Justicia transicional. Vernos en el espejo

En México hemos normalizado la violencia y sus consecuencias. Llevamos años -¿20? ¿40? ¿60?- respirando desapariciones forzadas, feminicidios, torturas, matanzas colectivas, fosas clandestinas, discriminación, narcotráfico, grupos paramilitares, colusión de autoridades, asesinatos por servidores públicos, impunidad… la espiral del horror es interminable. De manera cotidiana la realidad nos muestra su rostro deforme, el rostro de una sociedad enferma. Evitamos vernos en el espejo y encontrar deformada la imagen de nosotros mismos que tenemos idealizada, con lo que nos negamos la oportunidad de iniciar un proceso de sanación.

Otras sociedades se han enfrentado a sus propios reflejos, asumiendo los costos de conocer la verdad, por más aterradora que sea. Con ello buscan hacer justicia, reparar a las víctimas y transformar las dinámicas sociales que provocaron las atrocidades del pasado.

Colombia, no sin resistencias, hoy se mira al espejo. Los acuerdos de paz (2012) celebrados por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que pusieron fin a una guerra interna de más de 50 años, no solo lograron poner un alto al conflicto armado, sino también sentaron las bases para atender las causas que le dieron origen, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la inequidad y pobreza, la violencia política, la ilicitud en el cultivo de drogas y la discriminación estructural que padecen grupos étnicos y sociales.

Los acuerdos, además, reconocieron que en el contexto del conflicto armado se cometieron atrocidades, por lo que las partes pusieron en el centro de la negociación a las víctimas e incluyeron una serie de compromisos para dar forma a un sistema de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición integrado por cuatro componentes: una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CV); la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y las Medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición (MR).

La JEP conoce los delitos más graves -crímenes de lesa humanidad y de guerra- con miras a llevar a la justicia a los máximos responsables de las instituciones del Estado o de los grupos armados. A diferencia de la justicia ordinaria que opera bajo la lógica del caso por caso, lo cual es uno de los factores que produce el enorme saldo de impunidad, la JEP trabaja sobre una metodología de casos a gran escala, lo que implica la compilación de enormes volúmenes de información y la participación de una multiplicidad de víctimas en los procedimientos.

A la fecha la JEP tiene abiertos siete «macro casos» entre los que se encuentra el de los secuestros cometidos por las FARC-EP entre 1993 y 2012 que comprenden más de nueve mil hechos que involucran posiblemente a más de veinte mil víctimas; el caso de los más cuatro mil víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por las fuerzas militares; o el caso del reclutamiento y utilización de niñas y niños (ocho mil casos) en el conflicto armado por las FARC-EP.

La CV busca, por su parte, con el informe que emita al concluir su mandato en 2021, esclarecer los patrones y hechos que constituyen violaciones masivas y graves de derechos humanos e infracciones serias al derecho de la guerra, con miras a determinar responsabilidades colectivas, es decir identificar cual fue el nivel de participación de las autoridades, las FARC y otros grupos en la comisión de esos ilícitos. Contribuye al reconocimiento del impacto que el conflicto armado tuvo en la sociedad, en el funcionamiento de la democracia, en personas que actuaron como combatientes, sus familias y en sus comunidades. Convoca a personas a que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, organizará audiencias temáticas, de situaciones, casos emblemáticos, entre otros, y escuchará a diferentes sectores de la sociedad, particularmente a las víctimas y a quienes hayan participado directamente en el conflicto.

LA UBPD es la entidad encargada de la búsqueda de personas desaparecidas -desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito, desaparecidos durante conflicto- en todo el territorio del país y cuenta en su plantilla de personal con más 500 de personas. Las MR se definirán por un programa administrativo.

El trabajo de este sistema se complementa con las actuaciones regulares de las instituciones penales ordinarias del país, así como con la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la cual desde hace 10 años tiene abierto un examen preliminar en el que valora regularmente si las instancias nacionales competentes están cumpliendo con su obligación primaria de investigar, procesar y castigar los crímenes atroces cometidos en Colombia. Ello implica que en el caso de que no se lleve a la justicia a los más altos responsables el tribunal con sede en La Haya podría iniciar una investigación con miras a que no haya impunidad.

