blogeditor · 17 de junio de 2021
La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la semana pasada puso de nueva cuenta en el centro del debate la cuestión laboral en México. Potencialmente el principal desafío del país en el tránsito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) está precisamente en la plena implementación de su capítulo laboral.
Estos desafíos no son del todo nuevos, buena parte de las disposiciones del T-MEC ya formaban parte de los compromisos del país en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y de la reforma laboral de 2017-19, sin embargo, la entrada en vigor del T-MEC refuerza la presión para modernizar las relaciones laborales en un país donde los incentivos para cumplir la normatividad laboral nunca han estado alineados.
Los $130 millones de dólares que el gobierno estadounidense comprometió para la implementación de la reforma laboral en México son una buena noticia únicamente si el gobierno mexicano es capaz de desplegar una estrategia ambiciosa para:
La plena implementación de la reforma tendría un impacto salarial significativo; el reporte de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos sobre el impacto de la implementación del T-MEC estima un incremento de 17 por ciento en los salarios en México por los cambios en la legislación laboral.
En el fondo, la coyuntura actual puede devenir en una ventaja competitiva para México: que el Estado mexicano se comprometa por primera vez con el Estado de derecho en las relaciones laborales.
* Oscar Ocampo (@OscarOcampo) es coordinador de Energía del @imcomx.