Justicia para Nadia, ¡justicia para todas!

“… Mi papá y ‘Matute’ echaron a mi mamá a la cisterna y ella decía que la sacaran, que la dejaran en paz, entonces la sacaron y la llevaron al baño, mi papá y ‘Matute’ mataron a mi mamá, le pusieron una soga en el cuello y la colgaron. Entonces ‘Matute’ se fue y mi papá se fue,  fui con mis hermanos a la casa de la vecina a pedirle unos cerillos y prender una veladora porque Carlos tenía mucho miedo. La vecina nos preguntó que dónde estaba mi mamá, Y le dije: está en mi casa, muerta…”.

Este es un extracto de la narración de uno de los hijos de Nadia Muciño Márquez, quien fue asesinada el 12 de febrero de 2004, en presencia de sus dos hijos y de su hija, que en aquel entonces tenían 5, 4 y 2 años de edad, respectivamente. El testimonio de los hijos e hija de Nadia identifica claramente a quienes perpetraron el feminicidio. Sin embargo, no fueron escuchados por las autoridades judiciales, por lo que a 17 años de su muerte se puede afirmar que también hubo responsabilidad del Estado mexicano.

El caso de Nadia Muciño es representativo de los miles de casos de mujeres que son asesinadas por sus parejas en México, en particular en el Estado de México, uno de los lugares más violentos e inseguros para las mujeres y las niñas.

Autoridad negligente

Los feminicidios que son cometidos en el ámbito familiar son un claro ejemplo de que este tipo de crímenes se pueden evitar: la mayor parte de víctimas de feminicidios son asesinadas por personas conocidas y en muchísimos casos previo al feminicidio ya habían acudido ante las autoridades a denunciar la violencia que sufrían, a solicitar protección o servicios de atención. Una adecuada evaluación de riesgo y la aplicación eficiente de medidas de protección permitirían evitar la mayor parte de los feminicidios en México, por ello señalamos que el Estado es responsable de gran cantidad de los feminicidios que se cometen en el país aun cuando éstos son perpetrados por particulares.

Nadia Muciño acudió durante los años 2002 y 2003 al Sistema de Protección Integral de la Familia (DIF) y a la entonces Procuraduría General del Estado de México para denunciar la violencia que padecían ella, sus dos hijos e hija, por parte de su pareja sentimental y de la familia de éste. Uno de los eventos de violencia más grave que sufrió Nadia antes de su muerte fue su secuestro durante dos semanas, mismo que su madre reportó como una desaparición. Pese a la gravedad de este hecho, las autoridades no investigaron nada de lo ocurrido, dejando a Nadia y a sus hijos en una situación de desprotección, que derivó en un feminicidio el 12 de febrero de 2004.

A partir del feminicidio de Nadia la vida de la familia Muciño Márquez cambió radicalmente, no sólo por la pérdida de una hija, una madre, una hermana, y la reestructuración que implicó hacerse cargo de sus hijos e hija. La familia de Nadia, especialmente su madre, María Antonia Márquez, emprendió desde 2004 un arduo proceso de búsqueda de justicia ante las negligencias de las autoridades, quienes perdieron evidencias del delito, manipularon peritajes, no resguardaron la escena del crimen e incluso permitieron destrucción de evidencia.

La primera conclusión a la que llegó la Fiscalía del Estado de México en su “investigación” fue que Nadia se había suicidado, ignorando los antecedentes de violencia que existían en contra de ella y los testimonios de sus hijos e hija, pero además la conclusión se sostuvo descalificando a Nadia a través del uso de estereotipos y prejuicios por parte de las autoridades, generando una revictimización y estigmatización hacia su familia.

Frente a la hipótesis del suicidio, María Antonia tuvo que buscar ayuda de profesionales independientes y endeudarse con el banco para poder pagar nuevos peritajes. Las personas familiares de Nadia sufrieron revictimización por parte de las autoridades, quienes les trataban con hostilidad; además, durante el proceso judicial fueron obligadas a carearse con los asesinos y sus testigos.