El modelo construido por la sociedad colombiana, que retoma lo mejor de la experiencia internacional y de otros países en materia de justicia (retributiva y restaurativa), verdad y reparaciones, está a prueba y deberá ser evaluado. Lo cierto es que se atrevieron a reconocerse en la imagen del espejo y, al hacerlo, dan pasos a aceptarse en igualdad y respeto.

¿Qué tan lejos estamos en México de mirarnos y reconocernos en esa anomalía que ha generado la tragedia y que nos negamos a ver en el espejo? Sin duda tenemos mucho que aprender de esfuerzos como el colombiano para poner fin a la espiral de violencia por la que atraviesa nuestra sociedad y para que recuperemos la confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Es tiempo de que el Presidente de la República y su partido entiendan que las Fiscalías General de la República y sus correlativas de los estados, no son capaces de contribuir ni al entendimiento de las causas que dieron origen a la violencia, ni cuál ha sido el nivel de involucramiento de agentes del Estado y organizaciones criminales en ella.

Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña que ya no habría más impunidad y que se castigarían a los responsables de los crímenes atroces y violaciones a derechos humanos cometidos, particularmente desde 2006. Después de dos años de aquella promesa debemos tener claro que será imposible que se cumpla en los próximos cuatro, ni siquiera en los siguientes 20: hay más de 70 mil casos de personas desaparecidas, más de 350 mil homicidios la gran mayoría con armas de fuego, más de 30 mil denuncias de tortura y cientos de miles de casos de personas que han sido internamente desplazadas por la fuerza, en muchos de los casos para el apropiamiento ilegal de tierras o propiedades.

El sistema de justicia hace que la tarea sea imposible en el mediano plazo. Fiscalías y jueces, con los pocos casos que lleguen a resolver, serán incapaces de explicar a la sociedad la dimensión sobre del impacto que tendrá la violencia de manera particular y diferenciada a las mujeres y a los pueblos indígenas, en las y los jóvenes, niñas y niños, adultos mayores y un largo etcétera que permea a todos los sectores de nuestro entorno social.

No se trata de copiar los modelos ajenos que responden a realidades particulares, pero sí de entender, identificar y domesticar las buenas prácticas que han dado resultados; no solo para lograr justicia, verdad y reparaciones, sino para garantizar que los crímenes atroces no se vuelvan a cometer. Los procesos de justicia transicional integrales, además, generan un ambiente propicio para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones que, hasta hoy,  en lugar de proteger a los y las ciudadanas, se identifican como los perpetradores de crímenes innombrables.

Los partícipes en el diseño y puesta en marcha de un sistema de justicia son actores de cambio. Políticos, legisladores, organizaciones sociales, víctimas, comunidades, testigos, funcionarios públicos e incluso, con mucha relevancia, perpetradores, ya que el crear y operar una política de justicia transicional reconstruye el tejido social y renueva un pacto social para construir un mejor país; no solo que viva en paz, sino que esa paz también llegue a las víctimas de la violencia mediante la justicia. Una política de justicia de transición bien diseñada podrá contribuir a la construcción de una nueva ética pública, contribuirá a la construcción de la verdad colectiva para que esos hechos no vuelvan a suceder y resarcirá a las víctimas y la sociedad por los agravios producidos.

Atrevámonos a desvelar el espejo y reconocernos en la deformidad de la imagen que nos muestra. Somos eso, decenas de miles de víctimas no nos dejan mentir, somos una sociedad enferma y acostumbrada a que no existan consecuencias de nuestras propias acciones y omisiones.

* Jorge Israel Hernández (@jorgeisraelh) es Periodista, maestro en derechos humanos. José Antonio Guevara Bermúdez (@JoseAGuevaraB) es Académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.