Justicia por igual en un país de desiguales

El sistema de justicia en México está construido sobre la idea de que cualquier persona puede acceder a él. Y ese es uno de sus errores. La justicia se vuelve inaccesible cuando olvidamos que debe servir a una población con desigualdades indolentes. Sobre si los requisitos para acceder a un juicio se diseñaron tomando como parámetro a aquella minoría que puede invertir recursos en abogados, pruebas y otro tipo de diligencias. Y el juicio de amparo no está libre de este problema.

El juicio de amparo no solo es inaccesible por su entrada –la posibilidad de pagar una buena asesoría jurídica-. También los juzgados suelen tramitarlo bajo lecturas rígidas, estrechas y dirigidas a la población con ciertos ingresos. No todos, no siempre, pero es un problema constante de Tijuana a Chetumal. Esto se ve comúnmente cuando se intenta defender el derecho a la vivienda.

No importa el tipo de violación que estemos atendiendo –desalojos, desplazamiento o discriminación en el acceso-, en los casos de vivienda lo primero que exigirá un juzgado es que demuestres que la persona vive en el lugar donde dice vivir. Si bien esto pareciera razonable en principio, el problema aparece cuando exigen que se demuestre a través de un catálogo muy acotado de pruebas, como actas notarizadas o títulos de propiedad, incluso cuando la parte demandada no niega o reconoce que la persona vive ahí.

Esto ocurrió recientemente con las familias del caso Chinamperos de Tlacoapa, las cuales se encuentran en riesgo de desalojo administrativo por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Las dos familias están asentadas desde hace años en una chinampa con permiso verbal de la propietaria del predio. Durante el juicio se presentó copia del título de propiedad de la dueña del inmueble y material audiovisual del lugar. Además, el juzgado rechazó otras pruebas que se ofrecieron, como el testimonio de la propietaria, una fe de hechos ante notario que daba cuenta de la presencia de las personas y sus casas, así como una inspección judicial al lugar. No obstante, el Juzgado decidió desechar la demanda sin analizar el fondo –sobreseyó, como diríamos en lenguaje abogadil- argumentando que las familias no demostraron estar viviendo en la chinampa en la cual viven. Ni siquiera tomó en cuenta que las mismas autoridades demandadas reconocieron en el juicio que las personas están viviendo en esa chinampa.

Estas dos familias de escasos recursos dependientes de la agricultura de sus pequeños huertos y de algunas actividades en la economía informal han constatado que, contrario a lo que dice la Ley de Amparo, no todas las personas pueden acceder a ese juicio. Si no cuentan con un título de propiedad que avale su presencia –porque para algunos juzgados tener es sinónimo de vivir en– su caso no será siquiera atendido.

Este miércoles 8, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si atrae este caso para resolverlo directamente. Quienes acompañamos el caso junto con TECHO México creemos que ésta podría ser no solo una oportunidad para que las dos familias accedan a la justicia, sino también para recordarles a los juzgados de todo el país que trabajan para una población con desigualdades profundas. La defensa judicial de la vivienda no puede limitarse a un tipo de tenencia o a la capacidad económica de las personas. Después de haber presenciado varios casos en los que este obstáculo continúa repitiéndose, creo que es una discusión urgente para la Suprema Corte.

@kalycho