementos para poder cubrir los extensos litorales del país, mucho menos la CONAPESCA, CONANP o PROFEPA; apenas alcanza para un puñado de inspectores y guardaparques por entidad. Así que la gobernanza solo es una aspiración de algunas personas, pero no se puede alcanzar si por lo menos no diseñamos las instituciones adecuadas para que funcionen para la gobernanza; hoy no tenemos esas instituciones que puedan funcionar bajo esos supuestos; no hay apertura para la participación ciudadana, ni una mayor horizontalidad en la toma de decisiones conjunta entre afectados y autoridades, ni acuerdos duraderos, con transparencia y rendición de cuentas, o una visión de resolver problemas de fondo a pesar de su complejidad. Nos hacen falta instituciones para la gobernanza, las actuales no están hechas para eso.

Es necesario dejar de recurrir a las curitas momentáneas para resolver problemas profundos; se requiere sobre todo el deseo de entrarle de lleno a procesos de regeneración de problemáticas sociales, económicas y ambientales complejas y añejas; procesos que no se resuelven en un mes o con un Acuerdo en un papel; se requiere compromiso de autoridades y ciudadanos, trabajando con una visión compartida por el bienestar común. Se necesita una visión distinta para resolver los problemas del país, que implica mayor presencia del Estado y no el desmantelamiento sistemático que estamos viviendo.

Si algo pensamos que iba a cambiar con este gobierno era una mayor apertura en el diseño e implementación de políticas públicas a la incorporación de la participación social en esa toma de decisiones; no ha sido así. Al pueblo no solo se le debe escuchar en las urnas, el ejercicio democrático de gobierno implica un diálogo constante con los distintos grupos; un diálogo que hoy se ha convertido en un monólogo repetitivo.

@rodaxiando