Debido a los peritajes presentados por María Antonia y a la presión que realizaba en la Fiscalía, en el 2007 se dictó sentencia contra una persona, pero un Tribunal de apelación del Estado de México le liberó en 2010, al determinar que no eran válidos los testimonios de la niña y los niños, ya que: “eran incapaces de diferenciar entre la fantasía y un hecho real”, además de concluir que Nadia se había suicidado.

La lucha de María Antonia no terminó ahí, pues continuó exigiendo justicia y logró la aprehensión de la otra persona implicada en el feminicidio de su hija, y en 2012 el Estado dictó sentencia condenatoria.

Diecisiete años después del feminicidio de su hija, María Antonia continúa luchando por acceder a la verdad, la justicia y la reparación del daño. Ante las fallas e incompetencia del Estado mexicano para investigar y sancionar a las personas responsables del asesinato de Nadia, su madre ha tenido que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la esperanza de que por fin se haga justicia y de que el caso de Nadia y de sus nietos y nieta, se convierta en un precedente en México, que obligue a las autoridades a atender la violencia familiar con la importancia y urgencia que se requiere.

El pasado 27 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre el caso de Nadia, en la cual las autoridades del Gobierno federal y del Estado de México, aceptaron su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que sufrió la propia Nadia, pero también por las cometidas en contra de la familia Muciño Márquez, y ofrecieron garantizar una reparación del daño con la finalidad de concluir el litigio internacional.

¿Qué implica una reparación del daño en el caso de Nadia Muciño?

Primero, es importante dejar claro que el feminicidio de Nadia así como las diversas violaciones a los derechos humanos que se han cometido a partir de la búsqueda de justicia por parte de la familia, no son situaciones aisladas. El caso de Nadia y su familia es representativo de la violencia, discriminación y la negación del acceso a la justicia que sufren cientos de víctimas de violencia de género en el Estado de México.

En el informe de Amnistía Internacional Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, se documentan tres investigaciones penales relacionadas con feminicidios precedidos de desaparición y otra correspondiente a una desaparición que probablemente culminó en feminicidio en el Estado de México. En las primeras se incluye el de Nadia Muciño Márquez. El informe identifica tres grupos de deficiencias en estas investigaciones:

1. En las investigaciones, las personas servidoras públicas pierden evidencias relacionadas con los hechos. La pérdida de evidencia sucede en general por tres motivos: a) las autoridades no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; b) no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y c) no realizan, o no realizan a tiempo, algunas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.
2. Las autoridades no investigan de forma suficiente. No siempre se examinan todas las líneas de investigación posibles en cada caso.
3. La perspectiva de género no se aplica correctamente. Amnistía Internacional ha documentado que en ocasiones las diligencias no se realizan tal y como establecen los distintos protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres. Ello provoca la pérdida de evidencias que en muchas ocasiones son determinantes para acreditar el tipo penal del feminicidio. Adicionalmente, hay casos en los que las líneas de investigación tampoco se diseñan desde una perspectiva de género. Ello hace que a veces se investiguen como suicidio casos que son feminicidios o que no se consideren sospechosas personas del entorno de la víctima que deberían ser investigadas. Por último, la falta de perspectiva de género se observa en el uso de estereotipos y la culpabilización de las víctimas.

