¿Justicia transicional en México?

Por: Lucía Chávez (@LucyWonderful)

El 2 de junio en Brasilia se llevó a cabo el Seminario Internacional contra la Impunidad y el Olvido: Justicia y Archivos, organizado por la Red Latino Americana de Justicia de Transición, donde tuvo participación la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia comparada en diversos países latinoamericanos en materia de justicia de transición.

Está documentada la existencia de conflictos sociales en Iberoamérica que han dejado como saldo un gran número de violaciones graves a derechos humanos: Argentina, Uruguay, Chile, España, Guatemala, Colombia, cobran gran relevancia al hablar de conflictos en regímenes autoritarios o supuestamente democráticos. México no es la excepción.

De ahí la importancia de la justicia transicional; ésta se ha visto como un principio que incluye los diferentes procesos asociados con los intentos de las sociedades por garantizar que, como consecuencia de un conflicto armado, los responsables de graves violaciones a derechos humanos o al derecho internacional humanitario rindan cuentas sobre sus actos.[1]

La justicia transicional ha sido definida de diversas maneras. El concepto generalmente adopta la concepción de la justicia con un elemento de cambio político, que tiene aparejado consecuencias legales y sociales para enfrentar los crímenes del pasado cometidos por regímenes represores anteriores.[2]

Para la definición de justicia transicional adoptaremos lo retomado por el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe sobre justicia transicional de 2004,[3] en el que tras la variedad de definiciones, unifica un concepto para la justicia transicional; primeramente, aborda la noción de justicia, definiéndola como un ideal de responsabilidad y equidad en la protección y reclamación de los derechos y la prevención y el castigo de las infracciones, que impone tener en cuenta además los derechos de las víctimas, del acusado y de la sociedad.[4]

Así, la noción de justicia transicional abarca los procesos y mecanismos nacionales, regionales, universales, jurídicos o no, que tienen que ver con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado autoritario, de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Dichos procesos incluyen, entre otras situaciones: el enjuiciamiento de los responsables de los hechos, el resarcimiento de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional y la investigación de antecedentes.[5]

En el Seminario, la reflexión realizada sobre México llevó a la conclusión que ya todos sabemos: una verdadera carencia de justicia transicional, que se refleja en que hechos atroces de graves violaciones a derechos humanos ocurridos en el pasado estén sin resolver y se vuelvan a repetir.

[contextly_sidebar id=”o7I1tkSiyVmdg8dZoYDaArs6Pl3QNXaC”]Al hablar de los hechos del pasado, concretamente la Guerra Sucia -que tuvo lugar en los años 60’s, 70’s y principios de los 80’s- si nos centramos en el estado de Guerrero, particularmente en Atoyac de Álvarez encontraremos un periodo de la historia de México bastante olvidado, pero que durante él se cometieron graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos: El Estado calificó y persiguió la lucha democrática como acto subversivo. Quienes buscaban un cambio por vías legales –de la gestión, de la participación democrática y del liderazgo social- fueron señalados como subversivos y agitadores, como guerrilleros, fueron perseguidos, muertos, desaparecidos o encarcelados. Por lo que a los movimientos sociales sólo les quedó la vía de la rebelión, provocada por la persecución del Estado, particularmente por cuerpos de seguridad pública y en especial por el ejército.[6]

A raíz de los hechos ocurridos en la época y del caso paradigmático de Rosendo Radilla Pacheco se tienen diversas acciones: desde el año 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación sobre hechos relacionados con la época; a raíz de ello, se creó una fiscalía especial para la investigación de hechos relacionados con delitos de pasado, que funcionó durante 5 años; desde 2009 cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), concretamente el caso Radilla Pacheco; en 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció con relación a esa sentencia de la Corte IDH en un expediente “varios”.

No obstante, no se han dado los supuestos que nos permitan afirmar que el gobierno mexicano agotó esfuerzos, desde todos los ámbitos, para concretar la justicia transicional:

• No se ha enjuiciado a ningún responsable de los hechos, ello a pesar de que la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) reconoció a 788 desaparecidos, 537 en el estado de Guerrero. Falta de acceso a la justicia: adicional a ello la falta de transparencia en las investigaciones penales y el total abuso de los plazos para determinar la averiguación previa han sido un obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas y hacia su resarcimiento ya que parte de las reparaciones consiste en el castigo a los responsables.

• La búsqueda de la verdad de los hechos ha estado limitada por el acceso a la información de los documentos. El informe de la FEMOSPP nunca fue público y sólo se conocen “borradores” de versiones no oficiales. Recientemente, en 2015 se clasificaron como “históricos confidenciales” los archivos de la Guerra Sucia. Ello ha generado un retroceso en cuanto al acceso a la información histórica de los hechos, ya que en un principio las víctimas tenían un acceso total, incluso a documentos que contenían datos personales, posteriormente la información se fue testando y restringiendo hasta la entrada en vigor de la Ley Federal de Archivos que permite la restricción de la información.

• En México no ha existido una verdadera reforma institucional, a pesar de la alternancia de poderes en dos sexenios, no se ha llegado a un cambio de paradigma político-jurídico que garantice instituciones autónomas y democráticas.

Todas estas ausencias se traducen en una amplia simpatía por la impunidad desde diferentes ámbitos de gobierno, de manera puntual:

• Al igual que en los años 60’s, fuerzas armadas realizan tareas de seguridad pública (ahora a más grande escala) antes con el pretexto de reprimir una guerrilla, ahora en la guerra contra el narcotráfico.

• Las fuerzas armadas siguen cometiendo graves violaciones a derechos humanos; tenemos casos de ejecuciones extrajudiciales como el de Tlatlaya en el Estado de México. También se les relaciona con detenciones arbitrarias y tortura, incluso en cuarteles militares, por ejemplo, en el estado de Baja California.

• Al igual que en aquella época, no contamos con una legislación eficaz que sancione violaciones graves a derechos humanos. Es así que entre 2007 y 2014 tenemos 24,851 personas reportadas como desaparecidas según datos oficiales, la PGR ha iniciado 100 investigaciones (averiguaciones previas) sobre desaparición forzada y solamente ha consignado 11 casos, de esos sólo existen 6 sentencias. Sobre tortura, en el mismo periodo, suman 4,055 denuncias y sólo 3 sentencias firmes.

• No existe una verdad sobre las personas muertas, desaparecidas y torturadas, tanto por agentes del Estado, como por integrantes del crimen organizado. Ni un reconocimiento verdadero del conflicto interno en México y seriedad para el análisis oficial de sus graves consecuencias.

En resumen, en México tenemos más de 50 años de impunidad sobre los hechos del pasado y a ello se abonan los conflictos presentes de dimensiones alarmantes en cuanto a violaciones graves a derechos humanos se refiere. Ante ello, hace falta una verdadera suma de voluntades que reconozcan el problema y que permitan dar pasos sólidos hacia la construcción de una justicia transicional para México.

 

 

[1] Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Colombia. Diario Oficial No. 48.096 de 10 de junio de 2011.

[2] Teitel, Ruti G. Genealogía de la Justicia Transicional. Título original Transitional Justice Genealogy. Publicado en Harvard Human Rights Journal. Vol 16. Spring 2003. Cambridge, MA.

[3] Consejo de Seguridad. Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el estado de derecho y la justicia transicional en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. 3 de agosto de 2004, (S/2004/616). Disponible aquí.

[4] Ibídem. Párrafos 7 y 8.

[5] Ibídem. Párrafos 7 y 8.

[6] Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de mayo de 2013. Página 7.