Estas deficiencias derivan en consecuencias directas para las familias de las víctimas de feminicidios. Amnistía Internacional ha documentado que:

1. Buscar justicia requiere tiempo y es costoso económica y emocionalmente. Debido a las deficiencias que presentan las investigaciones, frecuentemente las familias se convierten en el principal motor de la investigación, lo cual requiere su presencia de forma recurrente en las oficinas de la Fiscalía y otras instituciones, y lugares relacionados con el caso, por ejemplo, para realizar tareas de búsqueda. Todo ello hace que muchas familias pierdan o dejen sus trabajos porque necesitan ese tiempo para ocuparse de la investigación y se enfrenten a serios problemas económicos, que afectan su estado de salud y la posibilidad de seguir enfrentando los gastos derivados de la investigación.
2. Buscar justicia es peligroso. Por un lado, algunas familias son amenazadas por parte de los responsables del feminicidio de sus hijas, madres o hermanas. A pesar de que hay familias que piden protección a las autoridades, esta suele ser insuficiente, provocando que algunas familias se vean en la obligación de desplazarse a otros lugares. Por otro lado, en ocasiones las propias autoridades amenazan y acosan a las familias. Las amenazas toman la forma de “advertencias” de que “no hagan mucho ruido”, es decir, que no se quejen sobre la investigación ni llamen la atención de sus superiores. Adicionalmente, en todos los casos sin excepción, las familias manifestaron haber recibido un mal trato por parte de algunas personas servidoras públicas, lo cual constituye violencia institucional.

Por todo lo anterior, es indispensable que las medidas de reparación del daño que se propongan por parte del Estado mexicano para el caso de Nadia consideren acciones que garanticen la no repetición de los hechos; es decir, medidas de política pública que garanticen la prevención de casos como el de Nadia.

Segundo, las medidas de reparación tienen que incluir el componente de acceso a la verdad y a la justicia. La madre de Nadia exige que haya un nuevo juicio que permita corregir la actuación irregular de las autoridades judiciales que permitieron la liberación de una de las personas involucradas en el feminicidio. Como se ha señalado, en este proceso se usaron estereotipos de género y prejuicios sobre la niñez, por lo que no se respetaron los derechos de las víctimas. Esta medida resulta ser un reto para el sistema jurídico mexicano, ya que implica ir contra un principio conocido como Non bis in ídem, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

El componente de justicia también implica investigar y sancionar a las autoridades que cometieron omisiones en la investigación del feminicidio de Nadia. La familia presentó denuncias públicas y formales contra personas magistradas, juezas, peritas, fiscales y policías, pero ninguna prosperó. Cabe recordar que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del feminicidio de Karla Pontigo, señala que la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí debe investigar y sancionar a todas las autoridades, hasta el más alto nivel, que cometieron omisiones en la investigación de la muerte violenta de Karla, lo que constituye un antecedente a tomar en cuenta por la autoridad mexiquense.

En 17 años el Estado mexicano no ha garantizado justicia a través del enjuiciamiento y sanción de los responsables; tampoco ha brindado atención psicológica ni ningún tipo de apoyo social a los hijos e hija de Nadia, ni al resto de su familia; quienes al igual que miles de personas víctimas de la violencia continúan viviendo en el Estado de México que es en sí mismo, una condición de riesgo para cientos de niñas y mujeres que viven y transitan por aquella violenta entidad.

La aceptación de responsabilidad del Estado mexicano en el caso de Nadia Muciño es una posición congruente que abre esperanza a la familia; no obstante, es necesario que las autoridades pasen del discurso y la aceptación pública a acciones concretas para brindar una reparación integral y transformadora de la violencia estructural que viven miles de mujeres en el país, particularmente en el Estado de México.

En consecuencia, para María Antonia la vela de esperanza continúa encendida: espera que la CIDH continúe con el trámite y lleve a juicio al Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), a través de una sentencia, tiene la oportunidad de recordarle a México que la violencia contra las mujeres, en particular la que viven en el ámbito familiar, es una violación a los derechos humanos; que los feminicidios que se presentan en un contexto de violencia familiar pueden ser evitados; además de ordenarle medidas que se traduzcan en acceso a verdad y justicia para Nadia y su familia. Después de 17 años, María Antonia y sus nietos tienen derecho a elaborar el duelo y reconstruir su proyecto de vida.

* Karla Michelle Salas (@accion_dh) es abogada feminista, Directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @AIMexico.